Un análisis de las políticas sociales y laborales revela un progresismo fallido que estaría más al centro que a la izquierda del orden neoliberal, escribe Ramón I. Centeno (Universidad de Sonora).

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió dos años el pasado 1 de diciembre. Desde que era opositor hasta ahora que está en el poder, ha sintetizado su agenda en una frase: “primero los pobres”. Sin embargo, a dos años, esta afirmación se ha convertido en una pregunta.

Aquí me centraré en dos pilares de la promesa de AMLO: la política social y la laboral. Se ha afirmado, con razón, que la primera ha sido menos significativa que la segunda en estos dos años. Pero esta es sólo parte de la historia. A este cuadro hay que añadir, además, 1) que la inversión en política social es menor al pasado, y 2) que el principal logro laboral, el aumento al salario mínimo, no es un logro de AMLO sino de Estados Unidos.

La política social de López Obrador

Una noción muy extendida, casi un consenso, es que el gobierno mexicano tendrá muchos defectos, tal vez no sea “la izquierda” que deseamos, pero, a pesar de todo, ningún otro gobierno había hecho tanto por los pobres como el de AMLO.

Como demuestro en un artículo reciente en Foro Internacional, aunque en 2019 y 2020 se invirtió en políticas sociales más que en 2017 y 2018, el presupuesto es menor que los primeros cuatro años de Peña Nieto y es prácticamente igual al último año de Calderón (véase gráfico a continuación).

Además, el panorama no mejora en cuanto a cobertura. En 2017, el PROSPERA reportó 26.8 millones de beneficiarios. En contraste, AMLO ha reportado 22 millones de beneficiarios en todos sus programas. Esta última cifra, AMLO la anunció en un discurso de abril pasado, en plena pandemia, donde prometió: “El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento.” Cuando llegó esa fecha, AMLO ya no mencionó cuántos beneficiarios tenían sus programas sociales.

Lejos de representar un avance en política social, los programas sociales de AMLO presentan serios retrocesos. Se ha demostrado, por ejemplo, que han aumentado los programas que no publican sus criterios para asignar apoyos (reglas de operación) ni quiénes son las personas que los reciben (padrón de beneficiarios).

La política laboral de López Obrador

Si la política social de AMLO ha sido mediocre, el verdadero avance para la clase trabajadora mexicana ha sido, sin duda, el aumento al salario mínimo. De 2018 a 2019, aumentó un 20%, que representa el aumento porcentual más grande en décadas. También lo cierto es que el salario mínimo se había deteriorado tanto, que ese aumento apenas lo coloca a menos de la mitad de lo que fue a finales de los setenta (véase gráfico a continuación).

El objetivo para el salario mínimo del actual gobierno es “alcanzar, al final de la actual administración, el nivel de 1976”. Sin duda, eso sería una excelente noticia para las familias trabajadoras. Pero hasta ahora, cuando los trabajadores han requerido movilizarse para defender el aumento, el gobierno ha incidido a favor del capital.

Por ejemplo, está el caso de las huelgas de Matamoros, en la frontera con Texas, de inicios de 2019. Ese movimiento estalló cuando las maquiladoras intentaron neutralizar el aumento salarial eliminando el pago de otros bonos, a lo que las autoridades federales respondieron que “el estallamiento de huelga no beneficia a ninguna de las dos partes”. Pero eso no es lo más interesante.

Como se sabe, el gobierno de AMLO también impulsó una reforma laboral favorable a la libertad sindical en abril de 2019. Esta legislación, que frecuentemente es citada como un logro de AMLO, en realidad es la reglamentación de una reforma constitucional que dos años antes impulsó Peña Nieto. ¿La reforma, entonces, viene de AMLO o de Peña Nieto? La verdad es que no viene de ninguno de los dos.

La reforma laboral fue una exigencia del gobierno de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Presionados por el sindicalismo de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales – interesada en que los salarios suban en México para reducir el traslado de fábricas de Estados Unidos a este lado de la frontera – los negociadores de Obama y Trump exigieron dicha reforma a cambio de firmar el nuevo acuerdo T-MEC en su Anexo 23-A.

Con mucha razón, la reforma laboral ha sido definida como un “cambio político desde afuera hacia adentro”. La propia titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, cuando ha defendido la política laboral, ha corroborado su origen externo. Así, en una reunión con senadores, explicó:

México se comprometió a temas muy concretos en el apartado laboral [del T-MEC]… Al fin Estados Unidos y Canadá plantean que en México los salarios son tan bajos y condiciones precarias que se apuesta a la mejora salarial, libertad y democracia.

¿Y luego?

En contra de una corriente de opinión, sí es importante definir si en México gobierna la izquierda o no. En el caso de AMLO, su trayectoria opositora lo ubicó a la izquierda del neoliberalismo mexicano. Sin embargo, en esa trayectoria se fue moviendo a la derecha de las posiciones que defendió en los años ochenta, cuando aún estaba en el PRI. En esos años, por cierto, el PRI era el “centro”. La izquierda era el movimiento socialista. Al desaparecer este último, el viejo “centro” quedó convertido en la nueva “izquierda”. Una “izquierda” que, como acabo de mencionar, se fue haciendo más a la derecha. Y hoy, en el poder, AMLO se ha movido aún más a la derecha al grado de mantener el orden neoliberal firme en sus principales aspectos.

Como post-neoliberalismo, el progresismo de AMLO ha sido un progresismo fallido. En relación con el neoliberalismo, el gobierno de AMLO estaría más bien en el “centro”. En esta tónica, una mejor y más fructífera pregunta sería qué tipo de centro es AMLO y no tanto qué tipo de izquierda es.

Notas:
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