Costa Rica celebró el 6 de febrero unas elecciones presidenciales que desembocarán en una segunda vuelta entre dos candidatos muy cuestionados, José María Figueres y Rodrigo Chaves. Esta campaña se tornará imprevisible y la movilización de los votantes será limitada, sostiene Ilka Treminio (Universidad de Costa Rica).
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Un total de 25 partidos políticos participaron en las elecciones presidenciales de Costa Rica el 6 de febrero. Es el mayor número de candidatos en la historia democrática del país. Sin embargo, y dado que ninguna candidatura alcanzó el umbral del 40% de los votos válidos necesarios para ganar en la primera vuelta electoral, el país celebrará una segunda vuelta el 3 de abril. Ese intervalo de tiempo tan atípico entre elecciones significa que vuelve a empezar una nueva y decisiva campaña.
Ideológicamente, la mayoría de los partidos se distribuyeron del centro a la derecha, y entre quienes destacaron en intención de voto, solo uno, el Frente Amplio, se identificó como de centro-izquierda. Salvo la izquierda, los grupos contendientes defendieron la reducción del aparato estatal, la defensa de una política de austeridad macroeconómica y actitudes antiprogresistas en materia de derechos para las mujeres. Este último tema ha sido primordial dadas las acusaciones de acoso sexual contra el candidato Rodrigo Chaves. Otras cuestiones, como el uso de energías renovables frente a la explotación petrolífera, mostraron posiciones más pragmáticas que ideológicas; fue difícil conocer el trasfondo en cuanto a valores de las principales fuerzas políticas.
La cuarta ola del covid-19, provocada por la variante omicron, no permitió un desarrollo normal de los actos políticos presenciales. Además, por primera vez, la presión de la opinión pública sobre la actividad legislativa impidió que los diputados prolongaran sus vacaciones durante enero para apoyar la campaña de sus partidos políticos, lo que redujo la potencia de su trabajo en los territorios. Por estas razones, la movilización de los votantes ha sido más débil de lo habitual.
En esta campaña apenas se habló del narcotráfico en la esfera política o de la corrupción en la adjudicación de contratos públicos de obras. Tampoco se abordó la necesidad de fortalecer el sistema sanitario, vital para gestionar la pandemia. Esta ausencia de conversación obedeció, entre otras razones, a la dispersión y división de las agendas políticas.
En esta ocasión, el electorado tenía pocos recursos para decidir su voto. Por un lado, la mayoría de las candidaturas provenían de partidos nuevos y desarticulados. Por otro, esa amplia oferta partidista no permitía conocer en profundidad las ideas de cada candidatura. Además, Costa Rica no ofrece espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación, lo que significa que no todos los partidos pueden anunciarse y aparecer en los principales medios.
Además, las campañas no han ofrecido una diferenciación adecuada. Por el contrario, se inclinaron por una moderación artificial. El ejemplo más claro fue el del candidato evangélico Fabricio Alvarado. Alvarado se presentó a las elecciones del 2018 con una plataforma abiertamente polarizada, pero en esta ocasión se mostró como una opción moderada con un enfoque económico más técnico. Posiblemente pretendía captar a los votantes de centro para asegurar una posible victoria en la segunda vuelta. Si bien estuvo cerca de superar la primera vuelta, su partido cayó al tercer lugar y no lo logró. Sin embargo, y según los recuentos preliminares, se aseguró un escaño en la Asamblea Legislativa junto con otros seis miembros de su partido.
Voto indeciso y otras dificultades para predecir el resultado final
Al observar los datos de intención de voto destacan dos características. En primer lugar, un elevado número de votantes indecisos. Por otro lado, la concentración de las preferencias entre las seis principales opciones políticas, con ligeras diferencias porcentuales entre ellas, hace imposible predecir los resultados en las urnas.
Esa amplia inscripción de partidos vino acompañada de una figura permitida por la ley costarricense llamada “doble postulación”. Esta figura permite que los candidatos presidenciales se inscriban también en las listas para la Asamblea Legislativa. 17 partidos de 25 lo hicieron, y varios actores advirtieron la posibilidad de una alta fragmentación legislativa y de un aumento de las facciones unipersonales. Con todo, solo dos candidatos con doble candidatura llegaron a la nueva Asamblea electa: Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) y el ya mencionado Fabricio Alvarado de Nueva República (NR). Paradójicamente, esta elección redujo el número de representación legislativa de siete miembros en 2018 a seis en 2022.
El expresidente José María Figueres (1994-1998), del partido Liberación Nacional (PLN), ganó la primera vuelta. Disputará la ronda final contra Rodrigo Chaves y su novato Partido Progreso Social Democrático (PSD). Chaves es economista y fue director del Banco Mundial para Indonesia además de ministro de Hacienda de Costa Rica durante un breve periodo en el gobierno saliente. Fue nombrado en 2019 después de que renunciara al Banco Mundial en respuesta a “avances incesantes y no deseados” hacia seis mujeres, según el tribunal del banco, como publicó el Wall Street Journal.
Esta participación (59,71%) es la más baja de la historia reciente de Costa Rica y preocupa seriamente a los analistas, ya que ha profundizado la tendencia al abstencionismo. Con el 90% de las mesas electorales escrutadas, los resultados oficiales de las elecciones son los siguientes:
El Partido Acción Ciudadana (PAC) lleva dos legislaturas en el poder (2014 – 2022). Aun así, quedó fuera de la Asamblea Legislativa y su candidato, Welmer Ramos, solo obtuvo el 0,66% de los votos en las presidenciales. Estos resultados dejan al partido en el poder muy debilitado porque no consiguió escaños, y no tendrá acceso a financiación pública, de la cual dependen para pagar la deuda después de que dos miembros del PAC fueran declarados culpables de fraude en la subvención de sus campañas públicas en 2010. Al mismo tiempo, esta derrota deja un vacío en el reparto ideológico del parlamento ya que el Frente Amplio es el único partido progresista que tendrá representación en él con seis escaños. Aunque Liberación Nacional (PLN) de José María Figueres incluye en su programa algunas políticas sociales de tipo asistencialista, como un salario mínimo para personas en extrema pobreza y transferencias económicas condicionadas, los otros cuatro partidos de la Asamblea tienen programas conservadores.
Por último, la movilización de los votantes será limitada en la segunda vuelta porque la papeleta tiene dos candidatos seriamente cuestionados. José María Figueres está bajo escrutinio por actos de corrupción durante su primer mandato presidencial, y Rodrigo Chaves por casos de acoso sexual en el Banco Mundial. Figueres tiene el mayor número de representantes después de esta primera ronda. Si gana y hace una coalición con los conservadores de la Unidad Social Cristiana (PSUC), el segundo partido de la cámara, podrían alcanzar una mayoría absoluta de 29 votos. Algo muy plausible ya que ambos partidos han seguido la tradicional fórmula de Gobierno bipartidista en el pasado. Pero si gana Rodrigo Chaves, este se encontrará en una situación más compleja. Es el tercero en número de escaños y tendría que hacer un enorme esfuerzo para librarse de los vetos de una oposición mayoritaria. En este escenario, es difícil que la ciudadanía se anime a participar, aunque la recta final de la campaña es, por ahora, imprevisible.
Notas:
• Este artículo representa las opiniones de la autora y no del centro o de LSE
• Traducción de María Clara Montoya
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• Encabezamiento: Sabin Ray, World Resources Institute / (CC BY-NC-SA 2.0)
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