López Obrador y su equipo multidisciplinario proponen políticas económicas y sociales inclusivas que buscan reactivar la inversión y mejorar la competitividad y la equidad. Pero también explican cómo estas políticas se financiarán a través de reducciones en costos operativos y medidas anticorrupción, escribe Graciana del Castillo (CUNY).

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Con una participación impresionante de más del 60 por ciento, el 1 de julio de 2018 el Movimiento Nacional de Regeneración (Morena) obtuvo el 53 por ciento de los votos con lo que Andrés Manuel López Obrador resultó el candidato presidencial más votado en México en las últimas décadas.

Al mismo tiempo, el proceso democrático se fortaleció con elecciones limpias y justas, con sólo alguna queja sobre fraude electoral o compra de votos que caracterizó elecciones anteriores. El presidente actual, Enrique Peña Nieto y los candidatos rivales del PAN y del PRI reconocieron prontamente el resultado y se comprometieron a colaborar en beneficio del país.

AMLO, como se le llama a López Obrador, está ahora mucho mejor preparado para ocupar la presidencia. No simplemente porque “la tercera vez es la vencida”, como dice el refrán, sino porque ha madurado como político, atenuado su retórica más radical y sobre todo por que se ha rodeado de un equipo multidisciplinario de expertos, que incluye líderes del sector privado, academia y gobierno.

¿Otro populista de izquierda nada más?

La oposición, así como la mayoría de los medios, continúan etiquetando a AMLO como “populista de izquierda”, algo que no encaja con su propuesta. AMLO no sólo se compromete a mejorar la vida y los medios de subsistencia de la mitad de la población de México que vive en estado de pobreza, con poco cambio en las últimas décadas, sino que también se compromete a que tales mejoras ocurran conjuntamente con una buena gestión macroeconómica y con respeto por el estado de derecho y con cero tolerancia a la corrupción.

AMLO encomendó a un distinguido grupo de expertos la preparación del Plan Nacional 2018-2024 de Morena. El Plan prevé políticas económicas y sociales inclusivas que apuntan tanto a reactivar la inversión, que promedió un inadecuado 23% del PIB bajo Peña Nieto, como a hacer que la economía mexicana sea más competitiva y equitativa. Pero más allá de eso, detalla cómo estas políticas se financiarán a través de reducciones en los costos operativos y en la corrupción.

El plan de AMLO apunta a la creación de empleos, mejoras salariales y tasas de crecimiento más altas pero sostenibles. Su objetivo de fomentar el desarrollo humano y la capacitación en el trabajo para mejorar el nivel de la fuerza laborar debería permitir la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas innovadoras que puedan incrementar la productividad, particularmente en sectores rezagados como la agricultura.

Mayorías en el Congreso serán importantes para llevar a cabo el Plan de AMLO. Aunque los resultados de las elecciones no son aún definitivos, es probable que Morena y sus aliados tengan mayoría en ambas cámaras.

Prioridades del Plan

Con este respaldo, AMLO intentará lograr su visión actuando en cuatro áreas claves.

Primero, presionando por el pleno cumplimiento del estado de derecho y reforzando la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y, al mismo tiempo, manteniendo la independencia del banco central (Banco de México).

En segundo lugar, luchando contra la corrupción, la violencia y la impunidad que son, en la actualidad, los temas de mayor preocupación para los mexicanos. El país sufre niveles de violencia que se encuentran entre los peores jamás registrados en las estadísticas nacionales, está en el cuartil superior del ranking mundial de corrupción y ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Impunidad.

Tercero, desarrollando sectores industriales y tecnológicos que creen empleos mejor remunerados, fortaleciendo el mercado interno mediante la integración de cadenas productivas, aumentando el bajo contenido nacional en las exportaciones mexicanas e implementando políticas industriales y tecnológicas para generar un ambiente que recompense la innovación y la generación de nuevas ideas, especialmente a través del aumento del gasto en ciencia y tecnología al uno por ciento del PIB.

Cuarto, llevando a cabo una buena gestión macroeconómica para restablecer el equilibrio fiscal y congelar los incrementos de la deuda pública al cero por ciento en términos del PIB. La reducción del déficit se lograría no aumentando o creando nuevos impuestos como en las reformas fiscales anteriores, sino reduciendo el gasto público y generando ahorros al bajar la corrupción en el manejo de los fondos públicos. Los ahorros resultantes permitirán un aumento en la inversión pública, que hoy está en su tasa más baja (relativa al PIB) desde la Segunda Guerra Mundial. El aumento de la inversión se destinará a los servicios públicos de infraestructura en los sectores sociales y productivos.

Reducir el gasto, aumentar la inversión

AMLO propone cambiar la combinación gasto público-inversión a través de una serie de medidas:

• reduciendo el costo operativo del gobierno
• aumentando la transparencia (y reduciendo la corrupción) en el manejo de los fondos federales
• centralizando la contratación pública
• consolidando los programas sociales y las estructuras administrativas del gobierno
• recortando puestos de alto rango en el servicio civil y revisando los beneficios asociados

Se proyecta que estas medidas ahorren aproximadamente 400 mil millones de pesos (o el 2% del PIB), ya que parece haber muchos lugares donde los gastos actuales podrían reducirse fácilmente. Por ejemplo, durante el último año de la administración Fox y los primeros dos años del gobierno de Calderón, los gastos de personal crecieron en un 90%, y esta tendencia al alza continuó en los últimos años. En 2016, el gasto en salud, desarrollo social y agricultura estuvo por debajo de lo presupuestado, pero el gasto en la oficina de la presidencia fue 85% superior a lo presupuestado.

El 60% de lo que se ahorre será destinado a proyectos de infraestructura y de impacto regional; 26% para proyectos sociales, incluyendo apoyo a jóvenes y ancianos; y 14% para reducir el desequilibrio fiscal.

Aquí, dos cosas son alentadoras. Primero, AMLO ha declarado que “sin dinero, no habrá proyectos”. En segundo lugar, propuso nombrar al Dr. Carlos Urzúa como Secretario del Tesoro. Urzúa fue Secretario de Finanzas en la administración de AMLO en la Ciudad de México, y su mandato estuvo marcado por un enfoque competente y responsable de los temas fiscales y presupuestarios.

Reconociendo la necesidad del cambio

La victoria de AMLO sugiere que los mexicanos saben que a pesar de las muchas reformas microeconómicas y macroeconómicas desde la crisis del Tequila de 1994, el crecimiento anual del país del 2,4% (1,2% en términos per cápita) fue totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades sociales y de infraestructura del país, dado los altos niveles de pobreza y desigualdad.

Ignorando los déficits fiscales y externos, así como la trayectoria insostenible de la deuda pública, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que “las políticas macroeconómicas y los marcos de políticas de México siguen siendo muy fuertes”. Esta es una sorprendente afirmación: más allá de su deslucido impacto, las reformas y las políticas desde 1994 han beneficiado principalmente a las élites, dejando las vidas y los medios de subsistencia de grandes segmentos de la población dependientes del narcotráfico, el crimen organizado y otros actores ilícitos.

Como afirman Daron Acemoglu y James Robinson en su aclamado libro Why Nations Fail, países como México tienen un desempeño tan poco inspirador debido a la concentración del poder político y de las oportunidades económicas. Las políticas económicas inclusivas, como las propuestas por AMLO, intentan brindar igualdad de condiciones y aumentan el acceso al mercado laboral formal para los trabajadores no calificados, tanto hombres como mujeres.

Esto es clave para fortalecer el crecimiento, reducir la pobreza y disminuir la desigualdad en México.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
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