La pandemia ha puesto de manifiesto una realidad que las feministas han resaltado durante décadas: los cuidados, tanto remunerados como no remunerados, son esenciales para sostener la economía y la sociedad. Hoy, la región tiene la posibilidad de aprovechar la oportunidad y reforzar las políticas en materia de cuidados, escribe Belén Villegas Plá (Universidad de York)

Read this article in English

En las últimas décadas, los movimientos feministas han ganado protagonismo en la política latinoamericana, al destacar la importancia de abordar la violencia de género, la salud sexual y reproductiva y la división sexual del trabajo, entre otras muchas cuestiones de género. Muchos de estos temas han cobrado fuerza en la agenda de la región, sobre todo después de la crisis provocada por el covid-19.

Este es el caso de las llamadas políticas del cuidado, que ocupan un lugar central en la reforma de los sistemas de protección latinoamericanos, tradicionalmente débiles y precarios. ¿Qué son las políticas de cuidado? ¿Cuál es su importancia en la agenda feminista? ¿Y cuáles son los desafíos que los países deberán enfrentar para ponerlas en práctica?

La crisis y la visibilización de la economía de los cuidados

La crisis social, económica y sanitaria desencadenada por la pandemia ha tenido un impacto global, pero sus efectos se han notado especialmente en los países en desarrollo. Uno de los sectores más afectados ha sido la economía del cuidado, que comprende todo el trabajo no remunerado que tiene lugar en un hogar, además del trabajo de cuidados que se desempeña de forma remunerada en el mercado laboral. Este incluye los servicios públicos y privados destinados precisamente a atender a quienes se encuentran en situación de dependencia permanente o transitoria. Por ejemplo, los centros de atención y educación a la primera infancia, a las personas mayores y a quienes tienen alguna discapacidad. A su vez, el trabajo de cuidados no remunerado incluye una gran variedad de tareas, como el mantenimiento de la casa, la preparación de alimentos, las tareas educativas y de compañía, y otras actividades que no pueden realizarse sin la ayuda de otra persona.

Las feministas llevan mucho tiempo señalando esta problemática, pero fue la pandemia la que dio mayor impulso a esta agenda. Los diversos confinamientos y toques de queda aumentaron considerablemente la carga de cuidados en los hogares, especialmente por parte de las mujeres y, por tanto, la importancia del cuidado de la población dependiente se hizo más visible que nunca.  Esto abrió una ventana de oportunidad política para que las sociedades y los gobiernos tomaran conciencia del papel central de estas tareas y de la injusta división sexual del trabajo en la que se basan.

La pandemia ha catalizado el discurso feminista que, desde hace décadas, enfatiza la necesidad de construir políticas de cuidados como eje central de sociedades más justas e igualitarias. Estas medidas son aquellas que los Estados adoptan para generar corresponsabilidad de género en los cuidados, al igual que entre el Estado, las familias y el mercado.

Dicho de otra manera, la finalidad de estas políticas es reconocer, revalorizar y redistribuir el trabajo de cuidados entre hombres y mujeres y entre el Estado y el resto de las esferas sociales. Entre otras medidas engloban cuidados para la población dependiente, permisos parentales para cuidar, complementos económicos para pagar estos servicios.

Hasta 2020, Uruguay era el único país latinoamericano con un sistema de cuidados desarrollado. Pero a partir de ese año, varios países de la región han empezado a poner en marcha estas políticas. Argentina creó el Sistema Federal de Cuidados en el marco del también recién creado Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. En Colombia, Bogotá creó un Sistema de Cuidados distrital. Costa Rica aprobó una Política Nacional de Cuidados 2021-2031. A finales de 2020, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma que eleva el derecho al cuidado a rango constitucional, creando al mismo tiempo un Sistema de Cuidados.

La puesta en marcha de estas políticas en América Latina es un hito por dos razones. Primero, y aunque con importantes diferencias entre países, la región se ha caracterizado por la debilidad y precariedad de los sistemas de protección social.

Por otra parte, esta agenda está liderada por las reivindicaciones del movimiento feminista, algo inédito no solo en América Latina sino en el mundo. Pero como todo cambio importante, la ejecución de estas políticas exige enfrentar varios desafíos.

Los retos de la agenda de cuidados en América Latina

Si bien la inclusión gradual de las políticas de cuidados es clave en la construcción de sistemas sociales más justos desde un punto de vista social, económico y de género, considero que su ejecución se enfrenta a cuatro importantes retos en América Latina.

En primer lugar, Latinoamérica y el Caribe tienen que aumentar y mejorar la recaudación para financiar los sistemas de cuidados de larga duración. La evasión y el fraude fiscal así como las estructuras impositivas de carácter regresivo perjudican la capacidad de los Estados para contar con recursos suficientes que permitan sufragar estas iniciativas. Además, los recursos deben ser intransferibles y dedicados exclusivamente a dichas políticas si se pretende que sean duraderas. En este sentido, los cuidados tienen que convertirse en políticas públicas de Estado a largo plazo, con leyes y reformas que garanticen sus presupuestos de un gobierno a otro.

Por otro lado, los responsables políticos deben considerar la inclusión de una perspectiva feminista en todas las etapas para evitar sesgos de género que contribuyan a mantener los estereotipos y la división sexual del trabajo en este ámbito. Por ejemplo, al promover prestaciones de cuidados en favor de las mujeres, o permisos de maternidad prolongados sin establecer permisos de paternidad, se incrementan las responsabilidades de las mujeres. Lo mismo ocurre con las prestaciones económicas que se conceden únicamente a las mujeres para el cuidado de los hijos u otras personas dependientes.

En tercer lugar, estas medidas deben incidir en el reparto de los cuidados entre hombres y mujeres. La corresponsabilidad de género y la implicación de los hombres en el cuidado contribuyen a transformar el rol de masculinidad dominante. En este sentido, es necesario sensibilizar con campañas y estrategias de transformación cultural en los currículos educativos.

Por último, estas políticas públicas funcionarán mejor a medida que sean consensuadas por los diferentes agentes gubernamentales y sociales relacionados con el tema. Así, las políticas de cuidados deben incorporar mecanismos de participación que permitan la participación de los grupos en defensa de los derechos de las mujeres, los movimientos de personas con discapacidad y personas mayores, entre otros. La implantación de mecanismos de participación beneficia al Estado; le permite ser más receptivo a las demandas sociales y fortalece el empoderamiento de la ciudadanía.

En síntesis, los países latinoamericanos están viviendo una oportunidad única; la reforma y el fortalecimiento de los sistemas de protección social desde una perspectiva feminista es sin duda un hito en esta región. Este es el momento de sumar esfuerzos para que este impulso se consolide en el tiempo y contribuya a generar sociedades más igualitarias. La recuperación de esta crisis debe ser feminista, y en este sentido, es importante aprovechar esta oportunidad y fortalecer los mecanismos para consolidar las políticas de cuidado a largo plazo.

Notas:
• Este artículo representa las opiniones de la autora y no del centro o de LSE
• Traducción de María Clara Montoya
• Por favor lea nuestra política de comentarios antes de comentar
• Encabezamiento: Anthony Mujica Viera / Shutterstock