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Omar Hammoud Gallego

April 23rd, 2021

Aquí para quedarse: América Latina necesita enfrentar la realidad de la migración venezolana a largo plazo

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Estimated reading time: 6 minutes

Omar Hammoud Gallego

April 23rd, 2021

Aquí para quedarse: América Latina necesita enfrentar la realidad de la migración venezolana a largo plazo

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Aunque muchos países latinoamericanos han adoptado una legislación progresista sobre migración y refugio en las últimas dos décadas, estos mismos países han aplicado estas leyes de manera arbitraria en lo que se refiere al desplazamiento masivo de venezolanos. Las nuevas iniciativas sobre la “protección temporal” de venezolanos en Colombia y Estados Unidos parecen reconocer lo que otros países en América Latina todavía no asimilan: la mayor parte de los venezolanos desplazados en los últimos años han llegado para quedarse, escribe Omar Hammoud Gallego (LSE Government).

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El tener una legislación progresista sobre el refugio es inútil si los gobiernos deciden aplicarla arbitrariamente. Desafortunadamente, este sentido de arbitrariedad es precisamente lo que podría percibirse al considerar la situación del desplazamiento venezolano presente en Sudamérica.

A Venezuelan migrant at a Colombian market looks into the camera
Solamente el 2% de los 5.4 millones venezolanos desplazados desde 2015 han sido reconocidos como refugiados (“Migrante venezolano en Colombia“, Greta Granados/Banco MundialCC BY-NC-ND 2.0)

De los 5.4 millones de venezolanos desplazados en el mundo a causa de la crisis económica y la represión política en su país desde 2015, menos de 145,000 – es decir menos del 2% – ha recibido estatus de refugiado. En específico, los gobiernos de Latinoamérica han brindado el estatus de refugiado a menos de 75,000 venezolanos. Esto no es mínimamente suficiente.

Los gobiernos de América Latina necesitarían emular la decisión reciente de Colombia (seguida por una decisión parecida aunque menos generosa de Estado Unidos) de brindar un estatus de protección humanitaria de largo plazo a ciudadanos venezolanos que estén huyendo del desastre económico y político provocado por su mismo gobierno.

El marco legal sobre el refugio en América Latina

¿Pero qué leyes pueden utilizar los países latinoamericanos para responder a la entrada masiva de refugiados venezolanos en sus países? En las últimas dos décadas, el marco legal sobre la protección de refugiados en la región ha cambiado de manera dramática.

En un estudio reciente, demuestro cómo la complejidad regulatoria – un indicador sobre el nivel de desarrollo de las políticas públicas – de las leyes sobre el refugio ha aumentado de manera significativa en la región en los últimos 20 años (como indica el gráfico abajo; haga clic aquí o en la imagen para ver todos los 19 países).

(Fuente: APLA)

En estos últimos 20 años, la mayor parte de los países latinoamericanos ha adoptado políticas liberales sobre el refugio que habían sido elogiadas por varios académicos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como un ejemplo de generosidad hacia las personas con necesidad de protección alrededor del mundo. La decisión más simbólica de todas ha sido la adopción en toda la región de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la cual extiende la definición de “refugiado” incluida en la Convención de Ginebra de 1951 e incluye:

…también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Hasta el 2020, los únicos países que todavía no han adoptado la definición de Cartagena sobre el refugio son Cuba, la Republica Dominicana, Panamá y Venezuela. Es revelador el hecho de que con la excepción de Cuba – que no es parte del marco internacional sobre la protección de los refugiados – los otros tres países tienen una historia reciente de inmigración: migrantes haitianos cruzando la frontera en la Republica Dominicana y colombianos emigrantes o desplazados buscando refugio en Panamá y Venezuela durante décadas de conflicto interno.

Adopción gradual de la definición de Cartagena sobre los Refugiados entre 1990 y 2020 (Haga clic aquí para expandir la imagen)

Además de la definición más extensa sobre los refugiados, una serie de estándares regionales han sido incluidos en la legislación nacional de la mayor parte de los países en la región.

Adopción gradual de las medidas sobre como responder a la entrada masiva de refugiados entre 1990 y 2020 (Haga clic aquí para expandir la imagen)

Otras medidas clave adoptadas en la misma época han sido los procedimientos especiales para responder a la entrada masiva de refugiados (imagen arriba) y las medidas especiales para niñas y niños con necesidad de protección internacional (imagen abajo).

Adopción gradual de las medidas para niñas y niños con necesidad de protección internacional entre 1990-2020 (Haga clic aquí para expandir la imagen)

Sin embargo, al enfrentarse con el desplazamiento de personas más grande en la historia reciente de la región, los gobiernos de los países geográficamente más cercanos a Venezuela se dieron cuenta rápidamente de que sus sistemas de refugio no eran lo suficientemente desarrollados y que no tenían los recursos para hacer frente a un desplazamiento de refugiados de semejante rapidez y escala.

La migración venezolana en Sudamérica

En unos pocos años, cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras internacionales por toda Sudamérica: 1.8 millones llegó a Colombia, un millón a Perú, y en Chile y Ecuador llegaron más de 400,000 venezolanos en cada país.

Para hacer frente a números tan altos de migrantes, varios países sudamericanos decidieron desarrollar permisos migratorios ad hoc para ciudadanos venezolanos, en lugar de procesarlos a través de sus sistemas de refugio como propuesto inicialmente por el ACNUR. La ventaja de estos permisos – como el Permiso Especial de Permanencia en Colombia o el Permiso Temporal de Permanencia en Perú – es que permitían al migrante quedar en el país con derecho al trabajo, al estudio y el acceso a algunos servicios públicos.

Lamentablemente, varios factores han llevado a los venezolanos a cruzar fronteras de manera irregular, o a permanecer en los países anfitriones después de la expiración de su visado. Entre estos factores destacan la corrupción de las autoridades, reglas poco claras, cambios constantes en las fechas límite de solicitud de los permisos migratorios y la imposición de requerimientos de visado difíciles de cumplir.

A marzo del 2021 el gobierno colombiano ha estimado que el 56% de los 1.8 millones de venezolanos en el país permanecen con estado migratorio irregular. El número estimado de venezolanos sin papeles en la región es actualmente de alrededor de un millón de personas. Con base en estos datos, el gobierno colombiano anunció en febrero 2021 que establecería un nuevo Estado Temporal de Protección para todos los venezolanos que hayan entrado al país antes del 31 de enero 2021. El nuevo estatuto otorga un permiso de residencia por 10 años a todos los migrantes venezolanos en Colombia, incluyendo aquéllos que ingresaron al país irregularmente. Un mes después de este anuncio, Estados Unidos también anunció que garantizaría a los venezolanos un estado de protección temporal dándole así a 320,000 de ellos el derecho de quedarse otros 18 meses en el país.

Enfrentando la realidad de la migración venezolana

Estas decisiones políticas de Colombia y Estados Unidos hacen reconocimiento a un hecho que los demás países de Latinoamérica deberían internalizar: la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos que han cruzado las fronteras latinoamericanas, aun de manera irregular, llegaron para quedarse. El permitir a los venezolanos regularizar su estado migratorio y establecerse permanentemente en los países anfitriones es simplemente un reconocimiento del estado real de la situación en la región.

Aunque la crisis política y económica en Venezuela ha alcanzado un estado crítico e incomparable para un país que no se encuentra en guerra, el control del régimen de Nicolás Maduro sobre el poder permanece sin evidente oposición. Dadas estas circunstancias extraordinarias en el país, exacerbadas por la crisis provocada por el COVID-19, se estima que alrededor de 300,000 venezolanos dejarán el país apenas termine la pandemia, con muchos más a seguir.

Desafortunadamente, a marzo del 2021 solamente Brasil y México – ambos con menos migrantes venezolanos que muchos otros países latinoamericanos – han reconocido a los venezolanos como refugiados, aplicando su legislación sobre el refugio desarrollada en las ultimas dos décadas. Mientras tanto Perú ha intentado otorgar algún estado legal migratorio a los venezolanos que hayan ingresado al país de manera irregular, dejando que aplicaran para el estado de refugiados, aunque pocas solicitudes han sido procesadas. Pero a pesar de que siga habiendo niveles muy altos de violencia generalizada en el país, es Colombia quien ha establecido un punto de referencia alto pero realista para el resto de la región.

Los países latinoamericanos tienen esencialmente dos opciones:

  1. Empezar a aplicar sus legislaciones existentes sobre el refugio, siguiendo el ejemplo de Brasil y México, posiblemente a través de la aplicación de procedimientos acelerados como garantizar el estado de refugiado prima facie basado en la nacionalidad;
  2. Emular la iniciativa colombiana y crear un nuevo estatus migratorio que reconozca la naturaleza a largo plazo del desplazamiento venezolano, posiblemente a través de la reforma de los permisos migratorios ad hoc.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha aumentado de manera substancial la pobreza en toda América Latina. Sin embargo, hay que acordarse que los migrantes en estado de irregularidad se enfrentan al doble reto de la incertidumbre económica y la invisibilidad hacia las instituciones. Ponerlos de vuelta en el mapa es un imperativo moral tanto para los gobiernos latinoamericanos como para el resto del mundo.

 

Notas:
• Este articulo representa las opiniones del autor y no del Centro o de LSE
• Visite el sitio web del autor www.omarhgallego.com o síguelo en Twitter @OmarHGallego
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About the author

Omar Hammoud Gallego

Omar is a PhD candidate within the Department of Government at the London School of Economics and Political Science (LSE), where he has taught courses on EU politics, international migration, and public policy. His research focuses on the development and effects of migration and asylum policies. Before joining the LSE, Omar worked for the United Nations' Higher Commissioner for Refugees (UNHCR) and consulted for the United Nations' International Fund for Agricultural Development (IFAD) in Italy. / Omar es candidato a doctorado en el Departamento de Gobierno de la London School of Economics and Political Science (LSE), en el cual ha enseñado cursos sobre política europea, migración internacional y políticas públicas. Su investigación se enfoca sobre el desarrollo y los efectos de las políticas migratorias y de refugio. Antes de ingresar a LSE, Omar había trabajado para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y había sido consultor para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA).

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