Las experiencias de justicia transicional en todo el mundo han demostrado que la confianza ciudadana es clave en los procesos exitosos. En Colombia la combinación de una legislación comprehensiva con programas innovadores y evaluaciones rigurosas puede asegurar que ninguna víctima sea excluida, escriben Elisa Cascardi, Adrienne Hathaway, Jorge Luis Silva Méndez, Diana Ortiz, Megan Rounseville y Juan Vargas.

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Después de más de 50 años de un conflicto armado interno que ha dejado más de 7 millones de desplazados internos y más de 220.000 muertos, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están en el proceso de implementar el acuerdo de paz firmado a finales del año pasado. Las negociaciones de paz y la legislación reciente entorno a la paz, han establecido, de manera histórica, el acceso de las víctimas a la justicia como uno de los mecanismos principales para lograr una paz sostenible y duradera. Este acuerdo es considerado por muchos como uno de los logros políticos más importantes de la historia del país.

El desarrollo y la implementación de programas y políticas eficaces de justicia transicional serán considerados de máxima prioridad durante los próximos años. Las experiencias de otros países con programas de post-conflicto son cruciales para entender los aspectos de las intervenciones que han funcionado, así como también, aquellos que no fueron tan exitosos.

En Chile, por ejemplo, se estableció la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con el objetivo de reparar a las víctimas que sufrieron violaciones a sus derechos durante la dictadura de Pinochet. La ley, establecida en 1990, creó una definición de víctimas muy específica, razón por la cual fue criticada por excluir a las víctimas que sufrieron delitos de detención y tortura. Solo hasta el 2004 esta ley fue revisada con el fin de incluir a dichas víctimas y reabrir el período de registro de las mismas. La visión limitada y la falta de atención a este grupo importante de víctimas llevaron a criticar al Gobierno por su incapacidad para cumplir plenamente sus promesas y garantizar la justicia a sus ciudadanos, lo cual ha generado desconfianza entre éstos.

Por otro lado, en Sudáfrica, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación realizó recomendaciones para el programa de reparación integral que fue organizado a través del Comité de Reparación y Rehabilitación (CRR). Este comité apoyó al Gobierno en la planificación e implementación de las reparaciones. Sin embargo, no se contaba con un mecanismo de rendición de cuentas para obligar al gobierno a cumplir con dichas reparaciones. Hoy en día, once años después de la creación de la CRR, y a pesar de haber diseñado un programa integral de reparaciones, los déficits en su implementación han dejado al Gobierno incapaz de cumplir completamente con sus promesas, lo cual también ha generado desconfianza de sus ciudadanos.

Se espera que Colombia pueda aprovechar las lecciones aprendidas tanto de su propia experiencia como de la de otros países en la implementación de programas de reparaciones en el marco del post-conflicto, con el propósito de solventar algunos de los desafíos que se han enfrentado en el pasado. Con la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), el Gobierno de Colombia ha adoptado un enfoque integral en su legislación para garantizar la justicia a las víctimas. Esta ley determina los derechos a la reparación de las víctimas del conflicto interno armado, y proporciona las garantías para la restitución de tierras, el acceso a la educación, la salud, la generación de ingresos y la vivienda. Asimismo, esta ley se ha distinguido por su enfoque en Derechos Humanos y por tener un marco amplio para responder a las necesidades de las víctimas.

En la práctica, cinco años después de la implementación de la ley, el Gobierno de Colombia se enfrenta a un difícil camino para cumplir sus múltiples compromisos con las víctimas. En efecto, al momento de establecerse la ley 1448, el Gobierno estimó una cifra aproximada de cuatro millones víctimas. Hoy en día el número asciende a más de ocho millones -y continúa creciendo- dejando al Gobierno de Colombia con el gran desafío de identificar, registrar y prestar servicios integrales de justicia a todas las víctimas, como también la duda de cómo hacer frente a los costos que en un principio quedaron subestimados. Muchas víctimas aún no tienen acceso a servicios de justicia para poder presentar sus declaraciones de victimización, otras ya han sido reconocidas por el Estado como víctimas pero no están seguras de cómo acceder a los servicios, o carecen de acceso real a los beneficios porque viven en áreas rurales en las cuales hay poca presencia estatal.

Una de las estrategias con las que el Estado Colombiano está tratando de llegar a las víctimas en zonas marginadas y superar los problemas de acceso es la implementación de la Unidad Móvil de Atención y Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado (UMAOV). Desde el 2012, la UMAOV ha ayudado a las personas que viven en zonas rurales aisladas a acceder a los servicios de justicia, actuando como una “ventanilla única”. Este enfoque innovador incluye a la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho en un único vehículo, en el que las tres entidades trabajan juntas y viajan a los municipios para ofrecer servicios de justicia durante dos días, tiempo en el cual las víctimas pueden presentar sus declaraciones, conocer el estado de sus solicitudes, presentar una apelación, recibir información sobre cómo acceder a los servicios que les otorga la Ley 1448 y recibir orientación psicológica y asistencia legal. La UMAOV busca llegar a personas que son especialmente vulnerables, que no pueden llegar a las oficinas administrativas, y que pueden no conocer sus derechos bajo la ley 1448. La Unidad Móvil, en promedio, puede atender a 200 personas por municipio (100 personas cada día) y, hasta la fecha, ha atendido a más de 60.000 personas.

En este momento, un equipo de investigación conformado por el Banco Mundial, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Universidad del Rosario está llevando a cabo una evaluación rigurosa de la UMAOV. Su diseño consiste en una estrategia de asignación aleatoria entre pares, por fases (pair-wise phased-in randomized control trial), con el objetivo de entender cómo acceder a la justicia por medio de la UMAOV impacta la percepción que tienen los ciudadanos del gobierno, la recepción de sus reparaciones, el acceso a los servicios y, en última instancia, la percepción de las víctimas de justicia. La evaluación asignó de manera aleatoria 30 municipios para que recibieran los servicios de la UMAOV en el primer semestre de 2016 (grupo de tratamiento) y a 30 municipios más para que recibieran los servicios de la UMAOV en la segunda mitad de 2016 (grupo de control), recolectando así encuestas cuantitativas a más de 7.000 personas –delas cuales más de la mitad son víctimas conflicto armado. El grupo de control actúa como contrafactual antes de recibir los servicios UMAOV.

El segundo componente de la investigación implementa una encuesta de línea de base y de seguimiento (es decir un panel) a los miembros de la comunidad, para comprender los impactos a nivel comunitario y obtener información sobre el perfil de las personas que se acercan a la UMAOV. El Gobierno también está llevando a cabo una investigación cualitativa para explorar temas relacionados con género y victimización. Se espera que la evaluación contribuya a los esfuerzos de aprendizaje del Gobierno y sirva como un mecanismo crítico de retroalimentación para que éste conozca las necesidades de las víctimas a medida que avanzan sus solicitudes para acceder a los servicios que están establecidos bajo la ley 1448.

Con la presentación de los resultados, la creación de espacios de aprendizaje dentro de las entidades que implementan los programas de servicios de justicia, será crucial para promover la solución de problemas y los cambios necesarios a lo largo del camino. Durante el 2016, debido a los altibajos de las negociaciones de paz y del plebiscito, así como en la recopilación de datos de esta evaluación, se puso en evidencia que el camino hacia la justicia será largo y costoso. Además es importante establecer las expectativas correctamente desde un comienzo. La prestación de servicios, la gran y creciente población de víctimas y las violaciones de los derechos humanos que sufren las víctimas, plantean enormes desafíos para lograr y sostener la verdad, la justicia y la paz en Colombia. A medida que Colombia sea capaz de integrar las lecciones de su propia experiencia como la de los otros países, el camino será más sencillo. Realizar evaluaciones a gran escala, escuchar a las víctimas a través de esfuerzos de recolección de datos y lograr un compromiso sostenido de la comunidad son componentes cruciales para proveer justicia de una manera efectiva. Si bien el camino hacia la justicia tomará algún tiempo y, no necesariamente será la ruta más directa, todavía puede llevarnos a dónde queremos ir: a una paz sostenible y duradera.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no de la LSE
• Este artículo tiene su base en una entrada del LSE International Development blog (en inglés)
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• Afiliaciones de los autores: Elisa Cascardi (LSE International Development y Banco Mundial), Adrienne Hathaway (Banco Mundial), Jorge Luis Silva Méndez (Banco Mundial), Diana Ortiz (Banco Mundial), Megan Rounseville (Banco Mundial), and Juan Vargas (Universidad del Rosario y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina)