Austin Zeiderman argumenta que la relación entre Estado y ciudadanía en Colombia ha girado alrededor de amenazas y se pregunta cómo cambiará la vida política en el país si el proceso de paz las mitiga.

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El conflicto armado en Colombia, uno de los más prolongados en el mundo, parece aproximarse a su fin; pero no será fácil superar el legado de medio siglo de violencia. Un aspecto clave pero poco analizado es que sin inseguridad, la política en Colombia es casi inconcebible. No digo que el proceso de paz deba suspenderse, pero sí que será necesario lidiar con una cuestión imprevista: si la relación entre el Estado y sus ciudadanos ha girado alrededor de amenazas como las FARC, ¿qué ocurrirá si esas amenazas desaparecen?

Cuando llegué a Bogotá en 2006 para estudiar la dimensión política de la seguridad urbana en Colombia, la situación en la ciudad había mejorado mucho y la atmósfera era más relajada pero, paradójicamente, las ansiedades de siempre persistían: tanto amigos como desconocidos me mostraban la ciudad como un lugar lleno de amenazas y me enseñaban estrategias para sortearlas, llegando incluso a dibujarme mapas de “zonas seguras” y “zonas a evitar”.

Al comienzo pensé que todo se debía a mi estatus de gringo desorientado pero pronto comprendí que tantas advertencias reflejaban una noción generalizada de la ciudad como un espacio de amenazas que requería precauciones obvias, como cerrar la ventana del carro durante el tráfico, y otras excéntricas, como cubrirse la boca y la nariz para protegerse del sereno. Cuanto más avanzaba hacía los asentamientos de las laderas periféricas del sur de Bogotá, adonde muchos me habían advertido no ir, más alarmantes eran esas precauciones.

La clave para entender estas advertencias y precauciones es reconocer que no se tratan de supersticiones paranoicas sino de prácticas culturales de adaptación a la vida diaria en una ciudad que es percibida como llena de peligros. Al fin y al cabo, hasta hace poco los asesinatos, bombas y secuestros eran rutinarios y quienes vivieron en esa Bogotá tuvieron que organizar sus vidas en relación a diversas amenazas. Todo esto mientras urbanistas y expertos en seguridad de todo el mundo proclamaban la llegada de una nueva era e incluso un “renacimiento” de la ciudad.

La sutil diferencia entre los conceptos de peligro (danger) y peligrosidad (endangerment) nos ofrece una forma de entender esta paradoja. Ambos sugieren la posibilidad de daño inminente más allá de su realidad inmediata pero mientras que el peligro indica una amenaza específica, la peligrosidad se refiere a la condición más general de sentirse amenazado. Mientras que el peligro es inmediato y de corto plazo, y se disipa cuando cambian las circunstancias, la peligrosidad es duradera e indeterminada pues la posibilidad de sufrir daño se extiende de manera indefinida.

Endangered City (Duke University Press, 2016), el libro que eventualmente surgió de esta investigación, no habla de la experiencia directa de peligro pero sí muestra como la peligrosidad indirectamente condiciona la experiencia de la ciudad. Esta perspectiva es útil para comprender distintos aspectos de la vida en Bogotá y otros lugares que han resurgido después de largos periodos de inseguridad, pero en particular arroja luces en el campo de la política y el gobierno. Mientras que los políticos conservadores han entendido la seguridad como un derecho fundamental pero a la vez inalcanzable a causa de un enemigo interno que legitima el uso de la fuerza y los abusos de poder, las alternativas propuestas por el centro y la izquierda también giran en torno a la búsqueda de seguridad, pero entendida en términos sociales y económicos más que militares. En Colombia la seguridad ha sido un tema común de preocupación a lo ancho del espectro político.

Examinar la peligrosidad permite evidenciar cómo el Estado establece y mantiene su autoridad y legitimidad, cómo el gobierno interviene en la vida de los ciudadanos y cómo estos ciudadanos se posicionan en relación al Estado. También aporta una forma de aprehender las políticas de seguridad y sus implicaciones para las ciudades y la vida urbana.

Aunque en mi investigación abordé diferentes aspectos de la seguridad urbana, mi principal foco de interés fue un programa de reasentamiento promovido por la Alcaldía Distrital lanzado a comienzos de la década del 2000 con el fin de reubicar viviendas ubicadas en “zonas de alto riesgo” de deslizamiento e inundación. El programa cubría solamente a quienes pertenecieran a los dos estratos más bajos—los estratos son una clasificación socioeconómica que usa el gobierno distrital para subsidiar servicios básicos y otros beneficios.

Varios estudios mostraron que los asentamientos periféricos de Ciudad Bolívar (en primer plano en la foto) — la más grande y pobre de las veinte localidades en que se divide Bogotá — eran los más vulnerables. Con base en mapas de riesgo, que categorizan las zonas de la ciudad (bajo, medio y alto riesgo), la Alcaldía ofreció a los habitantes de zonas de alto riesgo un subsidio de vivienda siempre y cuando aceptaran reubicarse. De esta manera, su derecho constitucional a una “vivienda digna” estuvo mediado por el grado de peligro que corrían sus vidas.

Así inició la que, eventualmente, vino a ser una década de transformación urbana guiada por un imperativo de gobernar (y gobernar a través de) el riesgo y la seguridad, el cual vino luego a moldear la relación entre los ciudadanos y el Estado en los asentamientos autoconstruidos de la periferia urbana. De esta manera se produjo un importante cambio ya que la ciudadanía, y los derechos y responsabilidades que conlleva, quedaron vinculados a la vulnerabilidad: para ser reconocido como ciudadano con derechos, primero era necesario ser visible como vida en riesgo. En esta ciudad amenazada, como la denomino, es así como las personas, especialmente las más pobres, deben definir y articular sus reivindicaciones políticas.

A veces me preguntan por qué alguien que investiga la seguridad en Colombia se interesa más por las amenazas ambientales que las humanas y más por los esfuerzos por proteger la vida que por destruirla. Mi respuesta es doble: primero, porque en un lugar que es sinónimo de violencia otros fenómenos igualmente importantes pasan a veces desapercibidos y, segundo, porque una dinámica importante del conflicto armado ha sido la propagación de la preocupación por la seguridad hacía otras esferas sociales. La relación mutuamente constitutiva entre la política y la seguridad va más allá del conflicto en sí mismo.

Aunque mi investigación sobre la dimensión política de la seguridad urbana en Colombia fue previa al actual proceso de paz, ofrece una perspectiva en cuanto al legado que inevitablemente deberá enfrentar. ¿Cómo será la política cuando la principal fuente de inseguridad, la guerrilla, deje de ser una amenaza inminente? ¿en qué se basará la relación entre Estado y ciudadanos cuando cesen los peligros en que se ha fundado el quehacer del gobierno? Son preguntas difíciles que nos obligan a repensar supuestos arraigados sobre la vida política y a considerar cómo vivir en tiempos de paz.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Este artículo hace refencia al libro del mismo autor Endangered City: The Politics of Security and Risk in Bogotá
• Este artículo fue traducido al español por Juliana Morales, estudiante de UniAndes
• Atribución de imagen destacada: versión modificada de ZONES1 GRAFFITI (CC BY-NC 2.0)
• Atribución de segunda imagen: Wolfgang Sterneck (CC BY-NC-SA 2.0)
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Austin Zeiderman – Departamento de Geografía y Ambiente, LSE
Dr Austin Zeiderman es Profesor Asistente en Geografía Urbana en el Departamento de Geografía y Ambiente de LSE. Es especialista en las dimensiones culturales y políticas de las ciudades, con especial atención en América Latina. Es el autor de Endangered City: The Politics of Security and Risk in Bogotá (Duke University Press, 2016).