El análisis cuantitativo del “big data” histórico puede contribuir a explicar cómo las prácticas de generación de registros en torno a la muerte facilitaron las políticas de represión y control, escribe Tamy Guberek (University of Michigan).

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“Prefiero guardar silencio”. Estas fueron las únicas palabras que dirigió el ex presidente guatemalteco José Efraín Ríos Montt a las víctimas de las masacres militares cometidas bajo su mando cuando por fin fue sometido a juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2012.

En Guatemala, los órganos estatales que utilizaron la violencia extrema para silenciar a sus opositores a lo largo del siglo XX también ofuscaron sus registros. Son potentes los silencios no reconocidos en estos registros, y refuerzan la impunidad de que gozan sus autores.

La Policía Nacional y la muerte en Guatemala

Examinando y detectando los profundos silencios en los registros que quedaron de la difunta Policía Nacional (PN), los archivistas del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) han podido establecer la responsabilidad penal de antiguos jefes y oficiales de la Policía por violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de Edgar Fernando García, Édgar Enrique Sáenz Calito, y varias otras personas desaparecidas desde los años 80.

Trabajando a su lado, he descubierto que los políticos y burócratas no sólo censuraron la información y destruyeron registros, sino que también generaron silencios utilizando términos engañosos y una clasificación equívoca en los registros de sucesos cotidianos.

En pleno apogeo de la violencia estatal de los años 70 y 80, la PN fue una de las principales fuerzas de la represión en los centros urbanos de Guatemala, incluso mediante escuadrones de la muerte formados con los militares y organismos de inteligencia. La PN también jugó un papel central en la vigilancia de los centros urbanos, siendo encargada de hacerle seguimiento a la población y de registrar los movimientos de aquellas personas que se percibían como amenazas para el régimen militar.

La Policía Nacional tenía una relación íntima con la muerte. Como agentes de policía, supervisaban y documentaban el levantamiento de cadáveres. Como responsables de violaciones de los derechos humanos, cometieron, apoyaron e instigaron  homicidios y desapariciones patrocinados por el Estado.

Tras más de veinte años de búsqueda de la verdad y la justicia, la información sobre las muertes patrocinadas por el estado sigue siendo esquiva. Pero, ¿qué contienen – y esconden – los registros de la PN sobre estas muertes?

A más de veinte años en la búsqueda de la verdad y la justicia, la información sobre las muertes patrocinadas por el estado continúa siendo imprecisa. Pero ¿qué es lo que contienen y esconden los registros de la PN sobre estas muertes?

Analizando el Archivo Histórico de la Policía Nacional

El AHPN encierra grandes volúmenes de datos históricos. Sus 80 millones de documentos contienen una cantidad abrumadora de evidencia de más de un siglo de registros oficiales de la policía.

Empeñados en no permitir que tal magnitud escondiera los secretos en su interior, el AHPN y el Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos (HRDAG por su sigla en inglés) recolectaron una muestra estadística aleatoria de los documentos del archivo para codificar información sobre la creación de documentos y hechos de interés, tales como el crimen, la violencia y las violaciones de los derechos humanos.

La muestra incluía cada tipo de documento creado en el curso normal de las operaciones, ya fueran estos rutinarios o confidenciales, producto de la pluma del agente de menor rango en la PN o de la máquina de escribir del Director General.  Con ese conjunto de datos yo pude desentrañar patrones en sus palabras escritas.

Más concretamente, analicé la nomenclatura literal utilizada en el registro de muertes entre 1978 y 1986. Fue este un período crucial que abarcó el apogeo de la campaña militar de contrainsurgencia y la transición del país de treinta años de dictaduras militares a un gobierno civil.

Para comprender el significado de cada uno de los términos relacionados con la muerte, examiné manualmente cientos de registros, descubriendo las diferencias observables y regulares:

• “Homicidio”,  un término explícitamente jurídico, a menudo acompañado de una detallada revelación de información sobre el contexto, las armas y los presuntos responsables de la muerte, pero con poca información sobre la víctima.
• “Asesinato” se refería a muertes intencionales, incluyendo a veces la identidad del responsable detenido o presunto.
• “Cadáver” (indicaba un cuerpo sin vida y a menudo se acompañaba de una descripción de la causa de muerte, el lugar donde se encontró el cuerpo y si este había sido identificado o no – y mayoritariamente no lo habían sido.
• Finalmente, las descripciones genéricas de otras “muertes” (incluyendo “muerto,” “fallecido,” “perecido”) contenían poca información sobre las circunstancias de la muerte.

Los términos se utilizaban de manera sistemática, y cada uno expresaba un grado diferente de visibilización o invisibilización en cuanto a la muerte descrita.

Llamando la muerte por su nombre: las diferencias entre los gobiernos militares

Durante este dramático período de tiempo, los tres gobiernos militares que ejercieron el poder fueron extraordinariamente represivos y violentos; y sin embargo, cada uno de ellos tenía su propio modus operandi y sus propias maneras de controlar y censurar la información sobre la violencia:

¿Cómo se reflejan estas diferencias en las políticas y prácticas de violencia y visibilización en los documentos de un enorme y burocrático organismo estatal de seguridad?

La gráfica arriba presenta la proporción estimada por año del uso por la policía de cada término relacionado con la muerte.  Revela cambios notables en las maneras en que se registró la muerte durante este período volátil.  Lo más destacable, el uso de “homicidio” – el término legal a menudo acompañado de mayores revelaciones sobre los responsables y el contexto – disminuyó de manera considerable en 1981, apareció muy rara vez entre 1981 y 1985, y dejó de utilizarse completamente en 1982 y 1983.  Estos patrones concuerdan aproximadamente con las políticas de información de cada uno de los tres gobiernos.

Entre 1978 y los primeros meses de 1982, el gobierno de Lucas García utilizó el fantasma y la visibilización de la muerte violenta – plasmados en noticias diarias sobre cadáveres en las vías públicas – como táctica de terror para disuadir a la oposición y desalentar la movilización popular. En consecuencia, los documentos de esos años contienen una información más variada sobre tipos de muerte y de perpetradores que los documentos de los dos gobiernos posteriores.

Ríos Montt utilizó la retórica de la “limpieza” del crimen y el caos para justificar su golpe de estado, su violencia extrema y la censura oficial.  En los registros de la PN de 1982, se registró una clara mayoría de las muertes utilizando la terminología genérica de “muerte”, aportando la menor cantidad de información sobre la naturaleza, las causas o las circunstancias de la muerte.  Ese mismo año se registró también una disminución sorprendente en el uso del término “cadáver”.

A mediados de 1983, cuando el General Mejía Víctores derrocó a Ríos Montt en otro golpe militar, una vez más cambiaron las prácticas de registro de la PN.  El nuevo director de la PN, Héctor Bol de la Cruz, elaboró numerosos y extensos memorándums pormenorizando su visión de los sucesos de actualidad, las políticas policiales, las prácticas de ocultamiento de la violencia y la manipulación engañosa del lenguaje.  Este período vio la tasa más alta de desapariciones forzadas de todas las dictaduras militares. La terminología es más variada durante este período, con evidencias de órdenes de modificar las descripciones de muerte en los registros oficiales.

¿Qué importa un nombre? Terminología, verdad y justicia

En aquellos años violentos, la muerte era una realidad dolorosa y muy presente para los individuos, las familias y la sociedad en general. Pero aún hoy, la continua búsqueda de la verdad y la justicia se ve entorpecida por los datos distorsionados producidos por las prácticas de generación de registros de esa época.

La terminología en los registros y los archivos puede hacer los fenómenos sistemáticamente más o menos visibles. Y contrariamente a la idea de la inercia de tan enormes burocracias, lo que se incluyó en los registros oficiales y la manera como estos se escribieron y cómo se leyeron sufrieron fuertes cambios en la medida en que cambiaban los contextos políticos e institucionales. Dado el papel central de la PN en la provisión de información al sistema judicial y a la prensa durante ese período, es muy probable que otras fuentes hayan sido afectadas por las prácticas internas de la PN en materia de registros.

La exploración cuantitativa de los silencios que se presenta aquí, junto con la investigación archivística e histórica, pueden contribuir a develar una capa explicativa más de cómo hasta los documentos básicos y rutinarios sobre la muerte facilitaron la implementación gubernamental de políticas de represión y control.

En la medida en que las valerosas sociedades latinoamericanas – no sólo Guatemala sino también Colombia, México, El Salvador y más allá – utilizan los archivos estatales en su lucha por la verdad y la justicia, inevitablemente heredan legados de silencio que, si permanecen sin identificar o interrogar, pueden seguir ejerciendo su poder sobre el presente y el futuro.

La lección que debemos aprender del admirable trabajo de los archivistas del AHPN de Guatemala es evidente: para romper el poder de esos silencios, los registros no pueden simplemente leerse en sentido literal.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Este artículo se basa en “On or off the record? Detecting patterns of silence about death in Guatemala’s National Police Archive” (Archival Science, 2017)
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• Traducción de Beatriz Vejarano