La legalización del aborto en Argentina es un gran logro en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer para que las mujeres logren paridad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural, política y familiar, en lugar de ser definidas por la reproducción y la maternidad, escriben Pia Riggirozzi (University of Southampton) y Jean Grugel (University of York).

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Los derechos reproductivos de la mujer son derechos humanos. El derecho de las mujeres a la salud incluye la obligación de los Estados de respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Por esa razón, hay mucho que celebrar sobre la reciente decisión del Senado argentino de aprobar una legislación que permite el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. Esto es particularmente cierto en el contexto del COVID-19, que ha exacerbado las desigualdades de género existentes en una escala sin precedentes.

No obstante, esta ley representa sólo el comienzo de una nueva etapa en la lucha por los derechos reproductivos en Argentina y, de hecho, en Latinoamérica en general. Será necesario centrarse en el fortalecimiento de capacidades para hacer cumplir y respetar la ley, en especial para las mujeres pobres y vulnerables, así como en cambiar normas sociales, arreglos institucionales y relaciones de poder profundamente discriminatorias. Sólo entonces Argentina podrá abordar la “brecha de ejecución” entre derechos legales sancionados y la realización efectiva de derechos en salud reproductiva. De lo contrario, la nueva ley no logrará cumplir el derecho a la salud reproductiva, el bienestar y la dignidad de todas las mujeres y niñas.

Derechos reproductivos y ciudadanía (des)igual en Latinoamérica

Los derechos reproductivos están en el centro de la lucha por la igualdad de género de mujeres y niñas. Los derechos reproductivos significan más que salud reproductiva entendida como un mínimo sanitarista o medicalización de la reproducción. Asegurar que las mujeres puedan ejercer una ciudadanía plena e igualitaria significa defender su lugar en la sociedad no por medio de la reproducción y la maternidad, sino por su autonomía e igualdad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural, política y familiar.

Garantizar los derechos reproductivos es una obligación de los Estados, no sólo a través de instrumentos legales sino también en términos de desafiar las normas sociales conservadoras que asignan roles específicos de la mujer en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad en general. Los Estados deben legislar para promover los derechos reproductivos y eliminar la “brecha de ejecución”, como se ha declarado en la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Aunque muchos Estados latinoamericanos han firmado y ratificado la CEDAW, la región sigue representando una gran grieta en términos de cumplimiento con derechos reproductivos internacionales y posee algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo.

Tres países —Chile, El Salvador y República Dominicana— no prevén excepciones ni circunstancias atenuantes, y consideran el aborto un delito en todos los casos. En la mayoría de los países, las excepciones son válidas solo cuando es necesario salvar la vida de una mujer embarazada o en un pequeño conjunto de circunstancias definidas muy estrictamente. En El Salvador y México, las sentencias de cárcel para mujeres acusadas de interrumpir su embarazo pueden alcanzar de 40 a 50 años respectivamente.

Para la mayoría de las mujeres de la región, el aborto es clandestino, riesgoso e inseguro. En consecuencia, puede acarrear complicaciones potencialmente mortales a causa de hemorragias e infecciones; causarles daños a largo plazo en el cuello uterino, vagina, útero y órganos abdominales; o incluso resultar en la muerte.

El “conservadurismo persistente” asociado a agrupaciones civiles, partidos políticos y grupos religiosos influyentes ha bloqueado hasta ahora cambios legales para ampliar los derechos relacionados con la interrupción del embarazo, la anticoncepción y la sexualidad. Esto también ha relegado de manera efectiva el deber del Estado al transferir la responsabilidad a las mujeres y alentar a la sociedad a regular su comportamiento, sin tomar en cuenta las barreras legales, materiales y socioculturales que ellas enfrentan para acceder a anticoncepción y aborto seguro.

En la práctica, esto significa humillar, criminalizar y castigar a las mujeres de manera desproporcionada. Esto es especialmente crítico en el caso mujeres en situación de pobreza, de minorías étnicas, de zonas rurales, con preferencias sexuales no binarias o madres solteras, todas las cuales enfrentan un mayor riesgo de morbilidad e incluso muerte.

Movilizaciones por derechos reproductivos en Argentina

Sobre la base de una larga historia de movimientos feministas y de mujeres en Latinoamérica, Argentina se ha convertido en uno de los principales focos de protesta feminista en la región. Movimientos sociales y activistas han exigido el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluido lo que la antropóloga argentina Rita Segato ha llamado femigenocidio.

El 3 de junio de 2015, unas 300,000 personas se reunieron en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, y convirtieron las protestas #NiUnaMenos en uno de los movimientos más visibles e importantes por los derechos de las mujeres y la igualdad de género que haya tenido lugar en Latinoamérica. Con protestas posteriores, como el “Miércoles negro” en junio de 2016 y la primera Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017, que reunió a activistas de unos 60 países, #NiUnaMenos movilizó a las mujeres como portadoras de derechos y abrió un debate público y político sin precedentes.

Los derechos reproductivos se transformaron en un tema crítico no sólo para la salud, sino para la democracia misma. Como lo expresó la activista argentina Nelly Myniersky:

Desde 2007 veníamos presentando proyectos para la despenalización del aborto, pero nunca habíamos alcanzado ese nivel de difusión. … Cuando en 2018 logramos ese millón y medio de gente en la calle y que se aprobara en Diputados, fue como si se hubiera abierto una compuerta. … Nos dimos cuenta de que éramos más importantes de lo que nosotras mismas pensábamos. … Porque antes no se hablaba como se empezó a hablar a partir de ese momento en todos lados sobre el aborto.

La legalización del aborto en Argentina importa, pero no es suficiente

La tasa promedio anual de embarazos no deseados en Latinoamérica entre 2015 y 2019 fue de 69 embarazos por cada 1000 mujeres, de los cuales, poco menos de la mitad resultó en abortos clandestinos e inseguros. Esta tasa de embarazos no planeados es el resultado de un fracaso generalizado en la región para abordar problemas de violencia sexual e igualdad de género.

Las niñas, incluso entre las edades de 9 y 14 años, a veces se ven obligadas a ser madres, a menudo como resultado de violación. En un caso en Argentina en 2005, una mujer joven fue violada, dio a luz en secreto en su casa después de ocultar el embarazo y luego sufrió un episodio psicótico posparto que culminó con el apuñalamiento del bebé. Como resultado, fue condenada a cadena perpetua.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de Argentina, entre 2011 y 2016, aproximadamente 275,000 mujeres y niñas fueron ingresadas al hospital debido a complicaciones por abortos ilegales. Más de 40,000 de esas admisiones sucedieron sólo en 2016, y 6,100 de ellas involucraron a niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 19 años de edad. Human Rights Watch ha estimado que cada año se realizan entre 370,000 y 522,000 abortos en Argentina, lo que resulta en un gran número de muertes por complicaciones.

Con la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 14 de enero de 2021, Argentina garantiza el aborto gratuito y deja de criminalizar a las mujeres por interrumpir la gestación. Esto lo convierte en uno de los pocos países de la región – con Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay – cuyas leyes permiten el aborto voluntario y seguro. Por lo tanto, el aborto ha pasado de ser permitido sólo en un conjunto muy limitado de circunstancias a ser algo mucho más cercano a una cuestión de elección autónoma y por derecho. Aunque esto por sí mismo no eliminará la violencia sexual o las desigualdades de poder de género, es un paso en la dirección correcta y un gran avance en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Dicho esto, aún queda trabajo por hacer para que todas las mujeres y niñas tengan acceso a los derechos consagrados en la nueva ley. Para que eso suceda, Argentina, como el resto de la región, tendrá que rechazar las normas sociales que condenan y humillan a mujeres y niñas por los actos de violencia que se ejercen sobre ellas.

Asegurar que todas las mujeres tengan acceso a sus derechos reproductivos requerirá que el Estado derribe las barreras que enfrentan particularmente las mujeres y niñas en situación de pobreza, de grupos étnicos y otros grupos minoritarios. Esto significa mayor acceso a servicios de aborto y postaborto, mejor información, expansión de clínicas de salud debidamente financiadas, inversión en educación, programas para contrarrestar la estigmatización y acciones para evitar que movimientos y posturas conservadoras bloqueen servicios usando reclamos de “objeción de conciencia”.

La batalla siguiente en la campaña por los derechos reproductivos en Latinoamérica será presionar por una reforma aun más progresiva y una acción estatal consistente en estas áreas, aunque el éxito de los movimientos sociales por lograr la legalización del aborto en Argentina aún debe celebrarse hoy.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Traducción de Amanda Sucar Warrener
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