Cuando asumió la presidencia de Nicaragua por segunda vez en 2007, Daniel Ortega se vio beneficiado por condiciones macroeconómicas propicias y nuevas alianzas con empresarios nacionales y extranjeros. Pero la propuesta de un canal interoceánico y el deterioro de la seguridad social provocaron protestas sociales de una escala y diversidad inesperadas. La represión de estas protestas implicó enormes gastos policiales y una reducción de la actividad económica al mismo tiempo que se desplomaron los petrodólares. Con miras a las elecciones de 2021, el orteguismo se ve obligado a mantenerse en el poder aplicando una represión generalizada y haciendo la vista gorda ante el coronavirus, escribe José Luis Rocha (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas).

En 2007 Daniel Ortega llegó a la presidencia de Nicaragua rodeado de circunstancias favorables: altos precios de los principales productos nicaragüenses de exportación (café, carne de ganado vacuno y oro), volumen de reservas internacionales en óptimo nivel y el bono demográfico de una pirámide poblacional con una baja proporción de población dependiente y, por consiguiente, un alto potencial de solvencia en las finanzas de la seguridad social.

A estos y otros factores, Ortega sumó la inserción de Nicaragua en la iniciativa chavista del ALBA, membresía que significó el acceso a donaciones y préstamos a baja tasa de interés y un amplio período de gracia. Sobre la base de los petrodólares venezolanos, el régimen montó un modelo populista y de amplia concertación, que incluyó un pacto con la élite tradicional. Esta fue partícipe y beneficiaria del régimen por medio de subcontrataciones y una política fiscal y laboral acorde a sus intereses.

¿Volver al futuro?

La propaganda orteguista repitió que el retorno al poder del Frente Sandinista permitiría la continuación del proceso revolucionario iniciado en la década de los 80 y truncado por la agresión estadounidense. La política social negligente de sus predecesores había dejado un terreno fértil para que la inversión social cayera en terreno reseco, y para que la narrativa de la Revolución Sandinista 2.0 fuera creíble en la base social sandinista y en algunos segmentos de la izquierda internacional. Los petrodólares posibilitaron una versión bonsái de la legendaria campaña de alfabetización de 1980, construcción de escuelas y rehabilitación de parques, mayor acceso a medicamentos gratuitos, expansión del crédito rural y su colocación a plazos idóneos, promoción de pequeños mercados de productores que eliminaron intermediarios y distribución de láminas, insumos agrícolas, cerdos y gallinas.

Al tiempo que propició una concertación política, Ortega tejió una intrincada red de pactos e intercambio de favores con empresarios nacionales y extranjeros para lucrarse y reforzar su dominio. No atrajo nuevos inversores, pero sí afianzó monopolios (la distribución de energía eléctrica) y duopolios (las telecomunicaciones) mediante las convenientes reglas del juego del capitalismo de cuates. Expandió la inversión minera hasta llegar a picos históricos. Y multiplicó los contratos de construcción y las exoneraciones fiscales al capital nacional. Esa relación con los empresarios llegó a su clímax en 2012 con el megaproyecto del canal interoceánico que debía atraer 50,000 millones de dólares de inversionistas extranjeros y que serviría como coartada para la geofagia del capital orteguista, que ya había trazado un plan de expropiaciones sobre la presunta ruta canalera.

Surgió entonces el Movimiento Campesino Anticanal. Sus protestas llegaron a la capital y concitaron la solidaridad de múltiples sectores. Sin embargo, no supuso un escoyo insuperable para el régimen que todavía se asentaba sobre un complejo abanico de alianzas y que practicó la eliminación de líderes campesinos por goteo. Seis años después, la situación era distinta porque el régimen había perdido su base financiera: los préstamos blandos venezolanos que en 2008-2015 promediaron 449 millones de dólares anuales, en 2018 descendieron de forma irreversible a 27 millones. Dos pilares del modelo se vieron sacudidos de inmediato: la capacidad de ofrecer a su clientela empleo estatal y el deterioro de las finanzas de la seguridad social, gran parte de cuyos fondos habían sido concedidos en préstamos a bajo precio a empresarios orteguistas.

Las protestas de abril de 2018

La crisis de la seguridad social de abril de 2018 fue el detonante de una serie de protestas que, al ser reprimidas con metralla, se convirtieron en marchas masivas, tomas de universidades, destrucción de los coloridos árboles metálicos (emblema del poder de la Vicepresidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo) y barricadas que bloquearon calles y carreteras principales. Como planteo en mi libro Autoconvocados y conectados (acceso abierto), esa protesta fue liderada – y con derroche de audacia – por los mismos jóvenes que los analistas suponíamos apáticos hacia la política. Ortega interpretó lo que había sido una rebelión espontánea, multiclasista y plurigeneracional, como un intento de golpe de Estado. Convocó a un diálogo para ganar tiempo y poder reunir a un fuerte grupo de viejos militantes sandinistas con experiencia militar. Convertidos en paramilitares, suplieron a la exhausta policía y desmontaron las barricadas a punta de asesinatos, secuestros y torturas. Seis meses de rebelión y represión dejaron un saldo de alrededor de 400 muertos, 700 presos políticos, 70 mil exiliados, suspensión de facto de las garantías constitucionales y confiscación de las instalaciones de varias ONGs y medios de comunicación.

El régimen experimentó un severo resquebrajamiento de su imagen internacional que se expresó en informes de organismos multilaterales y en sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios prominentes de la administración de Ortega, miembros de su familia, el consorcio del capital sandinista asociado a PDVSA e incluso instancias estatales, como el ejército, la policía y el Ministerio de Hacienda.

Temerosos de enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad, los orteguistas optaron por artillarse aún más: el ejército y la policía se convirtieron en los pilares del nuevo modelo. El empresariado no orteguista quedó fuera del nuevo y estrecho mapa de alianzas. El gran capital tuvo ante la rebelión una actitud dividida y ambivalente. Nunca accedió a la demanda de los rebeldes de convocar a un paro nacional, que hubiera sido una abierta declaración de guerra a su socio Ortega y una estocada mortal a su régimen, pero algunos de sus miembros dieron muestras de saber que el viejo modelo de concertación estaba agotado: criticaron las masacres y cancelaron negocios que los unían al empresariado orteguista. En represalia y empujado por una imperiosa necesidad de fondos, Ortega aprobó dos reformas fiscales que terminaron de romper sus nexos con la élite como conjunto, sin perjuicio de mantener relaciones que los miembros que aún colaboran de forma vergonzante. La muerte del modelo significó la aplicación de presión fiscal que para Ortega era urgente por tres motivos: el declive de los petrodólares, la recesión económica como consecuencia de la represión y los enormes gastos policiales, sobre todo debido al ostensible incremento del número de agentes.

COVID-19 y las elecciones del 2021

El coronavirus aterrizó sobre este convulso terreno. Ortega ha negado la gravedad de la amenaza y habla de poco más de un centenar de muertos, mientras observadores independientes sostienen que ha habido no menos de 2,500 muertos por COVID-19 y quizá hasta decenas de miles. El gobierno no ha decretado ningún tipo de cuarentena porque quiere a toda costa evitar medidas que profundizarían la crisis económica. Pero el agostamiento de la circulación de bienes y personas ha provocado el cierre de empresas con un impacto económico equivalente a varios días de paro nacional. El mal tan temido surgió de forma no premeditada.

El régimen se sostiene mediante la represión, que recientemente incluye vandalismo en los templos católicos para castigar a la iglesia por su apoyo a la causa rebelde. En una especie de jiu-jitsu político, con evocaciones de la guerra de los cristeros, la jerarquía de la iglesia católica y muchos de sus seguidores han presentado la lucha contra Ortega como una cruzada contra los demonios a los que sirve, caracterización que viene como anillo al dedo – nunca la frase fue más apropiada, considerando que Rosario Murillo es la dama de los anillos – para un régimen que ha adoptado una abigarrada y ecléctica simbología religiosa.

El movimiento social de abril de 2018 se transformó en una oposición organizada en la Coalición Nacional, que pretende enfrentar en las elecciones del 2021 a un Ortega privado de petrodólares y castigado por la pandemia. Ortega espera de esas elecciones un baño de legitimidad. La oposición necesita una reforma electoral para que esa votación no sea fraudulenta, a diferencia de las tres anteriores. Esa reforma solo podrá obtenerla mediante una combinación de presiones internacionales e internas, objetivo que requiere recuperar el espíritu de abril de 2018 que sacó la política de los meros formalismos electorales y dejó un cúmulo de rostros y estrategias nuevas.

Notas:
• Las opiniones expuestas en este artículo son de los autores y no reflejan la postura de LSE
• Favor de leer nuestra política de comentarios (EN) antes de comentar