La violencia sexual cometida contra la gente de Papúa Occidental está siendo ejercida cada vez más por las fuerzas de seguridad de Indonesia para apropiarse de la tierra de la población indígena. Szilvia Csevar y Christine Tremblay, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya analizan la militarización forzada de Papúa Occidental y las pautas de violencia sexual usadas como medios para controlar y explotar por completo los recursos naturales de las islas.

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Localizada en la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, Papúa Occidental es un territorio militarizado, la zona de un conflicto de larga duración entre Indonesia y los indígenas de Papúa que buscan la auto-determinación. La Grasberg mine es central en este conflicto duradero, que contiene la reserva de cobre y oro más grande del mundo y que está operada por Freeport McMoRan Inc, la enorme empresa minera de Estados Unidos. A través de los años, las autoridades indonesias han rechazado de manera sistemática cualquier reivindicación de la población indígena sobre su tierra tradicional. Mientras, las actividades de extracción no solo saquean las reservas naturales de Papúa Occidental, resultando en una alta contaminación del medio ambiente, sino que también proporciona una excusa para la presencia de las fuerzas militares en el territorio, donde estas son libres de usar la violencia sexual para atemorizar a la población indígena, afectando primordialmente a las mujeres indígenas, y forzando a las comunidades a abandonar sus tierras. El territorio de Papúa Occidental se ha conocido por varios nombres. Durante la colonización holandesa, se llamaba “Nueva Guinea Occidental”, o “Nueva Guinea Neerlandesa”.  Al exigir la integración en Indonesia, las autoridades indonesias se refirieron a ella como “Irian Occidental”. Durante muchos años fue la provincia indonesia de ‘Irian Jaya’, luego se dividió en dos y pasó a llamarse ‘Papúa’ y ‘Papúa Occidental’ respectivamente. Este artículo se refiere al territorio bajo control indonesio en su totalidad como Papúa Occidental.

Descolonización frustrada

Aunque los Países Bajos aceptaron la independencia de Indonesia establecida en 1949 en el Tratado de La Haya, Papúa Occidental quedó exenta de dicha transferencia de autoridad y el territorio permaneció bajo la administración holandesa. Se siguieron un número de negociaciones, en las que las posiciones de los dos Estados fueron discutidas en la Asamblea General de la ONU en varias ocasiones. Si bien los representantes de Indonesia insistieron en que Papúa Occidental formara parte integral de Indonesia y, por tanto, que debía ser devuelta a ellos, los Países Bajos mantuvieron su opinión de que la administración holandesa en Papúa Occidental era un requisito previo para crear las condiciones adecuadas para la autodeterminación de las personas involucradas, de conformidad con el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, puesto que Papúa Occidental ya se había agregado a la lista de la ONU de territorios no autónomos.

Entonces, el Ministro de Relaciones Exteriores holandés, Joseph Luns, presentó un proyecto de resolución a la Asamblea General, en el que solicitaba una transferencia de soberanía al pueblo de Papúa Occidental, disponiendo el territorio bajo la administración temporal de la ONU y permitiendo que se llevara a cabo un referéndum para determinar el estado político del territorio. En ese momento, el entonces Presidente dejó claro que Indonesia no dudaría en recurrir a “métodos que sorprenderían al mundo si las Naciones Unidas no cumplía con los deseos de su Gobierno” y se presionó a los Países Bajos a un acuerdo diseñado para evitar que Indonesia se pusiera del lado con la Unión Soviética.

En una negociación en la que el pueblo de Papúa Occidental no participó, la administración del territorio fue transferida a Indonesia en virtud del Acuerdo de Nueva York de 1962, con un breve control intermedio por parte de la Autoridad Ejecutiva Provisional de la ONU (UNTEA son las siglas en inglés). Según el Artículo XVIII de ese Acuerdo, el control definitivo de Indonesia sobre Papúa Occidental estaba condicionado a un acto de autodeterminación de acuerdo con los estándares internacionales, por lo que se requería un referéndum basado en el principio de “un hombre, un voto”.

El Acta de Libre Elección se llevó a cabo en Julio de 1969 con alrededor de 10,000 tropas indonesias presentes en el territorio. Un referéndum de “un hombre, un voto”, como lo exige el Acuerdo de Nueva York y el derecho internacional sobre el asunto, fue firmemente rechazado por Indonesia, que en su lugar insistió en una “consulta” con 1.022 electores seleccionados, representando a una población de 800,000 habitantes. En su Informe al Secretario General de la ONU, el Representante de la ONU Ortiz-Sans concluyó que “la Administración [de Indonesia] ejerció en todo momento un control político estricto sobre la población”.

Territorio militarizado         

Integrando permanentemente Papúa Occidental en su territorio, Indonesia ha asegurado el acceso total e incontrolado a la gran concentración de recursos naturales de Papúa Occidental. El complejo minero de Grasberg ha sido operado por PT Freeport desde 1967, y las actividades de extracción se expanden continuamente. Actualmente custodiado por el BRIMOB, una unidad especial de contrainsurgencia dentro de la Policía de Indonesia, durante muchos años el sitio minero estuvo asegurado por las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI). Con fuentes que indican que “les interesa crear el tipo de seguridad que requiere su presencia” -las manifestaciones pacíficas y las actividades de resistencia se han enfrentado con violencia desproporcionada y se utilizan para justificar su presencia- el TNI continúa beneficiándose de la mina Grasberg recibiendo pagos estructurales ilegales de Freeport.

En 2016, Amnistía Internacional informó sobre la violencia excesiva de las fuerzas militares y policiales indonesias contra los indígenas papúes. Freedom House también informó sobre la violencia mortal generalizada “relacionada con conflictos laborales y minas operadas por extranjeros y otras empresas de extracción de recursos”. Como señala el Minority Rights Group International, una característica común de estos enfrentamientos es la participación de las fuerzas de seguridad indonesias. La Coalición Internacional para Papúa publica informes periódicos sobre violaciones de derechos en Papúa Occidental.

Pautas de violencia sexual

Existe evidencia de violencia sexual cometida contra el pueblo indígena, especialmente contra las mujeres, a pesar de las escasas fuentes disponibles debido a la política de las autoridades indonesias de aislar la isla. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres informa que las fuerzas militares indonesias cometieron indiscriminadamente violaciones contra las mujeres en el área de la mina Grasberg. El informe también revela el uso de la violación como instrumento de tortura por parte de las fuerzas del ejército indonesio, así como por las fuerzas policiales, al interrogar a las mujeres sobre el paradero de sus esposos supuestamente afiliados al Movimiento de Papúa Libre (OPM en inglés). El Centro Internacional para la Justicia Internacional también hizo públicas las violaciones cometidas por el Comando de Fuerzas Especiales de Indonesia (Kopassus) en una aldea cercana a la mina Grasberg.

Además, los investigadores han defendido que la violencia perpetrada por las fuerzas militares indonesias contra la población de Papúa se ha sexualizado cada vez más. Existen testimonios que narran que se cortan penes y vaginas, y que estas últimas se dan de comer a los esposos. Y estos son solo algunos de los horribles ejemplos que se han declarado.

La violencia sexualizada es uno de los métodos empleados por las fuerzas de seguridad indonesias para incitar a la población indígena a huir y abandonar sus casas y tierras. Así, las autoridades indonesias gozan de total libertad para explotar plenamente los recursos naturales de la isla de Papúa Occidental, otorgando concesiones a los inversores extranjeros.

La violencia sexual como método de acaparamiento de tierras

Estos actos de violencia sexual ilustran un método utilizado por las fuerzas de seguridad indonesias para atemorizar a la población indígena de Papúa Occidental, sin dejarles otra opción que huir (a menudo al bosque) para escapar de los actos de violencia. La historia de NM, que fue arrestada, torturada y violada en grupo como forma de interrogatorio para descubrir el paradero de su esposo, sospechoso de estar afiliado a OPM, ejemplifica el uso de ese método. Tras ser liberada, huyó al bosque con su familia, donde se escondió durante tres años. Su historia se parece a la de muchas mujeres de Papúa que son víctimas de violencia sexual y forzadas a abandonar sus hogares y tierras para escapar de los malos tratos de las fuerzas militares indonesias.

La violencia sexualizada es uno de los métodos empleados por las fuerzas de seguridad indonesias para incitar a la población indígena a huir y abandonar sus casas y tierras. Así, las autoridades indonesias gozan de total libertad para explotar plenamente los recursos naturales de la isla de Papúa Occidental, otorgando concesiones a los inversores extranjeros, como lo demuestra el caso de la mina Grasberg. En este contexto, se puede concebir este método como una forma de acaparamiento de tierras que utiliza la violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos para conseguir el control total sobre la tierra. Este control facilita la protección de los intereses económicos de las autoridades indonesias en los territorios de Papúa Occidental.

Desde la anexión tan disputada de Papúa Occidental por parte de Indonesia, los papúes han sido desposeídos con violencia de sus tierras tradicionales y de sus recursos naturales, y se ha usado la violencia sexual como método de acaparamiento de tierras por parte de las autoridades indonesias. Las actividades extractivas contribuyen a la destrucción ambiental de Papúa Occidental y benefician en gran medida a las autoridades indonesias y a las empresas extranjeras, a la vez que crean un “ambiente sin ley” en el que la violencia sexual se utiliza para obtener más tierras.

Este blog es parte de la mini-serie sobre Género, Naturaleza y Paz que enmarca la conversación sobre los derechos de las mujeres, el cambio climático, el medio ambiente y las situaciones posteriores a conflictos, y se basa en el primer taller sobre Género, Naturaleza y Paz, financiado por pequeña donación de la Academia Británica y por el proyecto AHRC llamado Ley Internacional Feminista de Paz y Seguridad.

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