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Luis Eduardo Gutiérrez Rojas

June 14th, 2022

La política tras las transferencias monetarias condicionadas en Colombia y Brasil

0 comments | 2 shares

Estimated reading time: 6 minutes

Luis Eduardo Gutiérrez Rojas

June 14th, 2022

La política tras las transferencias monetarias condicionadas en Colombia y Brasil

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In this Spanish-language translation of an article written in English for the ID Blog, MSc student in Development Studies Luis Eduardo Gutiérrez Rojas examines Conditional Cash Transfer policies implemented to alleviate poverty in Brazil and Colombia. The article looks at how these policies have been politicized since their implementation, particularly in the context of critical electoral campaigns currently underway in both countries.
The English-language version is available to read here.
El estudiante del Master en Estudios de Desarrollo Luis Eduardo Gutiérrez Rojas, examina las políticas de trasnferencia monteria condiciondas implementadas en Colombia y Brasil con el objetivo de reducir la pobreza. El artículo aborda cómo estas políticas han sido politizadas desde su implementación, particularmente en el contexto de las campañas electorales por las que atraviesan actualmente los dos países.

La campaña presidencial en Colombia y Brasil se ha convertido en una feroz competencia entre dos polos políticos opuestos. En Colombia, un candidato de la izquierda, el ex integrante de la guerrilla M-19 y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está cerca de llegar al cargo por primera vez en la historia del país. Simultáneamente, el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera las encuestas y está en camino de recuperar el cargo nuevamente después de que su partido se viera involucrado en uno de los mayores escándalos de corrupción del mundo. Aunque ambos tienen propuestas sobre sus respectivas Transferencias Monetarias Condicionadas, (Conditional Cash Transfers, CCT, por sus siglas en inglés) estas políticas no han recibido la atención suficiente en el debate político. Este artículo mencionará algunos puntos de esas políticas que deben abordarse para promover una futura discusión y planteará algunas posturas críticas sobre ellas.

Las Transferencias Monetarias Condicionadas se han convertido en la columna vertebral de la política social en América Latina en el siglo XXI; prácticamente todos los países de la región tienen su propio programa. Se emplean para reducir la pobreza, combatir la desigualdad, fomentar el consumo y promover la acumulación de capital humano. La mayoría de ellas consisten en una transferencia en efectivo con la condición de que las familias inviertan el dinero en el capital humano de sus hijos con el fin de promover la movilidad social. Estas políticas se enmarcan en los paradigmas de protección social, especialmente en la postura del Banco Mundial sobre la asistencia a los hogares pobres en riesgo de ser golpeados por choques económicos (Gestión del Riesgo Social). No obstante, esas políticas han sido objeto de una ola de críticas sobre algunas cuestiones como: la pequeña cantidad de dinero transferido; la carga impuesta de manera desproporcionada a las mujeres en los hogares; la creación de circunstancias para el clientelismo; la corrupción; y problemas operacionales y logísticos.

A pesar de tener algunos efectos positivos a corto plazo según las evaluaciones internas y externas, las dudas sobre la capacidad transformativa han aumentado en las últimas décadas. Esto se debe a que su objetivo principal no es hacer cambios estructurales en la sociedad, sino paliar los efectos secundarios del neoliberalismo en la región. Esta crítica no implica desconocer algunos resultados positivos (basados en evaluaciones de impacto oficiales y no oficiales), sin embargo, hace hincapié en la falta de efectos transformadores reales a largo plazo y la marginalización de otras áreas de la política social (especialmente la educación y la salud en estos casos).

Aunque los dos principales candidatos de ambos países han aclarado sus posturas sobre este tema, el debate a este respecto ha sido escaso en el marco de la campaña. En Colombia, Gustavo Petro ha afirmado que se necesita una reestructuración para proteger mejor a los adultos mayores y las madres cabeza de familia. Por otro lado, el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, un outsider y populista, ha argumentado que la política debe ser revisada pero no da detalles sobre cómo debe llevarse a cabo (Colombia tendrá una segunda vuelta el 19 junio). En Brasil, el gobierno actual puso fin a Bolsa Familia en 2021 e instituyó Auxilio Brasil, un programa social similar con algunos cambios en las condiciones. Lula ha prometido restablecer la política que creó su gobierno.

Bolsa Familia y el riesgo clientelar

Bolsa Familia es considerada una de las políticas de transferencia más extensas del mundo. Según el informe más reciente del gobierno brasileño, para 2020, el programa había llegado a más de 14 millones de familias desde 2004, cuando se instituyó como el sucesor de programas anteriores implementados a finales de la década de 1990. El programa transfiere efectivo incondicionalmente a hogares extremadamente pobres y a familias de bajos ingresos bajo el cumplimiento de condiciones como la asistencia de los niños a la escuela y los chequeos nutricionales y de salud.

Algunos estudiosos han señalado el clientelismo, los usos con fines electorales y la marginación de otras áreas de política social como las principales desventajas de Bolsa Familia desde su implementación. Además de estos problemas, los cambios en los regímenes políticos han afectado el desempeño de las políticas. De hecho, el actual gobierno liderado por Jair Messias Bolsonaro, un político populista de derecha, cambió el nombre (y algunos detalles de la política) debido a su aversión a Lula y al Partido de los Trabajadores. Mientras que Lula anunció que su gobierno traería de vuelta Bolsa Familia como respuesta a estos cambios.

Familias en Acción y fracasos educativos

El gobierno colombiano creó Familias en Acción en el año 2000, concebida como una respuesta a la crisis económica y social que azotó a la nación a fines de la década de 1990. El programa tuvo varias actualizaciones en 2012 y nuevamente en 2019, fortaleciendo su impacto y alcance. La política busca ser un complemento a los ingresos monetarios regulares de los hogares (como los salarios) y busca promover la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación secundaria y superior, y reducir la pobreza. Para obtener la subvención, las familias deben garantizar la asistencia escolar de sus hijos y la asistencia a controles de salud y nutrición.

El programa en Colombia ha reducido las tasas de deserción escolar entre los beneficiarios desde que se implementó. Sin embargo, el sistema educativo público en Colombia siempre ha enfrentado críticas debido al  bajo rendimiento de sus estudiantes en áreas cruciales como las matemáticas y la comprensión lectora. Por lo general, las escuelas con las calificaciones más bajas son las que reciben a los hijos de los hogares beneficiarios (escuelas públicas). Por lo tanto, en lugar de promover la movilidad social real, estas políticas pueden estar aumentando las brechas existentes entre las distintas clases sociales.

La asistencia a la escuela se justifica como una inversión de capital humano para promover la movilidad social en las generaciones futuras. La educación se puede entender a través de dos perspectivas: asimilativa y transformadora. En el primer caso, la educación es vista como un punto de llegada (como lo es en Familias en Acción y Bolsa Familia) que se traducirá automáticamente en más capital humano. En el segundo caso, se considera que la educación tiene un impacto estructural en la sociedad, creando cambios en las relaciones de poder. La primera perspectiva es la adoptada, intrínsecamente, por Familias en Acción, y se mide a través de índices como la asistencia a la escuela o la cobertura. Sin embargo, en el caso colombiano, la calidad (mejores resultados o mejor acumulación de capital humano) y la cantidad (altas tasas de cobertura y reducción de las tasas de deserción escolar) de la educación han visto resultados diferentes, con más avances en la última que en el primero.

Conclusión

Ambos programas, Familias en Acción y Bolsa Familia, se han convertido la principal política social en Colombia y Brasil, respectivamente, mientras que otras áreas han sido marginadas. Este último fenómeno es reforzado por la UNESCO, que afirma que los resultados educativos en ambas naciones son preocupantes y están muy por debajo de un nivel que pueda promover la movilidad social. El Banco Mundial ha llegado a una conclusión similar argumentando que “la escolarización no está produciendo suficiente aprendizaje” porque, en algunos países en desarrollo, los resultados “sustancialmente” bajos sugieren una “crisis de aprendizaje”.

Además de esto, los problemas con el clientelismo, los usos con fines electorales y la inestabilidad política debido a la competencia electoral han afectado el desempeño de las políticas. Un debate profundo sobre dichas políticas y las reformas requeridas para hacerlas más efectivas debería haber estado en la agenda durante la campaña política colombiana, pero con la segunda vuelta a solo unos días de distancia, otros temas la han dominado, como la falsa idea de que Colombia se convertirá en una segunda Venezuela si se elige a un presidente de izquierda, o la profunda polarización en Brasil con Bolsonaro acusando a su oponente de ser un criminal. . Brasil celebrará sus elecciones en octubre y, debido a que la campaña inicia oficialmente en agosto, es posible que se produzca un debate serio sobre las políticas de transferencia, no solo porque aún hay tiempo para poner el tema en la agenda, sino también por el poder simbólico que esta política tiene para Lula quien se vislumbra como el potencial ganador.


 

About the author

Luis Eduardo Gutiérrez Rojas

Luis Eduardo Gutiérrez Rojas is a political scientist and an MSc Development Studies candidate (2021-22) in the Department of International Development at LSE. Currently, he is doing an internship at the Social Policy Unit of UNICEF Latin America and the Caribbean Regional Office. His research areas are: public innovation; political parties; public and social policies; and democracy in Latin America. Luis has experience working with the Colombian Government and consultancy firms.

Posted In: Inequality | Political Economy of Development | Topical and Comment

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