Xiomara Castro toma posesión de la presidencia de Honduras en un momento en el que las mujeres están ausentes de los poderes ejecutivos de América Latina. Su triunfo es el de una líder con voz propia y si su coalición respeta el programa de Gobierno, que tiene como lema “Nada sobre nosotras, sin nosotras”, las oportunidades de las mujeres podrían mejorar en el país, escribe Flavia Freidenberg (UNAM y Red de Politólogas).

Xiomara Castro se ha convertido en la primera mujer presidenta de Honduras en las elecciones del pasado noviembre de 2021, cerrando doce años de gobierno del conservador Partido Nacional (PN). En un momento donde no hay mujeres en los poderes ejecutivos latinoamericanos, la elección de Castro es histórica. Con 1,716.793 de los votos válidos (51,12%), su triunfo es un acto revolucionario, dado que ha conseguido que su partido de izquierda, Libertad y Refundación (“Libre”), regrese al poder tras el golpe de estado contra su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, en 2009. Si bien muchos quieren verla como un simple apéndice de su cónyuge, la ex primera dama se ha transformado en una líder con voz propia al encabezar las protestas contra el golpe y al movilizar a amplios sectores del país a favor de su partido en la postulación a la presidencia en 2013 y 2021 y a la vicepresidencia en 2017.

Un triunfo en medio del rechazo al liderazgo femenino

Los resultados de estos comicios adquirieron una relevancia especial por el carácter contestatario de la candidata contra el status quo en un país dominado por los partidos tradicionales, que se han intercalado el poder por más de doscientos años como si fueran caciques. El proceso electoral de 2017 fue polémico: hubo exigencias de cambio tras las denuncias de fraude, veinte personas muertas y una gran desilusión popular. Hoy, Castro asume el desafío de gobernar un país azotado por la crisis económica, la pobreza estructural y la migración; la corrupción y la desigualdad; la inseguridad, militarización y la extrema desconfianza hacia la clase política y su capacidad para generar bienestar colectivo. Es más, cerca del 50 por ciento de la población hondureña decía en 2018 que no vivía en una democracia.

El éxito de Castro también ha sido emblemático en clave de género, debido a las dificultades que suelen enfrentar las mujeres hondureñas cuando quieren acceder y/o ejercer un cargo de representación popular. Aún cuando ellas son la mayoría de la militancia partidista y quienes más votan en las elecciones, los espacios de poder suelen ser poco amigables. Honduras es el país con la tasa más alta de feminicidios de América Latina; es uno de los más conservadores y los partidos funcionan como los principales gatekeepers para la participación de las mujeres. Cuando en 2018 hice entrevistas a las cúpulas de los partidos tradicionales (Nacional y Liberal), los dirigentes expresaban rechazo hacia el liderazgo femenino; se mostraban incómodos por mi interés en el tema y reproducían estereotipos sexistas y discriminatorios contra la posibilidad de que ellas ocuparan cargos.

Si bien el número de mujeres en los escaños legislativos se ha incrementado desde la instauración democrática en 1980, sólo han resultado electas en toda la historia democrática reciente (1980-2021) unas 169 diputadas frente a 1071 hombres legisladores. En la última legislatura, sólo el 21.1 por ciento de los escaños ha estado ocupado por mujeres según la CEPAL y la nueva integración legislativa no resulta muy diferente a lo que históricamente ha ocurrido. Aunque las mujeres esperan competir en igualdad de condiciones que los hombres, en la práctica conviven en un contexto cultural que subestima sus capacidades. Prueba de ello ha sido la virulenta “campaña negra”, basada en el odio, la discriminación y el miedo, impulsada contra la candidatura de Castro.

En ese sentido, la elección de la nueva presidenta no ha ido acompañada de una presencia abrumadora de legisladoras; no ha eliminado las simulaciones ni las prácticas violentas ni tampoco ha evitado tres de los mitos que cruzan al electorado hondureño: la creencia de que las mujeres no están capacitadas para gobernar; la visión de que la sociedad no está preparada para ser gobernada por liderazgos femeninos y la idea de que las mujeres políticas que consiguen llegar a cargos de poder deben tener capacidades excepcionales.

Triple candado institucional

¿Por qué si se exige paridad de género la representación legislativa nunca supera un 26 por ciento de mujeres? Honduras experimenta un triple candado institucional que limita la elección de las mujeres y que se evidencia en tres hechos. El primero es que la paridad se exige en las primarias y no en las elecciones. Esto funciona como una válvula de escape y permite que los partidos no cumplan con lo que dice la ley. Por otro lado, aún cuando la norma prevé el mandato de posición con alternancia, en la práctica no funciona en cremallera, sino que se permite que se ubique una mujer cada cinco ubicaciones de la lista. Por último, el sistema electoral no contribuye a la elección de mujeres, dado que el voto preferencial (o de elección por personas) facilita que el electorado elija candidatos hombres para los cargos de representación popular.

La ecuación es crítica. Pocas mujeres candidatas y pocas electas; debilidad del régimen electoral de género; válvulas de escape que filtran la capacidad de las reglas de hacer que las mujeres sean nominadas como candidatas; estereotipos, prejuicios y creencias de que el liderazgo debe ser masculino; violencia contra las mujeres que hacen política (por ser mujeres) y débil articulación de los actores críticos (académicos, activistas sociales, funcionarios, periodistas; justicia electoral) para impulsar reformas orientadas a cambiar esa dinámica de exclusión.

Los partidos simulan respetar lo que dicen las leyes, pero, en la práctica, ejercen violencia política de género. Lo hacen porque sus acciones no tienen costos legales ni políticos contra ellos. Las violentan porque pueden. El proyecto de ley contra la violencia política hacia las mujeres sigue en un cajón desde hace años y no ha habido voluntad para aprobarlo como sí ha ocurrido ya en diez países de la región. A la ciudadanía tampoco parece importarle que las mujeres sean sistemáticamente excluidas de la toma de decisiones. Si los votantes usaran su poder en las urnas para castigar a los líderes que violentan a las mujeres, sería más probable que se abstuvieran de ser violentos.

Nada sobre nosotras, sin nosotras: las reformas pendientes

El nuevo Congreso Nacional deberá continuar con los cambios que quedaron pendientes después de la reciente reforma electoral de 2020/2021. Entre tantas prioridades, destaca la discusión y aprobación de una reforma profunda en materia de participación y representación política de las mujeres que incluya la exigencia de la paridad de género en las elecciones generales, con listas cremallera (un hombre-una mujer-un hombre o viceversa) y fórmula completa (titulares y suplentes del mismo género) así como también la aprobación de la ley contra la violencia política por motivos de género.

El diseño actual no funciona y por eso es urgente romper el triple candado institucional. Si la coalición ganadora respeta su programa de gobierno y su misiva, “Nada sobre nosotras, sin nosotras”, las oportunidades de las mujeres podrían mejorar. El gran interrogante para los próximos meses será en qué medida Xiomara Castro podrá impulsar políticas que atiendan la enorme deuda pendiente con las mujeres y que lo haga impulsando la agenda feminista.

Notas:
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