La habilidad de conducir elecciones libres y justas enfrenta un riesgo inmediato, sobre todo en situaciones polarizadas. Las elecciones en América Latina presentan una oportunidad para explorar pilotos que vigilen los nuevos fenómenos digitales y armonizar tecnología, democracia y ciudadanía, escribe Renata Ávila (Ciudadano Inteligente).

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Los pilares para unas elecciones libres y justas son la transparencia, la igualdad y honestidad de las campañas electorales, además del acceso a la información oportuna, que permita a los votantes tomar una decisión informada en el momento del voto, y llevar a cabo una fiscalización ciudadana constante, más allá de períodos electorales.

Estos pilares están plasmados en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y son la guía tanto de organismos de gestión de elecciones como de los observadores de los procesos electorales.

La observación electoral tiene que abarcar los elementos digitales de los procesos de hoy (Cancillería del PerúCC BY-SA 2.0)

Sin embargo, la normativa y práctica de estas instituciones está perdiendo efectividad para enfrentar los problemas de las campañas y procesos electorales de hoy, especialmente los elementos digitales de los mismos.

Con reglas conservadoras, literales, redactadas en la más pura tradición positivista, los acelerados desarrollos tecno-sociales están dejando a los custodios y observadores de elecciones con más preguntas que respuestas, sin herramientas para ejercer su labor reguladora y fiscalizadora de los procesos garantes de las elecciones y con vacíos sancionatorios ante fenómenos alarmantes, que van más allá de una sola plataforma (Facebook), causando disrupciones en los votantes.

Ni letreros, ni pautas en radio y televisión: esto es diferente

Contabilizar la campaña electoral física y rendir cuentas sobre la misma es ya una tarea difícil. Complicaciones de acceso geográfico, gastos ocultos y gastos informales plagan las campañas electorales. Las autoridades electorales han desarrollado reglas claras y precisas para los gastos electorales de ayer, así como para evitar el desarrollo de campañas anticipadas, que funcionan más o menos bien.

La situación se complica considerablemente cuando la campaña y sus elementos son digitales, descentralizados y personalizados. Hoy, el desarrollo de campaña y la mayor inversión – que garantiza resultados superiores respecto de los rivales – se hace ex ante. Aquel partido o candidato que puede pagar, invertirá con antelación en sofisticadas bases de datos y plataformas de marketing político que les permitirán utilizar las redes sociales de manera mucho más efectiva que sus competidores. La inversión es aún mayor para aquellos partidos en contextos políticos polarizados, donde un giro de 1% puede hacer la diferencia.

Geolocalización de mensajes, perfiles de consumo por ubicación geográfica, perfiles psicométricos que se inclinan a ciertas promesas electorales, factores de edad, clase, hábitos, toda esa información puede ser adquirida y transformada en las más efectivas campañas para los votantes. Y son gastos cuya obligatoriedad de reporte está aún en un área gris.

El modelado de datos sofisticados, previo al despegue de una campaña electoral y durante la misma, puede ser el factor definitivo para aquellos partidos en contextos políticos polarizados, donde un giro de uno por ciento puede hacer la diferencia. El problema se extiende, además, a aspectos relacionados con el comercio de datos personales y la privacidad.

Existe un abuso reiterado de recolección y análisis de grandes bases de datos (big data) de los votantes latinoamericanos. La pregunta es si debemos demandar una coordinación entre las autoridades de protección de datos (en aquellos países donde las hay), las Comisiones de Derechos Humanos y las autoridades electorales, para pedir así a los partidos políticos un detalle de todos los datos e infraestructura digital usados en las campañas. Es un requerimiento que parece cada vez más necesario para que las contiendas electorales sean justas.

Los vínculos en las redes sociales pueden influir en el acceso libre a información del proceso electoral (Chris MooreCC BY 2.0)

Información desigual sobre las campañas

Las nuevas tecnologías también presentan un reto para la transparencia y el acceso libre a información del proceso electoral. Un importante número de votantes recibe la información únicamente a través de redes sociales, sin comprender el proceso de filtración y curación de contenidos que las mismas ejecutan automáticamente, sin que podamos entender la lógica detrás de dicha distribución. ¿Cómo medir o probar que una el algoritmo de una red social está privilegiando cierto contenido o candidato sobre otro?

Las plataformas de redes sociales son cajas negras, con algoritmos complejos y protegidos por secretos industriales que dictan su comportamiento. No están sujetas a las antiguas reglas de ética y electorales que aplican a los periodistas y a los medios tradicionales de información y comunicación. Por ejemplo, no se puede asegurar que no violan las prohibiciones de distribución de ciertos contenidos previamente a la votación, una restricción temporal a la libre circulación de información plasmada en casi todas las legislaciones electorales latinoamericanas.

Con la posibilidad que ofrecen de mensajes segmentados y dirigidos a ciertas audiencias, los votantes recibirán el plan de gobierno y promesas electorales a su medida. ¿Es tanto o más preocupante esto que cuando los espacios ofrecidos a partidos en radio y televisión no eran distribuidos equitativamente? ¿Qué implicaciones tendrá para el voto informado?

Así también, la parcialidad de los medios escritos, radiales y televisivos y la cobertura de un candidato pueden medirse objetivamente, pero la distribución y preferencia en la misma de las noticias a través de las redes sociales es aún un problema sin resolver. Dos votantes con perfiles casi idénticos tienen dietas mediáticas muy distintas, dos personas muy distintas tienen lecturas muy diferentes de idénticas situaciones políticas, como el proyecto Facebook Tracking Exposed demostró respecto de las elecciones de Francia. ¿Puede haber diálogo democrático si el contenido que recibimos sobre lo que nos rodea está constantemente reafirmando nuestras posturas y no leemos al otro lado?

Suprimir votos, manipular votantes desde campañas externas y anónimas

Respecto de la honestidad de las elecciones, hay varios fenómenos importantes a considerar. La censura inversa a través de la inundación de información confusa en las redes y ataques ejecutados por bots políticos, un caso frecuente en México y que rápidamente se extiende por toda la región latinoamericana.

Se calcula que existen 48 millones de bots en Twitter y otros muchos en Facebook que debilitan voces críticas independientes, ahogan reclamos legítimos y prácticamente desaparecen del mapa de las redes sociales a los partidos pequeños.

Los medios sociales pueden tener efectos positivos y negativos para la democracia (detalle de European ParliamentCC BY-NC-ND 2.0)

La práctica regional más simple y barata, tanto desde el oficialismo como desde partidos o hasta grupos de presión, es la de los “Net Centers”. Estos ofrecen el servicio de personas que, pagadas, promueven campañas políticas, defienden al gobierno de turno (como en el caso de Guatemala) y aún diseñan campañas de desprestigio a través de redes sociales, usando las tácticas ya descritas y amplificando mensajes – muchas veces sin fundamento – a través de las redes, sepultando así bajo la avalancha de desinformación el discurso legítimo de los ciudadanos, a cambio de un cheque de pago.

“Manejo de imagen en red”, le llaman. El problema central es cómo atacar estos problemas emergentes y a la vez respetar el derecho al anonimato, la libertad de expresión y la prohibición a la censura previa, que, combinado con la poca rendición de cuentas de la empresa privada, vuelven a estos negocios en fuertes inescrutables.

Además, el tema de la injerencia de poderes paralelos, o de otros gobiernos en una elección muy polarizada, puede llevarse a cabo en total opacidad, por cualquiera que puede pagarlo o que tenga acceso a los datos personales de los votantes. El acceso a datos sensibles que tienen organizaciones como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a través del programa PRISM y que reveló Edward Snowden, combinados con la estrecha colaboración que tienen compañías como Facebook o Twitter con el Departamento de Estado y Departamento de Defensa, haría posible nuevas interferencias a la democracia, de manera casi imperceptible.

Pero, con la relajada ciberseguridad de las autoridades de datos mismas, que cada año filtra millones de datos de votantes, combinado con la industria de data brokers que ya existe, no es lejana la posibilidad de que carteles o grupos paralelos puedan favorecerse de dichas técnicas de manipulación y predicción de colectivos. Ante ese panorama, las revelaciones sobre las acciones de Cambridge Analytica se quedan cortas. ¿Cómo proteger entonces los procesos esenciales para la democracia?

Una nueva era de observación electoral, nuevos mecanismos de participación democrática

La habilidad de conducir elecciones libres y justas enfrenta un nuevo e inmediato riesgo, que no es único de la región. Esta amenaza llega en situaciones electorales polarizadas. Y existen dos caminos a tomar: o bien no se actúa, y se corre el riesgo de crisis que debilite la confianza y credibilidad de los procesos electorales, o bien se toman acciones de inmediato para adoptar buenas prácticas en el tema.

Las misiones electorales próximas ya no pueden ignorar la necesaria auditoría y vigilancia de las nuevas tecnologías en las elecciones, y no puede limitarse únicamente a aquellas auditorías superficiales de la transmisión de datos de los resultados electorales. Estamos ante fenómenos más complejos y cuyos actores escapan las jurisdicciones nacionales. Las plataformas controladas por los gigantes tecnológicos basados en California están al centro y confrontadas con aspectos esencialmente de interés público nacional.

Propuesta: un laboratorio de estudio de prácticas electorales digitales

Este artículo deja muchas interrogantes sin respuesta y responder a lo planteado, con pocos datos e investigación al respecto, sería irresponsable y precipitado. Debemos observar estos fenómenos desde lo local y analizar críticamente, tomando en cuenta los contextos políticos, sociales y culturales de nuestros países.

Las próximas elecciones en la región presentan una oportunidad para ello, para explorar pilotos que vigilen los fenómenos antes descritos y colocar a Latinoamérica a la vanguardia, armonizando tecnología, democracia y ciudadanía, combinando las estructuras usuales de monitoreo y observación electoral.

Debemos desarrollar metodologías compartidas e identificar fenómenos repetidos o novedosos que utilicen las nuevas tecnologías combinadas con viejas técnicas, tratando de vulnerar los procesos electorales.

Colaborar de cerca con las autoridades electorales y los observatorios del voto, organizaciones que velan por los derechos digitales, la libertad de expresión, la privacidad y la educación cívica permitirá la formulación de propuestas informadas para hacer frente a estos cambios acelerados.

Detectar y observar las nuevas prácticas permitirá probar distintas medidas técnicas, de políticas públicas y de reglas electorales y de privacidad que permitirán defender y avanzar los derechos de los ciudadanos. Combinemos esfuerzos.

Para participar en este laboratorio, escribe a elecciones@digitalcolonialism.org

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Este artículo fue publicado por Oficina Antivigilancia bajo una licencia Creative Commons BY 3.0
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Renata Ávila – Ciudadano Inteligente
Renata Ávila es abogada internacional de derechos humanos y experta en derechos digitales. Es Directora Ejecutiva de Ciudadano Inteligente, una ONG que busca fortalecer la democracia y reducir la desigualdad en América Latina, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana a través del uso innovador de las tecnologías de la información. Ávila es también miembro de la junta de Creative Commons y consejera de la Courage Foundation, que ayuda a denunciantes e informantes en riesgo.  Es coautora de Women, Whistleblowing Wikileaks (OR Books, 2018) y prepara actualmente un libro sobre el Colonialismo Digital.

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