De acuerdo con la última encuesta, cada hora 16 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en Colombia durante 2010-2015; el mismo periodo en el que se desarrollaron las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Erika Rodríguez Gómez reflexiona sobre el significado del informe y los desafíos para la realización plena de los derechos de las mujeres en Colombia.

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La Campaña “Violación y Otras Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, alianza formada por organizaciones feministas y de derechos humanos en Colombia, presentó los resultados de la Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2010-2015 el 17 de agosto en Bogotá. Esta Campaña nació en el año 2009 como una forma de visibilizar la violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano, y su objetivo es contribuir a la reducción de la impunidad en cuanto al juzgamiento de la violencia sexual contra las mujeres.

El informe señala que la violencia sexual en Colombia sigue siendo una práctica habitual y frecuente, en los municipios con presencia de actores armados como la fuerza pública, grupos guerrilleros y paramilitares, incluyendo las organizaciones criminales conocidas como ‘BACRIM’, originadas después del proceso de desmovilización paramilitar de justicia y paz. Esta afirmación ratifica lo dicho por la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, especialmente en el Auto 092 de 2008, en el cual ordenó la implementación de 13 programas, dentro de la política pública de atención integral a la población desplazada, para responder efectivamente a los riesgos diferenciales a los cuales se enfrentan las mujeres. Sin embargo, nueve años después, estos programas aún no han sido creados.

La encuesta se realizó durante la segunda fase del proceso de paz, antes de la firma del primer Acuerdo Final en septiembre de 2016, recogiendo información sobre los diferentes tipos de violencia sexual cometidos contra las mujeres, durante el período 2010-2015, pertenecientes a 142 municipios, identificados por la Defensoría del Pueblo como territorios en riesgo; incluso tres territorios fueron cambiados por el equipo de investigación debido a las condiciones de seguridad para las encuestadas y las encuestadoras.

Desde el punto de vista teórico, la investigación se desarrolló en el marco de la teoría feminista, entendiendo la violencia contra las mujeres como un continuum en sus vidas y no como expresiones inconexas, y ampliando el abordaje de la violencia sexual para comprender otras formas de violencia menos visibles; como la regulación de la vida social, el trabajo doméstico forzado y el acoso sexual.

Así pues, el informe destaca que la mayoría de los tipos de violencia sexual, excepto la esterilización forzada y el acoso sexual, son cometidos principalmente por los familiares de las víctimas, en vez de los actores armados, y que el porcentaje de regulación de la vida social es mayor respecto a otras formas de violencia (64,2 por ciento de las mujeres encuestadas).

Este tipo de violencia es utilizada para restringir el comportamiento de las mujeres, especialmente respecto a sus relaciones sociales y a su vida sexual, lo que incluye la aplicación de códigos de vestir, la prohibición de acudir a ciertos lugares o eventos públicos, o la declaración de toques de queda, siempre bajo la amenaza del castigo.

Lo anterior evidencia que todos los contextos son inseguros para las mujeres y que el escenario de la confrontación armada está estrechamente ligado a sus espacios privados. La presencia de actores armados en los territorios aumenta los riesgos para ellas, así como la legitimación y naturalización de la violencia en su contra, en el marco de una cultura patriarcal, aumenta la posibilidad de que sus derechos sean vulnerados. Los agresores están aprendiendo formas de ejercer violencia desde las estructuras militares legales e ilegales, pues como han declarado algunas mujeres entrevistadas en Buenaventura, temen ser asesinadas por sus esposos, hermanos, primos u otros familiares, pues han sido amenazadas por ellos respecto al uso de las mismas formas de violencia que los actores armados han usado históricamente en la región, como el desmembramiento, o la quema; y en vista de que los cuerpos y las vidas de las mujeres no importan en las sociedades patriarcales, los agresores ni siquiera serían sancionados por el sistema judicial.

‘¡La paz es nuestra!’ Grafitti en Bogotá, Colombia.

Evidencia de esto son los resultados de otros informes, que revelan el nivel de impunidad en casos de violencia sexual en Colombia. A guisa de ejemplo, la Corte Constitucional, a través de anexos reservados, ordenó la priorización de 183 casos de violencia sexual, mediante el Auto mencionado anteriormente; y siete años más tarde, mediante el Auto 009 de 2015, ordenó priorizar 456 casos más, con el fin de que fueran investigados por la Fiscalía General de la Nación. La Mesa de Seguimiento a dichos Anexos, concluyó en su VI Informe, que el nivel de impunidad en los casos priorizados supera el 97%, por lo que se puede decir que estos se encuentran en la casi absoluta impunidad. En la actualidad, sólo hay 14 condenas y la mayoría de los casos han sido archivados, lo que es absolutamente desesperanzador para las 768 víctimas incluidas en los mismos.

La magnitud del problema es enorme debido a dicho nivel de impunidad, y al análisis comparativo con respecto a los resultados de la Primera Encuesta sobre la Prevalencia de la Violencia Sexual contra la Mujer en el Contexto del Conflicto Armado en Colombia, que para el período 2001-2009, identificó un total de 489.687 mujeres víctimas de violencia sexual, en 407 municipios con presencia de fuerza pública, paramilitares, y guerrillas. Esto significa que entre 2001 y 2009, cada hora 6 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, en comparación con 16 mujeres en los cinco años subsiguientes.

¿Cómo es esto posible? ¿Qué podemos esperar en esta fase de transición en Colombia cuando las mujeres siguen siendo victimizadas?

El informe muestra bastantes cifras interesantes, especialmente si atendemos el hecho de que en Colombia no hay estadísticas claras sobre los casos de violencia sexual. Mientras que el informe elaborado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación reportó 1.754 víctimas para el período 1985 – 2012, las organizaciones feministas y de derechos humanos están haciendo una ardua tarea para obtener las cifras correctas y conocer la realidad y las dimensiones del problema, y las diferencias son evidentes.

Hay que decir que detrás de cada número hay una mujer que requiere reparación y acciones concretas para tramitar los impactos de la violencia. El mayor desafío para el gobierno colombiano, el Estado y la sociedad en general, es crear un contexto seguro para las mujeres, reduciendo los niveles de impunidad a través del acceso a la justicia, garantizando medidas de protección y de atención en salud, con especial atención al contexto de implementación del Acuerdo Final.

La Segunda Encuesta es el inicio de un trabajo necesario en Colombia para analizar el impacto de la violencia sexual, así como para plantear nuevas preguntas de investigación. Por ejemplo, las cifras revelan que las mujeres jóvenes afrodescendientes, de los estratos socioeconómicos más bajos, son las principales víctimas, y están en condiciones de mayor vulnerabilidad y de sufrir acoso sexual en las ciudades principales. Sin embargo, el informe no cuenta con datos sobre la orientación sexual y la identidad de género, lo que es una oportunidad perdida en vista de que las experiencias de violencia están relacionadas con las identidades y subjetividades de las mujeres, y que la mirada interseccional es ineludible si se quiere tomar en serio las raíces del problema.

Mujeres que encuestaron otras mujeres para la investigación, Cartagena, Colombia.

Como profesional que participó en el trabajo de campo de esta investigación, puedo decir que la perspectiva feminista permite comprender las limitaciones de la investigación tradicional, y transformar los métodos de análisis del problema, de tal manera que los resultados sean mejores. Las encuestadoras fueron en su mayoría víctimas del conflicto armado, y miembros de organizaciones de base que trabajan para promover los derechos humanos, por lo que merecen un gran reconocimiento. Aproximarse a la problemática desde esta metodología, no pretendía únicamente obtener números y crear un gran documento, sino escuchar a las mujeres y romper el silencio.

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