Por primera vez en un posconflicto se crea un mecanismo tripartito de verificación en el que participen las partes (Farc-Ep y el gobierno colombiano) y el componente internacional (Naciones Unidas). Este mecanismo innovador, que ayuda a generar confianza y resolver conflictos en momentos claves, puede servir de ejemplo más allá del proceso colombiano, escribe Juana García.
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El punto sobre el fin del conflicto del acuerdo de La Habana establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las Farc-Ep. Incluye un cronograma para la dejación de armas que tendrán que ser entregadas a Naciones Unidas en 180 días, rol que ha desempeñado en otras etapas de posconflicto. El acuerdo incluye también las disposiciones para el cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades, el cual será monitoreado a través de un mecanismo tripartito. Ese mecanismo, compuesto por Naciones Unidas, el gobierno colombiano (a través de las Fuerzas Militares) y las Farc-Ep, es un método innovador que nunca antes ha sido utilizado. Qué implica un mecanismo de este tipo en una etapa posconflicto? Cómo un mecanismo tripartito puede beneficiar el proceso?
Naciones Unidas ha estado presente en Colombia por varias décadas a través de sus Agencias, Fondos y Programas, quienes como organismos internacionales han apoyado a Colombia a través de cooperación internacional en proyectos para eliminar las causas y aliviar las consecuencias del conflicto armado colombiano. Adicionalmente la ONU lidera uno de los cinco Fondos Fiduciarios creados para apoyar la etapa de construcción de paz y la implementación de los acuerdos. El Fondo de la ONU, que ya ha recibido recursos de algunos de sus programas y países, actuará en el corto plazo, en los primeros meses y años de la construcción de paz en Colombia.
En el marco del fin del conflicto colombiano, Naciones Unidas a través de una Misión Política tiene entonces dos roles adicionales por solicitud del gobierno de Colombia y de las Farc-Ep y con un alcance muy concreto en esa etapa del proceso. A diferencia de otros procesos de transición y posconflicto, no es una misión de operaciones de mantenimiento de paz, ni de cascos azules y no tiene personal armado ni funciones de seguridad. El rol de la misión política en el posconflicto colombiano se limita a la verificación de la entrega de armas y a la coordinación del Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación, que la hace particular al mantener un relacionamiento con actores nacionales. Es la primera vez que en un posconflicto se crea un mecanismo tripartito de verificación en el que participen las partes y el componente internacional.
El 19 de enero de 2016, el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep enviaron un comunicado conjunto solicitando al Consejo de Seguridad el establecimiento de una misión política, integrada por observadores internacionales no armados y un grupo de civiles, conformado en su mayoría por países de CELAC. El 25 de enero de 2016, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 2261 que estableció una misión política de esa índole, para monitorear y verificar el cese al fuego bilateral y definitivo conjuntamente con las dos partes, y de manera exclusiva verificar la dejación de las armas.
La misión política inició el 27 de septiembre de 2016, un día después de la firma del primer acuerdo de paz. También, a fines de septiembre, se estableció en Bogotá el Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación con la participación de observadores del Gobierno y de las Farc-Ep. Sin embargo, el resultado del plebiscito en el que fue rechazado por voto popular el acuerdo logrado, desaceleró las actividades oficiales de monitoreo y verificación de la Misión, dado que el acuerdo firmado en septiembre no entró en vigor. El 13 de octubre se definió un protocolo transitorio para el monitoreo y verificación de las Farc-Ep en puntos de preagrupamiento. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación reinició sus actividades el 7 de noviembre, a raíz de la carta de fecha 31 de octubre de 2016 del Presidente del Consejo de Seguridad (S/2016/923).
Luego de los cambios en el acuerdo donde se incorporaron gran parte de las solicitudes de los representantes del No, éste fue refrendado en el Congreso. Las partes acordaron que el 1 de diciembre de 2016 se consideraría el “Día D”, el día en que empezarían a aplicarse las medidas adoptadas por el Gobierno y las Farc para agrupar a los combatientes y las milicias de las FARC en las zonas veredales transitorias de normalización y transición donde dejarían las armas y empezarían a contar los 180 días disponibles para este proceso.
Los casi 7000 miembros de las Farc-Ep lograron llegar a sus campamentos en las zonas veredales a finales del mes de enero, y a partir del 1 de marzo se inició el registro de armas por parte de la ONU. La dejación de armas ha seguido los estándares internacionales que estaban contemplados en el acuerdo: registro e identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recepción y almacenamiento, inhabilitación y retiro de los campamentos. A finales de marzo se terminó el registro, que por información de la ONU, arroja un estimado de un arma por combatiente, un promedio mejor que en procesos pasados donde la entrega de armas fue inferior al número de combatientes. De manera paralela, se están identificando las armas en caletas, arsenales enterrados en la selva que serán destruidos en el sitio. A pesar de las dificultades en la adecuación de varios de los campamentos de las zonas veredales, el cronograma de los 180 días se mantiene y así lo han reiterado las dos partes.
Para un funcionamiento más detallado el Mecanismo tiene tres niveles: una sede en Bogotá que es la Coordinación Nacional, 8 sedes regionales y 26 sedes de monitoreo local (19 ZVTN zonas veredales de transición y normalización y 7 puntos de ubicación de campamentos). En cada una de las estructuras se replica la composición tripartita desde el nivel nacional. La Misión de la ONU también cuenta con oficinas a nivel nacional y regional.
El Mecanismo tripartito ha contribuido a la generación de confianza entre las partes y entre la sociedad civil sobre el cumplimiento de los compromisos, resolverá conflictos y evitará que escalen cuando se produzcan incidentes y podrá encontrar mecanismos y modalidades para reducir la probabilidad de futuros incidentes. Así como la experiencia evidencia que los primeros 18 meses son los más frágiles, tener un mecanismo en el que se mantenga la confianza entre las partes y encuentre formas de resolver conflictos, puede ser una forma de sortear mejor esos meses de riesgo.
A pesar de eso, se encuentran algunas dificultades operativas y logísticas del Mecanismo tripartito como la distancia de las zonas veredales, la desarticulación entre las instituciones colombianas y el desgaste del proceso burocrático de completar informes. El gran reto para el gobierno colombiano y las Farc, será el acatar las recomendaciones y señalamientos cuando se incumplan los compromisos por alguna de las partes y para la ONU limitar las recomendaciones y señalamientos al alcance de la Misión.
Esas dificultades en la primera etapa de implementación de los acuerdos para el fin del conflicto, en la que la ONU tiene un rol especial, suscitan preocupación sobre la implementación a futuro. Las dificultades logísticas y de adecuación de los campamentos, que han retrasado parte del cronograma de la dejación de armas, parecen indicar una falta de capacidad del Estado para llegar a las que han sido zonas de conflicto, mientras el despliegue del Estado será parte fundamental para la implementación de los acuerdos. Más allá de la dejación de armas, la etapa de la reincorporación de los miembros de las Farc requiere una claridad que al día de hoy no existe acerca de cómo será ese proceso, ya que su reincorporación será distinta a otros procesos donde el país ya tiene experiencia. La experiencia previa muestra procesos centrados en el individuo y en su reintegración socio-económica y la reincorporación de las Farc será colectiva y además en búsqueda de una reintegración tanto socio-económica como política.
La Misión actual como está establecida irá hasta septiembre de este año. El Mecanismo tripartito y la dejación de armas, que son procesos ligados a las zonas veredales, son sometidos al cronograma de los 180 días, que termina a finales de mayo. Aunque en el acuerdo haya contemplada otra Misión para verificar la reincorporación de las Farc y la seguridad de las comunidades, entre otros, aún no está solicitada por Gobierno y Farc. Sin embargo, está claro que a pesar de las dificultades, el Mecanismo tripartito ha contribuido a la generación de confianza entre las partes. Tener la posibilidad de resolver conflictos en la etapa más frágil del posconflicto puede ser una apuesta interesante de buena práctica para extender en el tiempo y que podrá ser aplicada a situaciones análogas en todo el mundo.
Notas:
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