Entre el 13 y el 30 de junio, Ecuador vivió su segunda gran movilización social después de que el presidente de tendencia izquierda Rafael Correa terminara su periodo de diez años en el cargo en 2017. La movilización fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- para que el presidente de derecha Lasso responda a 10 demandas que cuestionan su programa de austeridad neoliberal, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las diez demandas de la CONAIE incluían detener el avance de las fronteras petroleras y mineras, introducir una moratoria en el servicio de la deuda y recuperar y focalizar los subsidios a los combustibles. Las protestas estuvieron marcadas por la violencia material y simbólica y estuvieron a punto de acabar con la destitución del presidente por parte de la Asamblea Nacional. El Dr. Geoff Goodwin y Erik Mozo nos cuentan más sobre esta histórica movilización social.

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Poco después de que Lasso iniciara su mandato presidencial de cuatro años en mayo de 2021, la CONAIE mantuvo conversaciones con su gobierno para intentar limitar su programa de reformas neoliberales y mejorar las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, el gobierno se negó a responder a las demandas del movimiento y, en cambio, se dedicó a acelerar la reestructuración neoliberal. Tras intentar encontrar una solución negociada, la CONAIE movilizó a sus bases y convocó una huelga indefinida en junio, a la que siguieron otros movimientos sociales.

La tensión y la violencia aumentaron rápidamente entre el gobierno y los manifestantes. Al día siguiente del inicio de las movilizaciones, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, fue detenido irregularmente por la policía por el supuesto delito de paralización de los servicios públicos. La detención de Iza encendió las protestas de la CONAIE al ser percibida como violencia simbólica y un uso arbitrario de la ley. La movilización indígena creció en escala, bloqueando varias carreteras centrales y ocupando espacios públicos. Esto llevó a la libertad condicional de Iza.

Lasso intentó evitar la escalada de la huelga decretando el estado de excepción, que suspendía el derecho constitucional a la protesta. En un esfuerzo por quitarle hierro a las protestas, también anunció una serie de medidas a pequeña escala destinadas a aliviar la crisis socioeconómica, incluyendo el aumento de las transferencias monetarias condicionadas a los hogares de bajos ingresos en 5 dólares al mes. Sin embargo, Lasso no respondió a las demandas de la CONAIE e Iza prometió continuar la protesta, centrada en la capital, Quito.

En un movimiento provocativo, a la víspera de la llegada masiva de los manifestantes indígenas a Quito, la policía ocupó y bloqueo la Casa de la Cultura, un espacio público autónomo que los pueblos indígenas han utilizado históricamente para refugiarse y celebrar asambleas durante las protestas. Ni siquiera las varias dictaduras militares que ha tenido Ecuador han ocupado la Casa de la Cultura por la fuerza.

Ante la llegada de miles de indígenas a Quito sin ningún lugar donde congregarse, algunas universidades abrieron sus puertas a los manifestantes y convirtieron sus recintos en zonas humanitarias. Estudiantes y profesores se ofrecieron para cocinar y ayudar a los manifestantes, mientras que los habitantes de Quito donaron alimentos y ropa.

Los pueblos indígenas se enfrentaron a una importante represión estatal en las calles – al menos seis personas murieron durante las protestas y muchas más resultaron heridas y detenidas.  La policía entró por la fuerza en al menos cuatro universidades durante las protestas, a pesar de que la Ley de Educación Superior se los prohibía. Organismos de las Naciones Unidas en Ecuador denunciaron el uso intensivo de gases lacrimógenos por parte de la policía en lugares donde descansaban mujeres y niños, mientras que Amnistía Internacional criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército.  También murió un soldado en un conflicto en la provincia amazónica de Sucumbíos, tras la militarización de la zona. Se saquearon vehículos y edificios de la policía en respuesta a la represión estatal. Mientras tanto, pequeños grupos de partidarios del gobierno protestaron contra las movilizaciones, especialmente en Quito.

Mientras las protestas crecían en las calles, la Asamblea Nacional estuvo a punto de conseguir una mayoría cualificada de dos tercios de los parlamentarios para destituir al presidente y convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas. El 24 de junio, la coalición de UNES, vinculada al ex presidente Rafael Correa, activó el artículo 130 de la Constitución, debido a “grave crisis políticas y conmoción interna”, por primera vez desde la promulgación de la Constitución de 2008. La propuesta obtuvo 80 de los 92 votos necesarios para alcanzar la mayoría cualificada y destituir a Lasso.

La movilización terminó con un acuerdo después de 18 días y dejó un resultado controvertido, un gobierno débil y una sociedad aún más dividida. Según una encuesta nacional de CEDATOS, el 50% de la población pensaba que la movilización de la CONAIE estaba justificada, y el 44% pensaba que no lo estaba. Sin embargo, el 64% de la gente no apoyaba los medios de la protesta, frente a un 31% que sí los apoyaba.

La división entre quienes apoyaron y estuvieron en contra de la movilización ha dado espacio para que se profundicen las divisiones étnicas y aumenten las expresiones racistas. Lasso y los miembros de su gobierno han contribuido activamente a ello al presentar a la CONAIE como un movimiento violento que pretende crear el caos y derrocar al gobierno, reproduciendo figurativos racistas sobre los pueblos indígenas. El apoyo y la credibilidad del gobierno también cayeron con fuerza durante las protestas. En junio, según la encuesta nacional de Perfiles de Opinión, el índice de aprobación de Lasso era del 17%, cayendo 13 puntos en un mes. Esto, junto con una mayoría de parlamentarios que votaron a favor de la destitución de Lasso y del adelanto de las elecciones, deja a un presidente y a un gobierno debilitados en varios frentes.

En el acuerdo para detener las protestas, la CONAIE no cumplió con sus 10 demandas, pero logró algunos resultados significativos. En primer lugar, la gasolina extra y el diesel recibirán 15 centavos más de subsidio por galón (la CONAIE pedía inicialmente 40 centavos), y el gobierno garantizó que el subsidio a la gasolina se focalizará más en la agricultura. El gobierno también ha declarado que limitará la expansión de la frontera petrolera para proteger los territorios de los pueblos indígenas, y se prohibirá la minería en áreas protegidas, territorios ancestrales, zonas intangibles, arqueológicas e hidrológicas protegidas. Se están llevando a cabo conversaciones entre el gobierno y los movimientos sociales implicados en las protestas sobre los temas pendientes.

La última movilización social de Ecuador presenta un caso de estudio intrigante para las luchas contra las políticas de austeridad neoliberales en América Latina en el siglo XXI, similar a las que ocurrieron simultáneamente en Ecuador, Colombia y Chile en 2019. En Colombia y Chile se han votado gobiernos de izquierda para responder a las demandas de los manifestantes. La última movilización en Ecuador podría acabar produciendo un resultado similar. Sin embargo, esto requeriría una reflexión crítica sobre los errores de los gobiernos de izquierda del pasado y la construcción de un amplio frente progresista que aproveche el poder y la autonomía de los movimientos indígenas del país.

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Image credit: Lou Gold via Flickr