El reto principal para el nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será abordar las causas fundamentales de la inseguridad y la violencia en el país. Esto significa que tendrá que crear inclusión y estabilidad de forma sostenible y hacerlo de tal forma que no ponga en riesgo los logros de gobiernos anteriores en términos de estabilidad financiera, comercio e inversión. Por Graciana del Castillo (CUNY).

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En medio de niveles récord de crimen y violencia, los mexicanos eligieron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como su próximo presidente. Según cifras oficiales, en vísperas de las elecciones una persona era asesinada cada 15 minutos, con lo que el país superaría este año el pico histórico funesto del 2017 de más de 31,000 homicidios. Contrariamente a Colombia o algunos de los países centroamericanos – excepto en el caso aislado de Chiapas y el movimiento zapatista en la década de 1990 – la violencia de México no es de naturaleza política. Está principalmente relacionada con la economía ilícita o clandestina.

Lo nuevo en la propuesta de AMLO fue prometer abordar la inseguridad de manera frontal a través de un enfoque más integrado y no simplemente a través del uso de la fuerza bruta, como lo hicieron sus predecesores. Pero ¿funcionará?

AMLO prometió alejarse del enfoque militar de Calderón y Peña Nieto (Eneas de TroyaCC BY 2.0)

Un enfoque integrado a la paz, la estabilidad y la prosperidad para todos

Para AMLO, el gran desafío es reactivar la creación de empleos y el crecimiento de manera inclusiva en la economía lícita. Para ello, tendrá que mejorar la creación de empleo para los jóvenes, especialmente en los estados del sur, donde las tasas de pobreza a menudo alcanzan el 70%.

La seguridad puede bien ser una condición previa para la transformación económica en esfuerzos para crear una economía más dinámica, justa y sostenible. Al mismo tiempo, el desafío de paz y seguridad de AMLO seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que adopte reformas políticas para mejorar las prácticas democráticas y los derechos humanos y para reducir la corrupción y la impunidad. Tendrá también que promover la reestructuración social para mejorar la prestación de servicios básicos y el desarrollo humano, y para incorporar a la sociedad y a la economía productiva legal a todos aquéllos que actualmente practican actividades ilícitas en la economía clandestina.

Si bien la seguridad puede ser una condición previa para el éxito de la transición general hacia una sociedad más inclusiva y menos violenta, como afirman muchos expertos, la reforma política y la transformación socioeconómica a su vez afectarán las condiciones de violencia y seguridad en el país. Por lo tanto, existe una “causalidad bidireccional”, es decir, la causalidad va en ambas direcciones.

Este término alude al hecho de que los efectos funcionan de múltiples maneras: las reformas políticas y socioeconómicas pueden resultar inútiles sin seguridad, pero la seguridad no echará raíces sin progreso en esas otras áreas.

Dado que hay pruebas que la causalidad bidireccional en un enfoque integrado es crítico para una transición exitosa hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad para todos, no es sorprendente que tratar de resolver los problemas de seguridad puramente por la fuerza, como lo hicieron los presidentes Calderón y Peña Nieto, haya llevado a un gran deterioro de la seguridad en México a partir del 2006.

Para cumplir sus promesas de campaña, el desafío abrumador para AMLO, cuando empiece su sexenio a partir del 1 de diciembre, será abordar las causas fundamentales de la inseguridad y la violencia en el país.

Esto significa que tendrá que crear inclusión y estabilidad de forma sostenible y hacerlo de tal forma que no ponga en riesgo los logros de gobiernos anteriores en términos de estabilidad financiera, comercio e inversión.

Para esto, AMLO tendrá que establecer la seguridad pública y erradicar la corrupción en las fuerzas armadas, así como en la policía que es notoriamente corrupta en México. Al mismo tiempo, deberá también mejorar la gobernabilidad a nivel federal y estatal. Tanto las fuerzas nacionales como las estatales deberán ser más efectivas y transparentes, y deberán respetar el estado de derecho y los derechos humanos y de propiedad. AMLO deberá asegurarse que su mensaje ayude en forma consistente a restablecer la cohesión social en la sociedad mexicana en lugar de agudizar sus divisiones.

Por último, pero no por ello menos importante, AMLO deberá transformar la producción económica de modo que permita a todas las personas – incluidos los jóvenes y los que carecen de educación – tener empleos y ganarse la vida en forma digna y legal.

Evitar la presunción de que será “desarrollo normal”

El hecho de que la transformación económica en México para hacer que la economía sea más dinámica, inclusiva y equitativa se llevará a cabo inicialmente en medio de altos niveles de inseguridad, corrupción, impunidad e injusticia, y no independientemente de ellos, hará que dicha transformación sea fundamentalmente distinta del “desarrollo normal”.

Abordar estos problemas siempre tiene implicaciones financieras que no necesariamente coincidirán con los objetivos puramente económicos y a menudo competirán con ellos por escasos recursos. La experiencia de las últimas dos décadas ha demostrado que los países altamente inseguros no pueden avanzar hacia el desarrollo normal y sostenible de largo plazo a menos que se comprometan primero a la “economía de la estabilidad” – una fase intermedia y distinta que debe apuntar a reactivar la economía y al mismo tiempo minimizar el alto riesgo de recaer en el caos.

La reactivación de la inversión, el empleo y el crecimiento en un entorno inclusivo y de mejora de la seguridad requiere por lo tanto que el país avance por el siguiente camino:

La “economía de la estabilidad,” que se enfoca en estabilizar la seguridad y no la economía, será particularmente desafiante. Esta fase requerirá alejarse de la “economía del caos,” caracterizada por una economía clandestina de actividades ilícitas y de búsqueda de rentas que prosperan en situaciones inestables. Esta fase también requerirá superar los intereses de los spoilers (aquéllos que prosperan durante el caos y por lo tanto se oponen a la estabilidad), incluyendo el crimen organizado y otras organizaciones delictivas. Estos grupos tienen en común una participación económica importante en la producción y el tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros, la extorsión y las muchas otras actividades lucrativas pero ilícitas que prosperan en situaciones de caos, corrupción, impunidad y mala gobernabilidad.

Esta fase intermedia es necesaria antes de que México pueda participar plenamente en la “economía del desarrollo,” es decir, en el desarrollo normal o de largo plazo donde el gobierno deberá enfocarse en políticas económicas óptimas utilizadas en países que carecen de alta inseguridad o caos. A menos que la “economía de la paz” tenga éxito, el desarrollo inevitablemente fracasará, como ha pasado en México hasta ahora. No puede haber desarrollo sostenible si el país mantiene sus actuales niveles de inseguridad y violencia.

Las políticas económicas de desarrollo normal de los gobiernos anteriores – como si la crisis de inseguridad no existiera – no han permitido mejorar los niveles socioeconómicos de vida ni la capacidad institucional y humana del país. Eso a llevado a que grandes segmentos de la población no puedan acceder a la mayoría de las oportunidades de empleo existentes en el país y permanezcan en la pobreza.

El apoyo a la agricultura ayuda a los que no logran entrar en los sectores de manufactura y servicios (PresidenciaRDCC BY-NC-ND 2.0)

Por lo tanto, la propuesta de AMLO de apoyar al sector agrícola puede no ser una política óptima desde el punto de vista puramente económico y financiero, pero – con suficiente apoyo financiero y técnico del gobierno – se podría lograr un nivel de vida más justo y un mayor ingreso a una gran cantidad de personas. Sobre todo, ayudaría a aquéllas que carecen de las capacidades necesarias para obtener empleos en otras actividades lícitas en los sectores de manufactura o servicios.

El plan de paz y seguridad de AMLO

Un elemento llamativo y controversial del plan de AMLO es la creación de una Guardia Nacional. Contrariamente a lo que pasa ahora, la seguridad ya no estará a cargo de la corrupta Policía Federal sino de la Guardia Nacional que inicialmente será parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y actuará como una fuerza adicional a las fuerzas armadas. En una primera etapa, la Guardia Nacional será integrada por miembros seleccionados de la policía militar, naval y federal (algunos de los cuales podrán unirse mediante amnistía condicional). Esta Guardia será un elemento clave para estabilizar el país mediante la pacificación a través del desarme de organizaciones criminales – conjuntamente con un proceso de justicia transicional que garantice los derechos de las víctimas.

Los otros siete pilares del plan contra la inseguridad que le darán un rostro nuevo incluyen: controles estrictos sobre la corrupción; proyectos de desarrollo para reducir la pobreza mediante mejoras en el empleo, la educación y la salud; mayor respeto por los derechos humanos; un pacto moral para mejorar las relaciones entre los ciudadanos y un nuevo Estado frugal, honesto e inclusivo; una reorientación de los recursos para la lucha contra las drogas hacia programas de reintegración y desintoxicación; mejores condiciones de vida, incluso en las cárceles, para promover la reintegración social; y la búsqueda de una cultura de paz y transparencia dentro de las fuerzas de seguridad, en oposición a la cultura represiva y corrupta que se mantuvo durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Cuanto más éxito logre AMLO con este plan, más pronto podrá el gobierno mexicano dejar de actuar como agente de reclutamiento para el crimen organizado y los narcotraficantes. Dichos grupos han sido capaces de reclutar fácilmente para sus grupos proporcionando trabajos y servicios a los muchos que no tienen acceso a ellos debido a fallas económicas y de otra índole del gobierno.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
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Graciana del Castillo – City University of New York
Graciana del Castillo es investigadora principal del Instituto Ralph Bunche para Estudios Internacionales y miembro del prestigioso Council on Foreign Relations. Con doctorado en economía de la Universidad de Columbia, fue investigadora principal, profesora a tiempo parcial y directora asociada del Centro para el Capitalismo y la Sociedad de esa universidad. Como directora de calificaciones soberanas para América Latina en Standard & Poor’s, la Dra. del Castillo lideró la mejora crediticia de México a grado de inversión en 2002. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas económicas y políticas y es autora de Obstacles to Peacebuilding (Routledge, 2017), Guilty Party: The International Community in Afghanistan (X-Libris, 2ª edición 2016) y

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