La desmovilización de este grupo armado es una oportunidad que no debe perderse. Dados la salida de las FARC y el proceso de paz con el ELN, puede llevar presencia estatal a todo el país y concretar el camino hacia la paz, escriben Juan David Gélvez y Michael Weintraub (Universidad de los Andes).

• Also available in English

El 31 de agosto de 2017, las Fuerzas Armadas de Colombia dieron de baja a Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, segundo hombre al mando del Clan del Golfo. Esta banda criminal se caracteriza por ser el principal grupo armado organizado (GAO) de Colombia, controlando más del 45% del narcotráfico nacional, explotando centenares de minas ilegales y haciendo una presencia fuerte en 22 de los 32 departamentos del país.

Los miembros del Clan del Golfo provienen en su mayoría de las extintas Auto-Defensas Unidas de Colombia (AUC) y de algunas guerrillas colombianas, como el Ejército Popular de Liberación; lo que evidencia que sus integrantes llevan una carrera criminal importante, basada en el negocio del narcotráfico y la intimidación directa contra la sociedad civil.

¿Será El Clan de Golfo el próximo grupo armado en bajar las armas? (Sylvain Liechti @ UN Photo, CC BY-NC-ND 2.0)

La evidencia empírica sugiere que, según el tipo de GAO, el descabezamiento de grandes líderes criminales, insurgentes o terroristas, produce escaladas de conflicto entre los actores involucrados. Este efecto se ve principalmente porque quedan cabezas pequeñas que luchan entre ellas para el liderazgo del grupo, o porque el gobierno central o local rompe con el status quo y esto produce una reacción bélica en los diferentes actores. Por lo anterior, es esperable que la muerte de Gavilán produzca un aumento de homicidios, extorsiones o explotación minera sin precedentes, entre otras acciones violentas por parte de este grupo armado.

Sin embargo, la respuesta de alias ‘Otoniel’ fue contraria a lo que sugiere la teoría. El máximo líder del Clan del Golfo solicitó que se estudiara la posibilidad de acoger su organización criminal a la justicia colombiana, con el objetivo de involucrar a las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y, de esta manera, obtener la paz completa.

En respuesta a este comunicado, el presidente Juan Manuel Santos le solicitó al Ministro de Justicia y al Fiscal General que se estudie la posibilidad presentada por ‘Otoniel’; aclarando que este proceso sería un sometimiento, más no una negociación. La diferencia es importante, si se considera que una negociación exige un tiempo mayor y una implementación de los acuerdos, como en el caso de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, mientras que un sometimiento requiere menores detalles: se acuerda la entrega de armas, la información de la organización, el tipo de justicia que se aplicará y el pago de la pena.

Dado el contexto anterior, surge la pregunta: ¿qué podría pasar en el futuro con este grupo criminal?

Al igual que otros investigadores, vemos con pesimismo el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, principalmente por tres características que evidencian su heterogeneidad:

  1. las diversas proveniencias de sus integrantes – ex paramilitares, ex soldados, ex guerrilleros, delincuencia común, entre otros – que forma un grupo sin ideología clara y con intereses y pasados sumamente complejos de afrontar
  2. su variada distribución por el territorio colombiano, pues aunque tengan fuerte presencia en el Urabá, gran parte de su organización se sitúa en cabeceras municipales y ciudades intermedias
  3. la disparidad de negocios que tienen los frentes de la GAO, mientras que algunos se concentran en el negocio del narcotráfico, otros se focalizan en explotación minera o extorsión a grandes compañías ganaderas y petroleras.

Por otro lado, vemos con preocupación las dificultades legales de entrar a un proceso de paz con una banda criminal. El Fiscal General ha insistido en el vacío jurídico que posee el código penal colombiano, para llevar a cabo un sometimiento a la justicia de un GAO.

Primero, por la dificultad de hacer un reconocimiento individual de sus integrantes, pues la mayoría no cuentan con una cédula de identificación que ayude a su reconocimiento.

Segundo, por la necesidad de unas actas de sometimiento, en la que los integrantes del Clan del Golfo reconozcan su participación en actividades criminales y, de esta manera, la Fiscalía pueda hacer su respectiva orden de captura.

Tercero, por las demoras del proceso judicial colombiano, en los cuales un caso puede durar más de dos años sin arrojar mayores resultados.

Cuarto, dado que las víctimas tomaron un rol importante en la política colombiana tras el acuerdo de paz con las FARC, un posible sometimiento a la justicia por parte del Clan del Golfo implicaría una incertidumbre sobre cuál sería la forma de reparación de las víctimas y si aplicaría la reparación y el perdón y olvido de otros procesos.

El sometimiento del Clan del Golfo podría contribuir al silenciamiento general de las armas en Colombia (Thomas Tucker, CC0)

A pesar de los retos jurídicos y políticos, los costos de perder esta oportunidad para acabar con el grupo criminal más grande del país son altos. Estamos frente a la posibilidad de ingresar a la legalidad a más de dos mil colombianos, los cuales en su mayoría son hombres jóvenes que viven en condiciones de marginalidad y con altos riesgos de continuar en la ilegalidad. En el marco de un posconflicto, el fin del Clan del Golfo abre la oportunidad de acabar con muchas fuentes de violencia que se presentan en las regiones; asimismo facilitaría procesos como la sustitución de los cultivos ilícitos o la entrada del Estado colombiano a rincones del país donde tradicionalmente no ha tenido una presencia.

Sin embargo, para que el desarme, la desmovilización y la reintegración de esta banda criminal se realicen correctamente, debe tenerse en cuenta varios de factores de riesgo. La presencia de otros GAO, como los frentes disidentes de las FARC, por ejemplo, dificulta que haya total adherencia a los acuerdos de todos los integrantes del Clan del Golfo, pues continuará el incentivo de seguir en la criminalidad o la presión para no dejar su negocio. Por otro lado, el limitado capital político del Presidente Juan Manuel Santos, el cual – a pesar de haber recibido un premio Nobel de Paz y poseer varios reconocimientos internacionales – cuenta con una desaprobación del 72% de los colombianos, lo que dificulta tener un respaldo de los partidos políticos y la sociedad civil.

En conclusión, el crimen organizado, en particular el Clan del Golfo, representa una amenaza fundamental para el proceso de paz con las FARC y para la estabilidad social y política de Colombia. Ha sido muy difícil contrarrestar su accionar delincuencial, dadas unas políticas antidrogas mal enfocadas y la dificultad de tener presencia estatal en todos los lugares del país.

Asimismo, es sorprendente la respuesta de ‘Otoniel’ a la muerte de su segundo al mando, ofreciendo la posibilidad de terminar su conflicto con el Estado. Pues como se presentó anteriormente, la evidencia demuestra que en conflictos con bandas criminales o narcotraficantes, suele incrementar los índices de violencia tras el descabezamiento de un gran líder.

Sin embargo, consideremos que la posibilidad de realizar un proceso de desmovilización con este grupo armado es una oportunidad que no debe perderse, aprovechando la salida de las FARC y el proceso de paz con el ELN, es la forma de llevar presencia estatal a todas las regiones del país y concretar el camino hacia la paz en Colombia.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Favor de leer nuestra política de comentarios (EN) antes de comentar


Juan David Gélvez – Universidad de los Andes
Juan David Gélvez estudió Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de Los Andes y actualmente se encuentra finalizando la maestría en Políticas Públicas en la misma universidad. Sus áreas de interés son la actividad policial, la prevención del crimen y el sistema judicial. Trabaja como investigador en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes.

Michael Weintraub – Universidad de los Andes
Dr Michael Weintraub es profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, donde dirige la Maestría en Políticas Públicas (MPP). Sus intereses incluyen el comportamiento de grupos armados en guerra civil, el crimen y el uso de métodos experimentales y cuasi-experimentales para la evaluación de impacto de políticas públicas. Weintraub es uno de tres investigadores principales de la Academia para el Análisis de Seguridad, un programa dedicado a la prevención de la criminalidad en Centroamérica, patrocinado por USAID.

Print Friendly