El estado de Guerrero en México tiene un largo historial de reivindicaciones sociales y padeció la efervescencia de las guerrillas en las décadas de 1990 y 2000. Las campañas de erradicación de cultivos ilícitos funcionaron como estrategia de control de personas “políticamente incómodas” en una región estigmatizada, tal y como pudo comprobar Irene Álvarez (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México).

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Durante mucho tiempo, los gobiernos de México han recurrido a la necesidad de erradicar los campos de amapola como argumento para justificar la militarización de las regiones y llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia. En nuestro artículo In the Name of Poppy: Eradication and Counterinsurgency in Southern Mexico (Alvarez, Gaussens & Frissard, 2022) para la revista Journal of Illicit Economies and Development de la London School of Economics (LSE), presentamos evidencia de que las operaciones militares ocurren en municipios donde no hay una producción significativa de opiáceos, pero en cambio, hay presencia de movimientos guerrilleros.

Estas operaciones militares tienen lugar en el marco de campañas de erradicación de plantaciones de amapolas. Sin embargo, argumentamos que esas acciones hacen parte del proceso de construcción de Estado en territorios que, por una u otra razón, representan una amenaza. En otras palabras, las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos pueden ser interpretadas como formas de gobernar geografías y cuerpos “problemáticos”, como explicó Mariana Mora en 2017.

Para abordar este tema, desarrollamos una metodología que integra análisis estadístico, trabajo de campo etnográfico e investigación hemerográfica para verificar que la presencia de fuerzas armadas en algunas regiones mexicanas que se supone están desplegadas para eliminar opiáceos no resulta convincente. De hecho, la producción de esas sustancias es prácticamente inexistente.

Nuestra investigación se centra en Guerrero, un estado del sur de México con una larga historia de reivindicaciones sociales, y donde destaca la efervescencia guerrillera de las décadas de 1990 y 2000. Un protagonista clave en esta historia es el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Este movimiento guerrillero surgió el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de una ofensiva policial que se saldó con el asesinato de 17 campesinos, incidente conocido hoy como la masacre de Aguas Blancas. Una rama importante del EPR fue el Ejército Popular Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que se formó en 1997.

Dos municipios con altos índices de erradicación de amapola  

El primer caso que analizamos es el de Atoyac de Álvarez, municipio que a finales de los años noventa y principios de los 2000 albergó a movimientos guerrilleros como el EPR. Es importante señalar que fue precisamente en ese periodo (1997-2002) cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó la destrucción de 5,000 hectáreas de amapola, aunque se trata de una cifra controvertida debido a que el cultivo de esta planta es escaso por las condiciones climáticas y la altitud de la región.

Presentamos solicitudes de acceso a la información a tres dependencias gubernamentales -Sedena, Procuraduría General de la República y Secretaría de Marina- a través del Sistema Nacional de Transparencia. Sus respuestas nos permitieron recopilar datos anuales por municipio o estado sobre las plantaciones de amapola que cada dependencia declaró como destruidas.

La población local de esta zona recuerda con mucha nitidez una fuerte presencia militar y, según sus testimonios, esos soldados no destruyeron las plantaciones de cultivos ilícitos, sino que hostigaron a la población en general.

El segundo caso se centra en Ayutla de Los Libres, un municipio indígena donde la Sedena informó de la erradicación de casi 40.000 hectáreas de cultivos de amapola entre 2003 y 2006. Para entonces, la movilización guerrillera estaba activa no solo en Guerrero sino en otras partes de México, lo que provocó el despliegue de una fuerte presencia militar en una zona donde la producción de amapola era marginal. Entre 1996 y 2013, los grupos guerrilleros tuvieron presencia en al menos 32 municipios de Guerrero.

Al igual que en el caso de Atoyac de Álvarez, las evidencias etnográficas muestran que las acciones de aquellos soldados estuvieron más orientadas a la búsqueda de miembros de la guerrilla que a la destrucción de cultivos de amapola.

Los datos recopilados nos llevan a argumentar que esos operativos antinarcóticos fueron, en realidad, acciones de contrainsurgencia lanzadas contra poblaciones campesinas e indígenas en zonas rurales del sur de México. Creemos que las campañas para erradicar los cultivos ilícitos actuaron de hecho como una estrategia para controlar a las personas “políticamente incómodas”.

Para la gente que vivía en regiones estigmatizadas de Guerrero como Atoyac de Álvarez y Ayutla de Los Libres, las detenciones, inspecciones y hostigamientos sufridos por parte de las fuerzas armadas mexicanas se convirtieron en experiencias cotidianas que solo se explican por el hecho de vivir en territorios liminales.

Las incursiones de la Sedena en esas tierras fueron elementos para dar una solución geográfica a la crisis política que encarnaban los movimientos guerrilleros. En consecuencia, estas acciones antinarcóticos funcionaron como una forma de represión política frente a las amenazas de movilización social.

Notas:
• Este artículo representa las opiniones de la autora y no del Centro o de LSE
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• Este post se basa en el artículo In the Name of Poppy: Eradication and Counterinsurgency in Southern Mexico publicado en la revista Journal of Illicit Economies and Development de LSE
• Encabezamiento: A Mexican soldier carries poppies in an illegal field in Mexico / Octavio Hoyos (Shutterstock)