En lugar de tratar a las mujeres como dependientes o inferiores, las reparaciones podrían reforzar la construcción de ciudadanía con perspectiva de género en el largo plazo. Hace falta cambiar su enfoque, escribe Sanne Weber (University of Birmingham).
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En las últimas décadas, la atención de los medios, las reformas legales y los acontecimientos políticos han puesto el género en la agenda internacional de construcción de paz y justicia.
Hoy se reconoce que para superar un pasado conflictivo, los mecanismos de justicia transicional como comisiones de la verdad, juicios y reparaciones, deben diferenciar los efectos del conflicto según el género. Sin embargo, en ocasiones, esto se reduce a adoptar el “lente de las mujeres” pero no hay un intento genuino de analizar los efectos del conflicto de manera diferenciada.
Mis investigaciones revelan que esto dificulta transformar las vidas de las sobrevivientes y lograr la paz y la reconciliación con igualdad de género, a las que esas medidas claramente aspiran. Pero hay maneras de superar esos obstáculos y desafiar las desigualdades de género que hicieron a las mujeres vulnerables a la violencia de género.
Justicia transicional en Colombia: la Ley de Víctimas de 2011
Colombia ha sufrido uno de los conflictos internos más prolongados pero también ha sido pionera en el diseño de enfoques innovadores en la justicia transicional.
La Ley de Víctimas de 2011, por ejemplo, promueve la restitución de tierras y las reparaciones individuales y colectivas de millones de sobrevivientes, cuyas vidas promete transformar. Aparte de este enfoque transformador, la Ley adopta un “enfoque diferencial”, que incluye también la dimensión de género.
El efecto del enfoque diferencial en las relaciones de género es visible para los hombres y mujeres de dos remotas comunidades agrícolas en Chibolo, Magdalena. Ambas fueron desplazadas por grupos paramilitares y, pasados más de diez años, ahora son experiencias piloto en la aplicación de la Ley de Víctimas.
Género en Chibolo, durante y después del conflicto
Como en otros contextos rurales en América Latina, los roles de género en estas comunidades tienden a ser tradicionales. Los hombres son ‘jefes’ del hogar y les corresponde generar ingresos y participar en las actividades públicas, en las que tienen la voz y el voto de la familia.
Las mujeres se encargan de las tareas de cuidado y del hogar, que no generan ingresos y son menos apreciadas; debido a la falta de servicios de acueducto, gas y energía, estas tareas son más agotadoras y demoradas, lo que a su vez reduce la participación femenina en actividades públicas y comunitarias, afectando su sentido de agencia y ciudadanía.
El desplazamiento no cambió estos rígidos roles de género. Muchas familias se fueron a las ciudades, donde la experiencia agrícola de los hombres no era muy apreciada. Para compensar la pérdida de ingresos familiares las mujeres tuvieron que salir a trabajar, pero los roles de género no cambiaron.
Las mujeres asumieron este nuevo rol sin que las tareas de cuidado y del hogar disminuyeran, de manera que los roles de género no cambiaron estructuralmente. La doble carga, doméstica y laboral, apenaba a algunas y angustiaba a otras, pero su papel en la subsistencia de la familia también era motivo de orgullo.
El retorno de las familias a la tierra de donde fueron desplazadas ha restaurado los viejos roles de género, reduciendo el estrés que sufrían las mujeres y revitalizando la masculinidad a los hombres.
Estos cambios temporales en los roles de género, podrían ser un primer paso para reconocer los roles de la mujer y reflexionar sobre la necesidad de unas relaciones de género más equitativas. Sin embargo la Ley de Víctimas pasó por alto esta oportunidad y, en cambio, encasilló a las mujeres en sus roles tradicionales.
La restitución de tierras adjudica los títulos a hombres y mujeres de manera conjunta, reconociendo su relación con la tierra, pero en la práctica se ha prestado poca atención a esta medida y se ha priorizado la conexión masculina con la tierra.
Por ejemplo, los proyectos financiados como parte de la restitución, se han enfocado en apoyar las actividades ganaderas de los hombres olvidando las actividades agrícolas de las mujeres.
La Unidad de Restitución de Tierras eventualmente reconoció esta limitación y puso en marcha proyectos específicos para mujeres argumentando que “no queremos causar peleas maritales”.
Esto refleja cómo, con frecuencia, es más fácil hacer algo en nombre de las mujeres que tomar medidas para ampliar su participación en la toma de decisiones.
Lo mismo puede decirse del proceso de reparación, cuya estrategia incorpora una perspectiva de género que tiene en cuenta la violencia sexual pero omite otras formas de violencia que las mujeres sufrieron durante el conflicto así como el machismo que experimentan a diario.
A pesar del predominio masculino en las reuniones comunitarias, en Chibolo no se promovió activamente la participación de las mujeres en el proceso de reparación colectiva. A las mujeres se les pidió preparar los alimentos para las reuniones, reforzando su papel tradicional y obstaculizando su participación en la toma de decisiones.
La reactivación de los comités de mujeres que existían antes del desplazamiento tampoco se priorizó, lo que limitó la reparación de las mujeres a una simple compensación económica.
Con frecuencia, la Unidad para las Víctimas y muchas otras organizaciones en Colombia representan a las mujeres como ‘hacedoras de paz’ con la capacidad para reconstruir a sus comunidades, pero este discurso no se traduce en medidas que transformen el contexto patriarcal en que viven. Además, la dupla víctima-hacedora de paz no refleja la complejidad de las experiencias de las mujeres ni amplia su rol como actoras sociales y económicas.
De madres y víctimas a ciudadanas
Las mujeres de Chibolo requieren medidas para “ganar mayor independencia de sus cónyuges” y para ayudar a sus familias a “salir adelante”; consideran que la educación les permitiría mejorar su auto-estima y le daría un mejor futuro a sus hijas, hijos, nietos y nietas. Les gustaría recibir capacitación y participar en proyectos que incrementen su autonomía económica y diversifiquen los ingresos familiares en un contexto rural cada vez más difícil.
También buscan fortalecimiento organizacional para hacer valer sus derechos y obtener apoyo para mejorar el bienestar de sus familias. En general, prefieren medidas que refuercen su agencia como mujeres.
La mejoría en la situación de las mujeres puede chocar con la resistencia de los hombres, por lo que es vital que los esfuerzos para corregir esas desigualdades incluyan a los hombres en procesos de reflexión sobre las relaciones de género y sobre la necesidad de que sus masculinidades sean diferentes, menos opresoras. Esta estrategia de género está ausente en la Ley de Víctimas.
La capacitación para la práctica activa de la ciudadanía abre la puerta a la reflexión conjunta de hombres y mujeres sobre las responsabilidades que comparten en el bienestar de sus familias y comunidades. Así, en cambio de reforzar la idea de que las mujeres son víctimas dependientes e inferiores, las reparaciones podrían ser un paso hacia la construcción de ciudadanía de ellas y ellos en el largo plazo.
Podría ayudar también a que hombres y mujeres fueran más conscientes y estuvieran mejor equipados para transformar sus vidas y para reducir las desigualdades estructurales de género de manera sostenible.
Notas:
• Las opiniones expresadas aquí son de los autores y no reflejan la posición del Centro o de la LSE
• Esta publicación se basa en el artículo de la autora “From Victims and Mothers to Citizens: Gender-Just Transformative Reparations and the Need for Public and Private Transitions” (International Journal of Transitional Justice, 2017)
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