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La pandemia del COVID-19 ha detenido muchos aspectos de la vida norteramericana, y los esfuerzos por mejorar la democracia estadounidense no han estado exentos. Fernando Tormos-Aponte Michael Latner escriben que activistas por la reforma electoral deben encontrar nuevos modos de ejercer influencia política en línea y abrir espacios virtuales para asegurar que las elecciones sean justas. 

Activistas por la democracia electoral habían logrado avanzar medidas legislativas con miras a mejorar el sistema electoral estadounidense—cuando de momento la pandemia del coronavirus alteró todo.

Una coalición masiva de organizaciones cívicas, ambientales, religiosas, y de justicia social dedicadas a garantizar el derecho al voto y la integridad electoral han estado abogando por cambios a nivel Federal y a todos los niveles de gobierno con la meta de frenar la erosión de la democracia estadounidense. Estos esfuerzos incluyen grupos con una trayectoria larga como The Leadership Conference on Civil and Human Rights y Common Cause, al igual que grupos emergentes como Declaration for American Democracy. Han reclamado reformas a lo largo de una serie de asuntos, desde el derecho al voto de exconvictos y la inscripción automática de votantes hasta eliminar la práctica de trazar distritos electorales de manera que favorezcan a un partído político. En el 2018 se movilizaron millones de activistas y votantes alrededor de los EEUU para apoyar este tipo de reformas.

El coronavirus perjudica este trabajo, entre tantas otras cosas. Se estima que adoptar medidas básicas que garanticen el voto de todos los votantes elegibles requerirá una inversión histórica de dos mil millones de dólares, y una movilización masiva en tiempos de distanciamiento físico. El movimiento por el derecho al voto, junto con administradores electorales y los expertos electorales de la nación, están pasando rápidamente a un modo de triaje. La prioridad ha pasado de ser reparar la democracia a salvarla.

A medida que vamos adoptando prácticas de distanciamiento físico, los defensores de la democracia electoral deben encontrar formas de continuar su activismo mientras hacen la transición de su trabajo a formatos digitales. Las tácticas de abogacía y acción directa que los activistas suelen desplegar en los espacios públicos, tales como reunirse con oficiales electos en los pasillos del Congreso y las legislaturas estatales, ahora deben darse virtualmente.

Movilizar en tiempos de crisis también significa que activistas tienen que asegurar su supervivencia mientras buscan nuevas formas de ejercer influencia política—y esto presenta retos para las comunidades que más necesitan ejercer este impacto.

Quienes residen en comunidades sin acceso a banda ancha, quienes tienen que cuidar a sus allegados, los desempleados, y las personas con escasos recursos enfrentan desafíos únicos que pueden obstaculizar su activismo.

Algunas organizaciones podrán hacer la transición de su trabajo en línea. Otras organizaciones carecerán de los recursos y capacidades para hacer esta transición. Algunas comunidades que enfrentan problemas accediendo a espacios físicos de activismo, tales como activistas con discapacidades, podrían aportar conocimiento y liderazgo.

Quienes quieran integrarse al activismo enfrentarán desafíos para ingresar en espacios virtuales. Ingresar en espacios virtuales a menudo requiere contraseñas, licencias de software, o algo tan simple como un enlace. Por otro lado, los esfuerzos para abrir espacios virtuales para todos pueden abrirles el paso a aquellos que buscan interrumpir el trabajo. Los espacios virtuales abiertos y el uso de programas de software que recopilan datos de sus usuarios también pueden facilitar la acción represiva. Sin duda, esta transición sin precedentes al activismo digital planteará nuevos desafíos para los organizadores.

Varios grupos activistas, funcionarios públicos, y centros de investigación, incluyendo el Brennan Center for Justice y el UCLA Voting Rights Project han generado un consenso científico en torno a una serie de objetivos para salvaguardar las elecciones. Se han enfocado en cuatro objetivos: inscripción de votantes en línea y abierto hasta el mismo día de las elecciones; asegurar que todos los votantes inscritos en los Estados Unidos tengan puedan votar por correo; permitir el voto temprano y en persona al menos una semana antes de la elección, con suficientes centros de votación estratégicamente ubicados de manera que eviten las filas largas y el estrés administrativo durante el día de las elecciones; asegurar que los votantes puedan rastrear electrónicamente sus papeletas enviadas por correo y tener un procesamiento preciso, que incluya amplias oportunidades para que los votantes verifiquen las papeletas rechazadas.

Para lograr estos objetivos, los servidores públicos deben buscar formas de escuchar y responder a sus constituyentes y grupos activistas en línea. Aunque ignorar las comunicaciones digitales puede ser más fácil para servidores públicos que ignorar a activistas que ocupan una oficina, urge que los servidores públicos le presten más atención a las comunicaciones electrónicas y de redes sociales. La continuidad y legitimidad del sistema electoral de los Estados Unidos está en juego.

Los esfuerzos activistas pueden ser exitosos. Defensores de la democracia han redactado cartas abiertas, recogido firmas en línea, invertido cientos de horas en llamadas y conferencias telefónicas y movilizado a través de las redes sociales. Este trabajo titánico de parte de funcionarios electoralescientíficos políticos, y defensores de la democracia logró obtener $400 millones del gobierno Federal para aumentar la capacidad de votar por correo, abrir instalaciones de votación adicionales y ampliar la votación temprana y la inscripción en línea.

Desafortunadamente, $400 millones representan menos de una cuarta parte de lo que se estima que se necesita para garantizar que cada votante en Estados Unidos pueda emitir su voto de manera segura en noviembre. El Congreso recesará al menos hasta mediados de mayo. Los defensores del derecho al voto no tendrán el lujo de recesar mientras busquen los fondos y protecciones necesarias para los votantes.

Mientras el distanciamiento físico limita la colaboración en persona, las tácticas activistas digitales se tendrán que ampliar para garantizar el derecho al voto. Pero así como los funcionarios y administradores electorales deben asegurarse que las reformas de emergencia cumplan el juramento hipocrático de “no hacer daño” a la hora de garantizar el derecho al voto, también los activistas deben trabajar para mantener espacios abiertos y participativos donde todos tengan voz en la configuración del destino de nuestra democracia.

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Nota: Este artículo presenta las perspectivas de su autor, y no la perspectiva de SApp– American Politics and Policy, ni de la London School of Economics.

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Sobre los autores

Fernando Tormos-Aponte – University of Maryland Baltimore County
Fernando Tormos-Aponte es becario postdoctoral en la University of Maryland Baltimore County, Visiting Scholar en Johns Hopkins University, y Kendall Fellow de la Union of Concerned Scientists.

 

 

Michael Latner – California Polytechnic State University
Michael Latner es profesor de ciencia política en California Polytechnic State University, y Kendall Voting Rights Fellow en el Union of Concerned Scientists. Su trabajo se enfoca en derecho al voto, sistemas electorales, y participación política.

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