El cambio climático tendrá un gran impacto en el comercio y el desarrollo de América Latina, y es poco probable que el statu quo ayude a las economías regionales a progresar. Esto exige replantearse las estrategias políticas para aprovechar las “ventanas verdes de oportunidad” que surgen de la transición energética mundial. En este sentido, un Pacto Verde latinoamericano, que se base en la coordinación regional, podría ser el camino a seguir, escribe Amir Lebdioui (SOAS / LSE Latin American and Caribbean Centre).
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El impacto del cambio climático será más devastador en América Latina que en otras partes del mundo e influirá en la capacidad comercial de la región. Los patrones de las precipitaciones están cambiando, las temperaturas van en aumento y algunas zonas están sufriendo alteraciones en la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y sequías. Para 2050, se calcula que los daños causados por el cambio climático podrían costar 100.000 millones de dólares anuales.
El aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos tiene ya efectos devastadores en la producción, el turismo y las infraestructuras comerciales. Al mismo tiempo, las fluctuaciones en las precipitaciones también amenazan la productividad a largo plazo de varias producciones agrícolas, de las que dependen muchos países de la región (en concreto, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay) como fuente de exportaciones para la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el cambio climático supone un grave riesgo para la cría de salmón en Chile, la producción de café en Colombia y la de cacao en Ecuador.
El impulso global hacia la descarbonización también tiene graves repercusiones en las perspectivas comerciales de la región, y eso conlleva retos y oportunidades. Por un lado, varios productores de petróleo (como Bolivia, Colombia y Venezuela) se enfrentan a la incertidumbre, pues se prevé que la demanda de combustibles fósiles disminuya a medio y largo plazo. La transición global hacia una economía descarbonizada tendrá efectos profundos y provocará la pérdida de más de 360.000 puestos de trabajo en la extracción de combustibles fósiles y en la generación de electricidad a partir de los mismos en la región.
Por otra parte, varios países latinoamericanos están preparados para beneficiarse de una gran cantidad de minerales esenciales para la producción de tecnologías con bajas emisiones de carbono. América Latina posee vastas reservas de litio, cobre, plata, bauxita, zinc, manganeso y níquel.
Pero incluso para los países que dependen de los llamados minerales del futuro, las perspectivas a largo plazo están dominadas por un alto grado de incertidumbre y por los riesgos de disrupción tecnológica. Hay una gran cantidad de recursos invertidos en investigación y desarrollo (I+D), especialmente en China, Japón y Estados Unidos, para generar tecnologías alternativas de baterías eléctricas (como las baterías de estado sólido o las baterías basadas en el hidrógeno) que dependen de minerales y materias primas sustitutivas.
Además de la vulnerabilidad productiva directa de la región ante el cambio climático, las empresas latinoamericanas tendrán que adaptarse a medida que la demanda de los consumidores evolucione hacia productos más sostenibles en mercados clave. La creciente popularidad de las propuestas de un Nuevo Pacto Verde en Estados Unidos y la Unión Europea provocará cambios regulatorios que reconfigurarán los patrones de consumo. En general, los países latinoamericanos y en vías de desarrollo deben anticiparse a estas normas comerciales verdes, reorientando sus capacidades productivas hacia la exportación de bienes y servicios con menos emisiones de carbono.
Varios países latinoamericanos (especialmente Costa Rica, Chile y Uruguay, entre otros) están demostrando unas ambiciones climáticas cada vez más altas y logros notables en el despliegue de energías limpias así como en iniciativas pioneras para la conservación de la biodiversidad. Pero aún queda mucho por hacer para aprovechar todo el potencial que las transiciones limpias pueden ofrecer en América Latina y compensar las pérdidas de ingresos y de empleo previstas en el sector de los combustibles fósiles.
Energías renovables
El despliegue de las energías renovables ha sido un gran éxito en América Latina, pues ya son la fuente más barata y su capacidad per cápita es el doble de la media mundial.
Si bien deberían surgir beneficios considerables (como un alto ahorro de costes) de un comercio transfronterizo de electricidad sin restricciones en América Latina, estas operaciones comerciales han permanecido limitadas. Salvo algunas excepciones notables, como los sectores de los biocombustibles y la energía eólica en Brasil, la mayoría de los países están insertos en segmentos de bajo valor añadido de las cadenas de valor de las energías renovables, como la producción de materias primas (cobre, litio, madera de balsa, mineral de hierro) y las actividades de suministro, instalación y mantenimiento.
Por la volatilidad de la demanda y a la inestabilidad de la política energética, las operaciones en Ecuador, México, Brasil, Colombia y Argentina han experimentado considerables fluctuaciones de un año a otro, y eso dificulta la ampliación de la capacidad de producción. Por este motivo, es imprescindible promover un mercado de energías renovables más estable, con una hoja de ruta más clara a medio y largo plazo y un plan de regulación más sólidol para dar confianza a los inversores respecto a la capacidad de fabricación local.
Los países latinoamericanos también podrían aprovechar las fuentes de energía baratas y limpias para descarbonizar la generación de electricidad y como materia prima para desarrollar servicios e industrias competitivas de valor añadido con bajas emisiones de carbono, como la producción de hidrógeno verde, centros de datos, servicios en la nube y minería de bajas emisiones.
Conservar la biodiversidad para un comercio con valor añadido
La biodiversidad y los ecosistemas naturales únicos de América Latina pueden actuar como una fuerza transformadora en el desarrollo sostenible de la región. El mundo entero se beneficia de una serie de servicios derivados de los ecosistemas (como el almacenamiento de carbono, la protección de las cuencas hidrográficas y la conservación de la fauna y la flora) que solo se encuentran en esta parte del planeta. Sin embargo, los enfoques tradicionales en materia de conservación han dejado pasar la oportunidad de aportar beneficios y compensaciones a quienes viven en la región. Por tanto, es necesario coordinar mejor las políticas con el fin de aprovechar el valor comercial de la biodiversidad.
Cada vez se presta más atención a los mercados de carbono y a sus tarifas como vía para generar valor comercial a partir de la protección de la biodiversidad. Poner un precio a la contaminación puede ser una importante fuente de ingresos públicos: En 2019, los gobiernos de todo el mundo recaudaron 45.000 millones de dólares de esta manera. México, Chile y Colombia han comenzado a utilizar -o están considerando utilizar- sistemas para fijar el precio del carbono y el comercio de emisiones como parte de una estrategia más amplia para descarbonizar sus economías. Pero para que sean herramientas comerciales eficaces, es necesario que dichos sistemas traspasen las fronteras nacionales y continentales.
El ecoturismo también se ha convertido en una estrategia popular para alinear la conservación con el crecimiento de los servicios comercializables. Pero una dependencia excesiva de esta actividad plantea riesgos significativos, sobre todo teniendo en cuenta la vulnerabilidad al cambio climático del turismo basado en la naturaleza. Además de los altos niveles de volatilidad de los ingresos y la exposición a las crisis externas. Las Islas Galápagos en Ecuador han sufrido estas consecuencias.
Aunque el sector de la innovación basada en la biodiversidad se encuentra en una fase incipiente en la mayoría de países, en Costa Rica es posible observar esfuerzos útiles hacia la bioinnovación, sobre todo a través de la bioprospección. Es un área prometedora y emergente para futuras inversiones, empresas de nueva creación y capital de riesgo.
Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos con medidas que incluyan planes de desarrollo de capacidades y políticas industriales verdes. Deben pensar en la financiación para atraer inversiones privadas y capital riesgo para nutrir los ecosistemas de start-ups relacionadas con servicios de bajas emisiones. Las autoridades pueden promover iniciativas de economía circular para gestionar los recursos escasos y comerciar con residuos para disminuir el ciclo de vida de las emisiones en diferentes industrias.
¿Hacia un Pacto Verde Latinoamericano?
La idea de un Pacto Verde Latinoamericano gana relevancia a la hora de pensar en las múltiples políticas y en la coordinación regional necesaria para promover una respuesta rápida al calentamiento global en la región. De diseñarse de manera apropiada, este programa podría generar impactos positivos en muchos sectores económicos, como la energía y la agricultura, el comercio de emisiones de carbono y la bioeconomía.
Cada país tiene diferentes fortalezas comparativas, desde una variedad de minerales críticos (complementarios) que están repartidos por la región (por ejemplo, Chile, Cuba, Perú, Surinam) hasta la capacidad de fabricación (por ejemplo, Brasil, Costa Rica) y el potencial de energía renovable (por ejemplo, México, Paraguay). También en cuestiones como la proximidad a importantes rutas comerciales (Panamá). Si se utilizan y coordinan los recursos y las herramientas políticas adecuadas, todos estos activos pueden formar parte del plan para desarrollar un ecosistema industrial regional eficiente en torno a las tecnologías de bajas emisiones.
El diseño y la aplicación de un programa así está ligado a superar varios retos, especialmente en temas de financiación y política. Es un objetivo alcanzable, y quizás incluso necesario, pero requiere un cambio significativo en materia de política, inversión y visión.
Aunque varios países están mostrando una ambición cada vez mayor, al lanzar varios planes de economía verde, y han suscrito acuerdos que prometen grandes implicaciones para la transición hacia un comercio más sostenible, los gobiernos regionales y sus socios internacionales en materia de comercio e inversión, deben dar pasos más ambiciosos que se ajusten a las oportunidades y retos para el futuro del comercio latinoamericano.
• Este artículo representa las opiniones del autor y no del Centro o de LSE
• Post basado en el informe El comercio en América Latina en la era del cambio climático: Impacto, oportunidades y opciones de políticas públicas, publicado por LSE en Londres.
• El foro Canning House es una alianza entre el Centro para América Latina y el Caribe de LSE y Canning House que tiene como objetivo promover la investigación y el compromiso político en torno al futuro de América Latina y el Caribe.
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• Traducción de María Clara Montoya
• Encabezamiento: Foto aérea de un río en la selva amazónica de Perú / Shutterstock
