Los problemas de desarrollo de Guatemala son profundos y no pueden resolverse en un solo mandato presidencial. Pero antes de que el presidente electo Bernardo Arévalo y su equipo puedan empezar a solucionar estas carencias, tendrán que transformar la forma de hacer política en Guatemala, explica Rachel Schwartz (Universidad de Oklahoma).

El 20 de agosto, el reformista y diputado anticorrupción Bernardo Arévalo se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala al derrotar a la exprimera dama Sandra Torres. Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, triunfó con el 58% de los votos, frente al 37% de Torres. Arrasó en 17 de los 22 departamentos guatemaltecos y, en total, obtuvo el segundo mayor número de votos de un candidato presidencial en la historia de Guatemala.

Arévalo aseguró su victoria, pero el resultado distaba mucho de estar cantado. Casi nadie esperaba que estuviera entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta del 25 de junio y que pasara a la segunda vuelta. El candidato ha defendido el legado inclusivo y prodemocrático de su padre, el presidente Juan José Arévalo (1945-1951), que inició la Primavera Democrática de Guatemala que duró una década. El golpe de Estado de 1954, apoyado por Estados Unidos, truncó este periodo reformista, y desembocó en 36 años de guerra civil (1960-1996). Pero a pesar del legado de su padre, el presidente electo Arévalo era poco conocido: solo el 27% de los guatemaltecos declararon saber quién era días antes de la primera vuelta. Y esto se notó en las encuestas. Se preveía que Arévalo recibiera un escaso 3% de los votos, pero superó estas expectativas multiplicándolas casi por cuatro.

Este avance también sorprendió a los observadores nacionales e internacionales porque el gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-actualidad) maniobró para inhabilitar a los candidatos que prometieron desafiar el statu quo, el motivo central de la campaña de Arévalo. Funcionarios del Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) participaron en esta injerencia preelectoral. En la primera vuelta, Arévalo era prácticamente el último candidato antisistema en pie, lo que indicaba que el régimen no se tomaba en serio su candidatura y era una razón importante para que quedara en segundo lugar en la contienda del 25 de junio.

Después del éxito de Arévalo, el gobierno se ha valido de tácticas legales similares para disolver Semilla, criminalizando a los funcionarios electorales e intimidando a los funcionarios de las urnas. Sin embargo, la segunda vuelta siguió adelante, ya que la movilización nacional y la presión internacional llevaron a los anteriores aliados del régimen a afirmar la integridad de los resultados. Torres, una figura del establishment con un alto grado de desfavorabilidad, sufrió su tercera derrota consecutiva en la segunda vuelta. Fue una tormenta perfecta de circunstancias: errores estratégicos de la corrupta élite gobernante, una reacción nacional e internacional ante el intento de injerencia electoral y un adversario con un bajo techo de votos. Esto creó una oportunidad para lo que muchos esperan que sea la próxima “primavera democrática” de Guatemala.

Pero los retos a los que se enfrenta Arévalo, tanto para llegar al traspaso de poderes del 14 de enero de 2024, como para gobernar después, son enormes. A pesar del amplio margen de victoria y del reconocimiento nacional e internacional, los fiscales que intentaron desbaratar la segunda vuelta siguen a la ofensiva, continuando sus ataques legales contra los funcionarios electorales y los organizadores de Semilla. Aunque estas autoridades están más aisladas que nunca, es probable que la judicialización de la contienda de 2023 se prolongue hasta la toma de posesión de Arévalo e incluso podría persistir después.

Las tareas a las que se enfrenta Arévalo una vez en el cargo son también abrumadoras. Los alarmantes niveles de pobreza, desigualdad y desempleo reducen las oportunidades de vida de una gran parte de los guatemaltecos, especialmente en las zonas rurales indígenas del altiplano del país. Guatemala tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de América Latina y la sexta más alta del mundo. Las infraestructuras del país están en ruinas, como el enorme socavón que paralizó una de las principales autopistas del metro de Ciudad de Guatemala apenas dos semanas antes de la segunda vuelta. La evasión fiscal y la corrupción rampantes, que privan al sector público de inversiones muy necesarias, merman la calidad de las infraestructuras, así como de la sanidad y la educación. Las condiciones meteorológicas extremas debidas al cambio climático también han causado estragos en la economía guatemalteca, principalmente agrícola, y han impulsado la migración.

Los retos de desarrollo de Guatemala son profundos y no pueden resolverse en un solo mandato presidencial. Y antes de que el presidente electo Arévalo y su equipo puedan empezar a abordar estos déficits, deben enfrentarse a un problema mucho más fundamental: deben transformar la forma de hacer política en Guatemala. Por mucho tiempo, el país ha sido rehén de una débil alianza de intereses elitistas que, si bien no están totalmente unificados, cierran filas con facilidad cuando su poder político y económico, sus esquemas rentistas y su capacidad para eludir el Estado de derecho se ven amenazados. Esta coalición ha diseñado un sistema político basado en el saqueo de las arcas del Estado, la cooptación de las instituciones para eludir las sanciones y la concesión de contratos públicos a una clase económica depredadora a cambio de comisiones ilegales. Estas prácticas socavan directamente las funciones básicas del Estado, como la recaudación de impuestos, la defensa del Estado de derecho y la provisión de bienes y servicios públicos que tanto se necesitan.

Un sistema corrupto con raíces profundas

Como explico en mi libro, Undermining the State from Within: The Institutional Legacies of Civil War in Central America (Cambridge University Press, 2023), este sistema corrupto tiene unas raíces muy arraigadas. La coalición de élite que lo orquesta se forjó en medio de la campaña contrainsurgente de Guatemala a finales de los setenta y principios de los ochenta. Cuando los oficiales de inteligencia militar de alto nivel tomaron el control con el pretexto de eliminar la insurgencia izquierdista, no solo fueron testigos abusos masivos de los derechos humanos, sino que modificaron las reglas del juego en los organismos públicos, fomentando la corrupción y el crimen organizado. Más que aberraciones, estas prácticas se integraron en las propias instituciones del Estado.

A medida que se disolvía la violencia y las partes enfrentadas entablaban negociaciones, los líderes contrainsurgentes trataron de consolidar el orden de la guerra forjando una red más amplia de aliados: empresarios que se beneficiaban de acuerdos fiscales y de contratación fraudulentos, jefes del crimen que necesitaban impunidad para proteger los flujos de beneficios ilícitos y autoridades civiles que veían en el Estado una fuente de enriquecimiento personal. Cuando Guatemala abandonó el régimen militar en 1986, esta coalición dominante utilizó el débil sistema de partidos políticos, la privatización de los activos estatales y la cooptación de las instituciones judiciales para preservar sus intereses comunes en el nuevo entorno nominalmente democrático. Desde entonces, el sistema depredador ha resistido de forma notable.

Arévalo no solo se enfrenta a unas necesidades internas abrumadoras, sino también a prácticas corruptas que tendrán que desaparecer para poder alcanzar los objetivos de sus políticas sociales y económicas. La buena noticia es que a la hora de construir nuevas formas de consenso político Guatemala no parte de cero. Hay experiencias recientes que pueden guiar a Arévalo y Semilla en su intento de rehacer la gobernabilidad.

A mediados de la pasada década, Guatemala fue testigo de un sólido movimiento anticorrupción que se aglutinó en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas (CICIG), que se asoció con fiscales nacionales para destapar la corrupción estatal y fortalecer las instituciones. La campaña puso al descubierto una serie de tramas delictivas encabezadas por el gobernante Partido Patriota, cuyo presidente y vicepresidente fueron destituidos y encarcelados en 2015. Aunque la CICIG se enfrentó a una reacción de rechazo por parte de las élites y fue destituida en 2019, la amplia movilización contra la corrupción atrajo a simpatizantes de todas las clases sociales, etnias e ideologías. También catalizó el movimiento Semilla, que más tarde se transformó en un partido político.

La élite depredadora que ha mantenido el poder en Guatemala desde la época del conflicto sigue teniendo un gran poder. No obstante, el movimiento de oposición que se unió para defender la democracia durante las elecciones de 2023 ha descubierto las grietas de su coraza y ha plantado las semillas de un nuevo consenso social. Es la esperanza de que las reglas del juego político puedan rehacerse en beneficio de la mayoría, en lugar de permanecer en manos de unos pocos. Y cuando se trata de afrontar los retos cotidianos más urgentes a los que se enfrentan los guatemaltecos, éste es un primer paso indispensable.

Notas:
• Este artículo representa las opiniones de la autora y no del Centro o de LSE
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• Traducción de María Clara Montoya
• Encabezamiento:  Bernardo Arévalo in Santa María de Jesús, Guatemala. / Daniel Hernandez-Salazar (Shutterstock)