Una consecuencia no intencionada del proceso de paz en Colombia ha sido el recrudecimiento de los asesinatos de líderes de comunidades locales, con más de 500 asesinatos ocurridos desde el 2011. Estos líderes han sido asesinados principalmente por grupos armados ilegales que no participaron del proceso de paz, con el objetivo de ejercer control en zonas previamente controladas por las FARC. Las áreas de mayor ocurrencia de asesinato de líderes son aquellas donde el sistema de justicia es más débil y donde ha habido más solicitudes de restitución de tierras. Esta investigación sugiere que acuerdos de paz incompletos pueden generar un aumento en la violencia, producto de disputas violentas por el control de territorios pacificados. De Mounu Prem, Andrés Rivera, Dario Romero Juan Vargas.

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Generalmente los acuerdos de paz son imperfectos e incompletos. Tienen que lograr abordar todos los detalles subyacentes al conflicto y tienden a ser influenciados por presiones políticas tanto internas como externas. Todos estos desafíos se exacerban en un contexto donde los conflictos internos involucran multiples actores pero las negociaciones de paz solo tienen en cuenta una fracción de los grupos armados activos.

Una paz incompleta puede dar lugar a más violencia (Thomas Tucker, CC0)

Este es el caso de Colombia. El reciente proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) excluyó a otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas criminales – creadas a partir de grupos paramilitares – y disidencias de las FARC que se opusieron al proceso de paz.

Este proceso parcial generó una serie de consecuencias negativas no intencionadas que estudiamos en un trabajo reciente que se enfoca en el asesinato sistemático de líderes sociales locales en Colombia durante los últimos años.

Desde enero del 2011 hasta diciembre del 2017 cerca de 500 líderes fueron asesinados en Colombia. Este patrón parece haber aumentado a comienzos del 2015 (véase el gráfico abajo). El aumento de los asesinatos coincide con el cese al fuego permanente introducido a finales del 2014 por las FARC en el marco del proceso de negociación.

Debido a que, en buena medida, las fuerzas del gobierno no ocuparon ni construyeron capacidad estatal en los territorios previamente controlados por las FARC, el cese al fuego generó en estos territorios un vacío de poder que otros grupos armados se apresuraron en llenar. Entretanto, una de las estrategias más efectivas para obtener control territorial en el marco de conflictos armados internos es el asesinato selectivo de líderes sociales. En particular, a través de estos asesinatos, los grupos armados reducen la capacidad de acción colectiva por parte de las comunidades y logran ejercer control sobre la población local.

Específicamente, en el trabajo usamos una estrategia de diferencias triples para mostrar que el asesinato de líderes aumentó desproporcionadamente después del cese al fuego de las FARC, en las zonas controladas previamente por esta guerrilla, y localizadas en cercanía a zonas con presencia de otros grupos armados.

Cuando se anunció el cese al fuego (gráfico abajo, línea vertical), el número de líderes sociales asesinados se mantuvo prácticamente constante en municipalidades con presencia de las FARC (medida antes del cese al fuego) pero que no estaban expuestas a la influencia de otros grupos armados. Sin embargo, el asesinato de líderes aumentó dramáticamente en áreas controladas por las FARC y expuestas a la influencia de otros grupos armados.

Consistente con nuestra interpretación, encontramos que el asesinato de líderes no es explicado por un aumento diferencial en la tasa agregada de homicidios, por lo que no es explicado ni por un aumento del asesinato indiscriminado de la población ni por el cambio diferencial en las tasas de asesinatos reportadas en zonas previamente controladas por las FARC después del cese al fuego. Además, mostramos que los asesinatos son mayores en áreas con solicitudes de restitución de tierras y con una baja capacidad estatal, la cual medimos usando la ineficiencia del sistema judicial local.

En resumen, nuestro trabajo argumenta que el asesinato de líderes sociales constituye una consecuencia no intencionada de un proceso de pacificación parcial, que no fue acompañado por un esfuerzo por parte del estado de consolidar su presencia en las zonas previamente controladas por las FARC.

A pesar de la importancia histórica y de la tremenda oportunidad para el país de este acuerdo de paz, el asesinato de líderes sociales puede ser el comienzo de una nueva y más sofisticada forma de conflicto social en Colombia. Esperamos estar equivocados.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Basado en “Killing Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace” (2018) de los mismos autores
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Mounu Prem – Universidad del Rosario, Colombia
Mounu Prem trabaja como profesor adjunto en economía en la Universidad del Rosario. Mounu estudió un Doctorado en la Universidad Stanford y un M.A y B.A. en economía en la Universidad Católica de Chile. Su investigación se ha enfocado en los legados económicos y políticos de la dictadura de Pinochet, los efectos de auditorías anti-corrupción en el sector privado, la asignación de trabajos en el sector público y el rol de los mercados internos en grupos económicos.

Andrés Rivera Universidad del Rosario, Colombia
Andrés Rivera es estudiante de doctorado en economía en la Universidad del Rosario. Sus interés de investigación es en la economía política del conflicto, particularmente en Colombia.

 

Dario Romero – Columbia University
Dario Romero es estudiante de doctorado en economía en la Universidad de Columbia. Sus intereses de investigación son en economía política, desarrollo económico y microeconomía aplicada. Su investigación se ha enfocado en las consecuencias económicas y políticas del conflicto y crimen, además de evaluación de políticas de educación en Latinoamérica.

Juan Vargas – Universidad del Rosario, Colombia
Juan Vargas es profesor de economía en la Universidad del Rosario. Juan estudió un doctorado en economía en Royal Holloway, University of London y ha tenido posiciones de investigador visitante en la Universidad de Harvard, UCLA, Institute of Development Studies y IADB. Sus intereses de investigación son en economía política y desarrollo, con énfasis en las causas y consecuencias de conflictos armados, la economía del crimen y la relación entre instituciones políticas y económicas. Es editor asociado de Conflict Management and Peace Science, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Defense and Peace Economics y Economics for Peace and Security Journal. Su investigación ha aparecido en revistas tales como The Review of Economic Studies, American Political Science Review, The Economic Journal, Management Science, Journal of Economic Behavior and Organization y Science, entre otras.

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