Con las victorias electorales de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia, comienza una nueva era de gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Qué pueden aprender estos gobiernos acerca de la coproducción de servicios públicos durante la marea rosa de principios del siglo XXI? Geoff Goodwin (Universidad de Leeds), Miranda Sheild Johansson (University College London), Patrick O’Hare (Universidad de St Andrews) y Jonathan Alderman (Universidad Ludwig Maximilians de Munich) lo explican.

Read this post in English

La marea rosa de gobiernos de izquierdas que recorrió América Latina a principios del siglo XXI, con Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y José Mujica en Uruguay, introdujo importantes cambios en la prestación de servicios públicos. Los resultados fueron variados, tanto dentro de los países como entre ellos, pero, en general, la calidad y la cobertura de los sistemas públicos mejoraron, después de décadas de declive en los años ochenta y noventa.

Una característica importante de este proceso diverso fue la participación activa de la ciudadanía latinoamericana. En la marea rosa, los servicios públicos los prestaban no solo las burocracias estatales, los gobiernos municipales, las empresas de servicios públicos y las organizaciones no gubernamentales, sino un amplio abanico de colectivos sociales, como familias, comunidades, cooperativas y movimientos sociales.

No hay nada nuevo en esto. Los latinoamericanos tienen una larga historia de participación directa en la prestación de servicios públicos, como son el agua, la vivienda, la educación, el transporte y la seguridad. En muchos casos, estos servicios se suministran mediante la cooperación entre agentes estatales y no estatales, y todas las partes realizan importantes contribuciones al proceso. Por eso, los servicios públicos en América Latina suelen ser coproducidos.

Por ejemplo, en Ecuador, los servicios de agua coproducidos juegan un papel fundamental en el suministro de agua potable y de riego, especialmente para las familias de bajos ingresos y agricultores a pequeña escala que viven en la sierra. El esquema más habitual, que empezó a extenderse en los años sesenta y setenta, consiste en que los organismos estatales y los gobiernos locales proporcionan materiales, maquinaria y asistencia técnica y los miembros de las comunidades rurales y de la periferia aportan mano de obra, financiación y conocimientos locales. La comunidad se responsabiliza de la prestación de los servicios, y recurre a un amplio abanico de relaciones y prácticas colectivas, aunque sigue dependiendo de las aportaciones periódicas del Estado y/o de las organizaciones no gubernamentales y las agencias de desarrollo extranjeras. A lo largo de este proceso histórico ha surgido una gran variedad de asociaciones comunitarias para el agua.

Otro factor importante que caracterizó la coproducción en América Latina durante la marea rosa fue una mayor participación del Estado. Los gobiernos de la marea rosa fueron elegidos con el mandato de aumentar el gasto público y restaurar sus servicios. Estas administraciones cambiaron la dinámica de la coproducción al proporcionar más contribuciones, aumentar la supervisión reguladora e imponer fuertes visiones centrales sobre cómo los resultados de la coproducción producirían nuevos estados-nación en línea con la ideología oficial. Las ideas, las esperanzas y los sueños de la ciudadanía también dieron forma a la coproducción en la era de la marea rosa. Después de décadas de abandono y decadencia, esperaban que sus nuevos gobiernos respondieran a sus demandas y contribuyeran al rejuvenecimiento de los servicios públicos a través de la coproducción.

Hubo avances significativos en este periodo. No obstante, la coproducción se vio a menudo obstaculizada por un enfoque de intervención estatal, que limitó los logros y generó tensiones políticas. Nuestra investigación sobre la coproducción de tres servicios públicos diferentes (agua, vivienda y residuos) en tres países distintos (Ecuador, Bolivia y Uruguay) demostró tensiones políticas relacionadas con dos cuestiones conexas: la autonomía colectiva y la creación de sujetos.

Estos problemas surgen a partir de dos características generales de la coproducción. Por un lado, su tendencia a promover el compromiso con el Estado y la autonomía del mismo y, por otro, su capacidad para (re)configurar las relaciones políticas y las subjetividades. La coproducción crea espacios para que la ciudadanía tome un control autónomo colectivo de servicios, infraestructuras y recursos, y esto puede forjar nuevas subjetividades políticas. Sin embargo, también permite a los gobiernos controlar a los ciudadanos e intentar alinearlos con sus intereses políticos. Por tanto, la coproducción puede tanto reforzar como amenazar la autonomía colectiva, y a menudo emergen luchas políticas en torno a este proceso, que adopta formas distintas en los diferentes entornos sociales e históricos.

Nuestro análisis, basado en una investigación cualitativa y etnográfica, muestra que estas fueron las características principales de la coproducción durante la marea rosa.

Tensiones en torno a los temas

Bajo el mandato de Evo Morales, la oferta de viviendas en Bolivia pretendía fomentar la propiedad privada de la tierra y de la propiedad y, aunque exigía la presentación de solicitudes colectivas para las viviendas urbanas de coproducción, solo lo hacía bajo la premisa de que algunas familias serían consideradas no aptas. Por lo tanto, el proceso fomentó cierto grado de individualismo. En Uruguay, los servicios de coproducción de residuos durante las presidencias de Tabaré Vásquez y José Mujica vieron varios intentos de transformar la subjetividad de los clasificadores, recolectores informales de residuos que tradicionalmente habían llevado a cabo la mayor parte del reciclaje en el país. En Ecuador, por su parte, el gobierno de Rafael Correa aplicó leyes, políticas y discursos para intentar alinear a los miembros de las asociaciones comunitarias de agua con su proyecto político, la llamada revolución ciudadana.

Un rasgo común de los tres casos fue el intento de forjar sujetos “modernos” a través de la coproducción. Bien porque se esperaba que los recicladores dejaran atrás la carreta, porque se exigía a las familias indígenas que habitasen casas diseñadas por el Estado, o porque se esperaba que las asociaciones comunitarias de agua adoptasen nuevas tecnologías y dinámicas organizativas estandarizadas.

Discrepancias con la autonomía colectiva

Las tensiones en torno a los esfuerzos de los gobiernos de la marea rosa por imponer sus visiones modernizadoras del desarrollo capitalista por medio de la coproducción estaban estrechamente relacionadas con la autonomía colectiva.

Esto fue especialmente evidente en Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa impuso un marco jurídico-burocrático centrado en el Estado a las asociaciones comunitarias del agua. Para ser reconocidas de forma oficial, se esperaba que estas asociaciones tan diversas se ajustaran a normas rígidas y adoptaran formas organizativas predeterminadas, y eso ponía en riesgo su autonomía colectiva.

Es curioso que un activista describiera la injerencia del Estado en las asociaciones comunitarias de agua en Ecuador como “alguien que entra en tu casa y te dice cómo tienes que vivir”. Y eso también ocurrió con la coproducción de viviendas en Bolivia. Aunque hubo cierto espacio para que las familias y las comunidades dieran forma al proceso, la decisión sobre quién se beneficiaría de las nuevas viviendas o de las reparaciones se tomó en gran medida fuera de las comunidades, y algunas decidieron no participar para preservar su capacidad de decisión autónoma.

Las luchas por la autonomía se manifestaron de diferentes formas en Uruguay, donde los recicladores y su sindicato trataron de preservar las formas de autonomía disponibles en el “trabajo sin jefe”, ya fuera en cooperativas, en vertederos o en carretas. La autonomía de las cooperativas de recicladores también se vio socavada por la transición a plantas de reciclaje gestionadas por ONGs. La mayor cooperativa de recicladores de Uruguay, que operaba en terrenos municipales, fue disuelta por el gobierno local, que en su lugar ofreció a los trabajadores puestos en una de las nuevas plantas. Aunque el salario y las condiciones mejoraron, lo que más extrañaban los recicladores era su autonomía en el control del espacio y el tiempo. La cooperativa había sido un centro social más que un simple espacio de trabajo. La planta de reciclaje, por el contrario, era un espacio higiénico y vigilado, con un guardia de seguridad, que al principio intentaba asegurarse de que los trabajadores no se llevaran ningún objeto de desecho de la cinta transportadora, que tradicionalmente venderían en mercados de pulgas.

Las consecuencias políticas de las tensiones generadas por la coproducción variaron entre los tres casos, pero tendieron a erosionar el apoyo popular a los presidentes y gobiernos de izquierda. En Ecuador, por ejemplo, la disputa por el nuevo régimen del agua socavó el proyecto político de Rafael Correa. En última instancia, esto contribuyó a allanar el camino para que la derecha se hiciera con el control del Estado, volviera a conducir a Ecuador a la ortodoxia neoliberal y sumiera al país en una crisis.

¿Qué puede aprender esta nueva generación de gobiernos de izquierda?

Primero, es importante que los gobiernos de izquierda se tomen en serio la coproducción y aprendan del pasado para construir modelos más eficaces de colaboración entre los diferentes servicios. Estos pueden, además de fortalecer la democracia participativa, ayudar a reducir la desigualdad y la exclusión, y crear espacios para nuevas formas de política. Este proceso da a los gobiernos de izquierdas la oportunidad de crear grupos de apoyo a través de un compromiso creativo con organizaciones y movimientos autónomos progresistas. Los gobiernos de la marea rosa incluidos en nuestro estudio, especialmente las administraciones de Correa y Morales, mostraron poco respeto por la autonomía colectiva de los colectivos sociales progresistas y fueron intolerantes con lo diferente.

Esta nueva generación de gobiernos de izquierda puede aprender de estos errores y aprovechar la vitalidad y la diversidad de las organizaciones autónomas que ya existen por medio de nuevas y creativas formas de coproducción, que combinen contribuciones significativas del Estado con auténticas oportunidades para que los colectivos sociales den forma al proceso a múltiples escalas.

Los gobiernos de izquierda también tienen la oportunidad de diseñar y aplicar leyes y políticas que creen un espacio para la aparición de nuevas organizaciones autónomas. Mientras que la autonomía colectiva tiende a venir desde abajo, los marcos jurídico-burocráticos pueden diseñarse para promover la creación y la expansión de organizaciones autónomas progresistas, que pueden convertirse en fuentes de inspiración y apoyo para los gobiernos de izquierdas. Aquí se abre una oportunidad para esas administraciones

No es fácil ni está exento de riesgos. Como han demostrado investigadores como Ana Cecilia Dinerstein, el reto de establecer relaciones constructivas entre los Estados capitalistas y las organizaciones autónomas es enorme. Pero la coproducción crea oportunidades para innovar y experimentar. Finlamente, podría proporcionar a los gobiernos de izquierda una herramienta para desarrollar proyectos políticos plurales que sienten una base para la reconstrucción de las sociedades latinoamericanas después de la pandemia de covid-19.

Notas:

• Este artículo representa las opiniones de los autores y no del Centro o de LSE
• Traducción de María Clara Montoya
• Por favor lea nuestra política de comentarios antes de comentar
• Encabezamiento: Presidencia de Chile (Ximena Navarro) – Ministerio de la coordinación de la producción de Ecuador / LSE LACC