Los dictadores se distinguen por su afán de permanencia en el poder. Y eso no varía en el caso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo. Ortega recuperó la presidencia en 2007, 17 años después de perder las elecciones contra la oposición. Hoy está en su cuarto mandato consecutivo y, a pesar de haber liberado al país de una dictadura durante la década de 1970, él mismo se ha convertido en un dictador. Désirée Reder (German Institute for Global and Area Studies – GIGA) contextualiza la liberación de 222 presos políticos en Nicaragua en el marco de la trayectoria represiva del régimen desde 2018.

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La violenta respuesta a unas protestas menores en Nicaragua en abril de 2018 provocó la indignación de todos los grupos sociales y dio lugar a movilizaciones en todo el país. La violencia desproporcionada contra manifestantes pacíficos fue la chispa que hizo que muchos nicaragüenses expresaran su descontento acumulado. Durante años, Daniel Ortega ha sido objeto de crecientes críticas por corrupción, tendencias autocráticas y nepotismo, especialmente porque su esposa también se convirtió en vicepresidenta de Nicaragua en 2017, y sus hijos ocupan cargos políticos centrales o dirigen empresas vinculadas al Estado. Además, su gobierno ha consistido en desmantelar las instituciones y los procesos democráticos, provocando crisis migratorias y económicas. Pronto las demandas escalaron hacia elecciones anticipadas e incluso la dimisión del presidente Ortega.

Como la ilegalización de las protestas, la intimidación y la violencia desproporcionada contra quienes protestaban de forma pacífica no tuvieron el efecto disuasorio previsto, el régimen recurrió a la represión por otras vías. En un principio, el foco se centró en atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, eliminando la presencia de prensa independiente en el país. Más adelante, de cara a las elecciones presidenciales de 2021, eliminaron toda competencia real encarcelando a opositores políticos que posiblemente se presentarían como candidatos y que están entre quienes han sido liberados. A esto siguió el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021 y en las municipales de 2022, ambas con una participación mínima como forma de protesta silenciosa.

La criminalización de la libertad de expresión

Todas estas medidas se legalizaron mediante varias leyes, que penalizaban la libertad de expresión, asociación, movimiento y participación política. Más de 50 figuras de la oposición fueron consideradas “traidoras”, condenadas por la llamada “Ley de Soberanía”, o acusadas de difundir discursos de odio, condenadas por la “Ley de Ciberdelitos”. En 2022, el gobierno se volvió contra las universidades, las ONG y las iglesias, restringiendo aún más el espacio para la sociedad civil. Se cerraron más de 12 universidades, se expulsó a diplomáticos extranjeros que habían condenado las acciones del régimen y las iglesias sufrieron unos 400 ataques impulsados por el Estado entre 2018 y 2022. Basándose en la “Ley de Agentes Extranjeros”, se cancelaron más de 3.000 licencias, y eso provocó el cierre del 43% de las ONG en diciembre de 2022.

En febrero de 2023, el gobierno nicaragüense hizo un movimiento inesperado: Liberó a 222 de los más de 275 presos de conciencia. Algunos habían pasado años en las conocidas cárceles nicaragüenses El Chipote y La Modelo. Esta medida sorprendió por varios motivos: el régimen de Ortega había ignorado anteriormente los llamamientos de la comunidad internacional para que liberara a los presos, y el encarcelamiento de opositores al gobierno formaba parte de la escalada represiva de los últimos años. Entonces, ¿por qué la liberación de los presos políticos en Nicaragua tiene un sabor amargo?

La liberación de presos políticos nicaragüenses

Lo que podría parecer una medida humanitaria se ve de forma muy distinta cuando se considera la situación en conjunto. La liberación de los presos políticos fue combinada con su expulsión del país y la retirada de su nacionalidad. Los presos supieron de su liberación y de las condiciones de la misma cuando llegaron al aeropuerto. Dos de ellos no aceptaron estas condiciones y decidieron quedarse en el país, aunque ello implicara ser encarcelados de nuevo. Entre ellos se encontraba el obispo Rolando Álvarez, que fue trasladado a una celda de alta seguridad y condenado a 26 años de prisión al día siguiente. Los demás fueron trasladados en avión a Estados Unidos, que les concedió un permiso humanitario. Pocos días después, se revocó la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, todos ellos críticos abiertos de Ortega y Murillo, algunos de los cuales viven aún en Nicaragua. La revocación de la nacionalidad fue más que una medida simbólica.

Los 317 expulsados y expatriados perdieron sus derechos como ciudadanos nicaragüenses y, por tanto, sus bienes. Las autoridades comenzaron a confiscar inmediatamente sus pensiones, propiedades y viviendas. Mientras tanto, España y Chile fueron algunos de los países que les ofrecieron la ciudadanía.

Una vez más, las autoridades no dudaron en legalizar sus acciones. Poco después de la expulsión de los presos liberados, la incautada Asamblea Nacional se apresuró a aprobar una reforma del artículo 21 de la Constitución para permitir la revocación de la nacionalidad de las personas condenadas por “traición a la patria” en virtud de la “ley de Soberanía”. A pesar del cambio constitucional, la expatriación de opositores al gobierno supone un acto ilegal tanto en el derecho internacional como en el interno.

La ley nicaragüense exige que los cambios en la constitución sean aprobados por dos legislaturas de la Asamblea Nacional. Esto significa que se convierte en legal solo después de que la Asamblea Nacional del próximo año confirme el acto. Además, les faltó cambiar el artículo 20 de la constitución, que dice que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”. En resumen, se aplicó una ley aún no existente, que incluso contradice una ley vigente.

En el derecho internacional se da un caso similar. Entra en conflicto con la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, de la que Nicaragua es parte desde su adhesión en 2013, y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¿Por qué el régimen excarceló a los presos?

Jared Genser, abogado de derechos humanos que ha defendido a muchos presos políticos, ya planteó el año pasado que los dictadores no pueden retener a los presos políticos para siempre: “Según mi experiencia, los dictadores solo liberan a los presos políticos cuando tienen que hacerlo. No lo hacen cuando quieren, sino […] si hay que elegir entre su supervivencia y la liberación de presos políticos […]”.

De hecho, Nicaragua está sufriendo bajo las sanciones, y especialmente el círculo íntimo del régimen ha sido blanco de las ellas. Varias investigaciones muestran la fuerte dependencia de la economía del país de las remesas enviadas por la diáspora nicaragüense.

Además, se ha hecho público que el año pasado hubo conversaciones entre el régimen y el Vaticano. Por lo tanto, es una suposición obvia que la liberación de los presos podría ser el resultado de algún tipo de negociación.

Sin embargo, tanto Ortega como los representantes estadounidenses insisten en que no hubo diálogo, sino que fue una decisión unilateral de Nicaragua. La dura acción contra el obispo Álvarez, así como la revocación de la nacionalidad de otras personas, sirvieron potencialmente para subrayar esta postura y demostrar que el régimen sigue teniendo el control.

Escenarios sobre el futuro de Nicaragua

Es posible que la presión que ejercen las sanciones internacionales y el aislamiento hicieran que Nicaragua llegara a un punto en el que le resultara más beneficioso liberar a los presos que mantenerlos. Hay algunos escenarios que podrían encajar en esta situación. En primer lugar, en ocasiones anteriores, los actores internacionales habían pedido al gobierno nicaragüense que liberara a los presos y, posiblemente, eso se planteó directa o indirectamente como una condición previa a las negociaciones que podrían conducir al levantamiento de las sanciones.

Otra hipótesis es que también dentro del país habría crecido la indignación por el encarcelamiento de muchas figuras populares y el conocimiento de sus condiciones. Al liberarlos y expulsarlos, el régimen podría haber visto una oportunidad para definir la narrativa, enmarcándolos como “mercenarios” estadounidenses en lugar de ciudadanos nicaragüenses. En mi investigación, he comprobado que la comunicación política y la manipulación discursiva son un aspecto central de la estrategia represiva del gobierno. Además, al expulsar a más nicaragüenses, es posible que confíen en que construyan una vida en otro lugar y envíen remesas al país.

Una cosa es segura: la familia Ortega Murillo quiere mantenerse en el poder a cualquier precio. Durante años han intentado imponer a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, como su sucesora. Al mismo tiempo que anunciaba que cientos de sus opositores quedarían apátridas, Daniel Ortega declaró a su esposa copresidenta del país. Sin embargo, carece del respaldo de las bases del partido, y es poco probable que sea aceptada.

El futuro de Nicaragua sigue siendo incierto. Los acontecimientos de 2018 han creado división entre la sociedad, sumándose a la persistente fragmentación de los años 70 y 80. Los acontecimientos de la guerra civil nunca se han procesado; persisten muchos tabúes y agravios que dividen a familias enteras. Será necesario un proceso de búsqueda de verdad, memoria, reconciliación y justicia transicional tanto para la guerra civil como para el periodo posterior a 2018. La educación será crucial en este proceso, creando la comprensión de que la justicia transicional no es lo mismo que la represalia y la reconciliación no puede funcionar con la creación de tabúes, sino con memoria y compromisos.

Notas:
• Este artículo representa las opiniones de la autora y no del Centro o de LSE
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• Traducción de María Clara Montoya
• Encabezamiento: Protest in Managua, Nicaragua on August 18th 2018 / Will Ullmo (Shutterstock)