La violencia ejercida por organizaciones criminales como Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho en Brasil se considera normalmente una forma de demostrar poder o inspirar miedo. La regulación de esta violencia a menudo ocurre a través de pactos criminales que pueden establecerse entre estos actores o también involucrar al Estado. Estos pactos no necesariamente sirven para eliminar la violencia, pero pueden reducir su visibilidad siempre y cuando las organizaciones criminales tengan incentivos para hacerlo, escribe Ludmila Quirós (Universidad Nacional de La Plata).

Brasil es considerado uno de los países más violentos del mundo. Con tasas de homicidio que alcanzaron la cifra de 30,3 personas por cada 100,000 habitantes en 2016, la violencia urbana no solo se ha expandido, sino que también ha cambiado de patrón. Esto significa que si bien la problemática sigue siendo estructural y multifacética, la violencia que hoy afecta a gran parte del Brasil está más relacionada con el crimen organizado que con la histórica brecha socio-económica.

La violencia como manifestación del crimen organizado

En este sentido, la expansión de organizaciones criminales para obtener el control de las rutas y los mercados de la droga en la región ha dado lugar a múltiples focos de enfrentamiento. Si bien el fenómeno está diseminado en todo el país de una forma bastante heterogénea, lo cierto es que durante los últimos años, la violencia comenzó a estar visiblemente más concentrada en los estados del Norte y Noreste del Brasil, donde facciones del Primeiro Comando da Capital (PCC), de Família do Norte (FdN) y del Comando Vermelho (CV) se disputan los corredores de abastecimiento de la droga.

A pesar de ello, la externalización de las fronteras criminales llevadas a cabo por las facciones del crimen organizado no se limita solamente al Brasil. De acuerdo con un reciente informe del Ministerio Público Estadual de São Paulo, el PCC ya mantiene bases en Argentina, Perú, Venezuela y Colombia. A su vez, se han reportado vínculos de ésta facción con organizaciones criminales del Este de África, con las cuales han pactado nuevas rutas del tráfico de droga. De ahí que la lógica de ésta guerra entre facciones criminales brasileñas por el control territorial obedezca a dos factores:

1. la emergencia de la ruta del tráfico de drogas América del Sur-África, que conecta a Brasil, Perú y Venezuela con el Golfo de Guinea – cuyo destino final es Europa y en segunda instancia Asia.
2. la consolidación de un mercado de consumo interno y el posicionamiento del Brasil como segundo mayor consumidor de cocaína a nivel global.

La violencia urbana perpetrada por las organizaciones criminales es una forma de manifestar poder y control sobre el territorio y frente al Estado. También puede ser utilizada como una respuesta frente a políticas de seguridad más agresivas, o incluso como una demostración de fuerza sobre otras organizaciones criminales.

Sin embargo, así como las organizaciones del crimen organizado son las principales responsables de la violencia urbana en Brasil, también pueden convertirse en actores que facilitan la reducción de la visibilidad de la violencia, cuando el Estado les provee incentivos para hacerlo. En este sentido, las facciones suelen pactar ejercer un mínimo valido de violencia criminal, a los efectos de reducir el grueso de homicidios que delata su actividad.

¿Quién está detrás de la (in)seguridad urbana en Brasil?

Si bien los pactos o treguas entre organizaciones del crimen organizado y/o entre estas y el Estado suelen ser inestables, un pacto criminal puede reducir el nivel de homicidios cuando las organizaciones involucran directamente al Estado como administrador de los incentivos para reducir la violencia y cuando las organizaciones criminales han alcanzado un nivel de cohesión organizacional y liderazgo que facilita el control territorial y la fiabilidad estratégica.

En el caso de Brasil, el fin de la tregua de casi dos décadas entre el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) que tuvo lugar en 2016, coincidió con la explosión de violencia en los presidios, la cual terminó extendiéndose a las calles de diversos Estados del Brasil. En este sentido, si bien la ruptura del pacto fue multicausal, la complejización estructural alcanzada por ambas facciones durante las dos décadas que duró el pacto, sumado a la estrategia de expansión nacional perseguida tanto por el CV como por el PCC, llevaron a que el avance de uno afecte el objetivo del otro, lo cual condujo indefectiblemente a la ruptura y a una declaración de guerra entre ellas.

En este contexto, las distintas políticas de seguridad aplicadas desde el Estado para erradicar la violencia derivada del crimen organizado, por ejemplo las Unidades de Policía Pacificadora o la militarización, han tenido generalmente un efecto temporal. Esto significa que si bien los índices de violencia urbana tendieron a reducirse al comienzo de cada implementación, la misma volvió a recrudecer luego de un plazo estimativo. Frente a este escenario, la pregunta que resta por hacerse es: ¿por qué?

El caso del Estado brasileño de Ceará y de su capital, Fortaleza pueden dar una respuesta tentativa. En ambos casos, la ruptura o el establecimiento de un pacto entre el PCC y el CV tuvo un impacto directo sobre el aumento o descenso de la tasa de homicidios en la región. Sin embargo, esta reducción en los índices de un cierto tipo de crimen (homicidio) parece haber producido un incremento de otros, tales como robos, hurtos y secuestros.

Si bien antes, durante y después de la presencia de las facciones pacificadas Fortaleza mostró significativas variaciones en el grado y la visibilidad de la tasa de homicidios, la falta de incentivos generado por la ausencia del Estado en el pacto criminal dio lugar a un acuerdo parcial que terminó cuando las dos facciones comenzaron a competir por monopolizar los mercados de la droga.

Sin visibilidad no hay violencia

De acuerdo a datos oficiales, Fortaleza es actualmente una de las ciudades más violentas del Brasil. Sin embargo, entre finales de 2015 y mediados de 2016 la pacificación promovida por la presencia territorial del Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital dio lugar a una reducción de los homicidios violentos que alcanzó el 37,6%. Si bien a nivel estatal la disminución de muertes violentas fue menos significativa, la menor visibilidad de la violencia urbana dio como resultado una percepción de seguridad temporaria.

La visibilidad de la violencia ejercida por las organizaciones criminales se refiere a si éstas exponen los crímenes que cometen o prefieren esconderlos. En este sentido, la exposición de los actos criminales tiene que ver con la demostración de poder o con la intención de generar temor. Sin embargo, si la visibilidad de la violencia se vuelve muy alta, las organizaciones criminales pueden quedar más expuestas al control del Estado, lo que en definitiva termina por perjudicarlas.

El establecimiento de un pacto o una tregua entre organizaciones del crimen organizado y el Estado tiene lugar cuando ambos actores son incapaces de controlar por si mismos los efectos del otro de forma exitosa. A pesar de ello, diversos estudios sobre pactos criminales y treguas que tuvieron lugar en América Latina nos enseñan que:

• un pacto puede reducir la visibilidad de la violencia pero no necesariamente eliminarla;
• los beneficios provistos por el Estado se traducen en incentivos para que los criminales acepten controlar la visibilidad de la violencia;
• los pactos resultan exitosos cuando las organizaciones criminales logran ocultar algo de la violencia que generan.

Tipos de pactos en Brasil

Durante los últimos años, Brasil ha dado diversos ejemplos de pactos criminales entre las organizaciones del crimen organizado entre si y con el Estado.

En el pacto entre el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, la lógica competitiva que subyace entre las facciones fue temporalmente suspendida por una lógica de cooperación, cuyo objetivo fue mantener a resguardo las actividades criminales del control estatal a los efectos de consolidar actividades delictivas como el comercio de drogas. Sin embargo, el creciente poder de ambas facciones y la falta de incentivos entre ellas para mantener la tregua volvió a incrementar la visibilidad de la violencia desencadenando una sangrienta guerra por todo el país.

Pero el pacto criminal entre el CV y el PCC no fue el único. En este sentido, el gobierno de São Paulo habría establecido un pacto con el PCC en enero de 2019 con el objetivo de negociar una tregua con grupos rivales como Guardiões do Estado (GDE) y Comando Vermelho que libraban una guerra urbana por el dominio de Ceará. En este contexto, el Estado de São Paulo habría acordado con los jefes de la segunda mayor facción criminal presente en Ceará su permanencia en los presidios del Complejo de Itaitinga y el traslado de 40 miembros de GDE y CV a prisiones de Rio Grande do Norte.

Por otro lado, las facciones suelen establecer alianzas temporarias con el objetivo de responder ante alguna política gubernamental. Esto es lo que ocurrió recientemente con facciones locales del PCC, el GDE y el CV de Ceará, por los cambios que el gobierno de Jair Bolsonaro buscó implementar en el sistema penitenciario federal.

El rol de los pactos criminales en la seguridad pública del Brasil

Este escenario nos permite establecer algunas conclusiones preliminares sobre el rol de los pactos criminales en la seguridad pública del Brasil.

En primer lugar, reconocemos que las facciones tienen poder pacificador, como en los casos de Fortaleza por el pacto entre PCC y CV y de Rio de Janeiro en 2015 por la dominación monopolista del PCC en los mercados ilícitos. Sin embargo carecen de incentivos para mantener un “balance de poder” cuando pactan entre si.

En segundo lugar, observamos que la lógica violenta de las organizaciones criminales brasileñas responde tanto a la respuesta del Estado para erradicarlas como a la competencia entre ellas por monopolizar los mercados y rutas de la droga.

Finalmente, sostenemos que si bien un pacto criminal entre organizaciones criminales y el Estado puede reducir la visibilidad de la violencia como en el caso del pacto entre el gobierno de São Paulo y el PCC para negociar con facciones rivales), el mismo no es capaz de eliminarla completamente. La seguridad pública en Brasil no parece depender tanto del tipo de política implementada sino del tipo de incentivos que el Estado le ofrece a las facciones criminales para que éstas accedan a reducir la visibilidad de la violencia.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
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