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Elena B. Stavrevska

June 25th, 2020

El impacto de la respuesta de Colombia al COVID-19 en la inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de paz

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Estimated reading time: 3 minutes

Elena B. Stavrevska

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Este blog está disponible también en inglés.

La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia ha enfrentado una multitud de desafíos; entre ellos, la creciente violencia contra las comunidades indígenas y los líderes sociales, y la priorización de intereses económicos de gran escala. Elena B. Stavrevska detalla cómo la pandemia del COVID-19 y la respuesta del Gobierno no hacen más que exacerbar estas dificultades y comprometer las salvaguardas establecidas para garantizar la inclusión y la supervivencia de las comunidades indígenas.

Durante una visita de investigación a Colombia justo antes de que se informaran los primeros casos de COVID-19 en el país, una mujer de las comunidades indígenas que habitan la Amazonia me describió la paz como « armonía, territorios limpios de violencia, o sea, de grupos armados, de minería, ríos limpios sin mercurio… Yo creo que paz es eso, tener un territorio libre de cultivos de uso ilícito, de minería ilegal, de actores armados; y tener la oportunidad de beneficiarnos de los programas del Estado para tener una vida plena que es lo que nosotros llamamos paz. No llamamos a la paz, paz, como se entiende acá, sino la armonía en el territorio. El buen vivir, la vida plena, la armonía, el buen entorno… ».

Este es un sentimiento que muchos integrantes de diferentes comunidades indígenas, de diferentes regiones del país, y que han vivido diferentes formas de violencia me han transmitido. Es un modo de sentir y una visión de la paz que han adquirido incluso mayor relevancia en el contexto de la crisis global actual, sin embargo, la posibilidad de alcanzarlos es ahora más incierta si se considera la respuesta que ha tenido el Gobierno actual del presidente Iván Duque frente a la pandemia, particularmente en lo relativo a los pueblos y territorios indígenas. La crisis del COVID-19 está transcurriendo en medio de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Sumado a ello, pone de manifiesto las inequidades y contradicciones presentes tanto antes como durante y después de la pandemia, y que han hecho de la paz una realidad tan esquiva.

Elogiado como uno de los acuerdos de paz más inclusivos e integrales, el Acuerdo ha propuesto los siguientes tres enfoques para alcanzar este objetivo:

(1) Diferencial: reconoce que el conflicto ha causado diferentes sufrimientos a diferentes grupos de la sociedad; por lo tanto, presta especial atención a los derechos fundamentales de aquellos grupos, entre los que se incluye a las mujeres, «los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados», los campesinos y campesinas (agricultores familiares o a pequeña escala), las personas en condición de discapacidad, los desplazados por razones del conflicto, las personas adultas mayores y personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneras e intersexuales;

(2) Perspectiva de género: reconoce el papel que tienen las normas de género en el moldeamiento de las expectativas sociales y el impacto específico que el conflicto ha tenido en las mujeres y las niñas; y

(3) Territorial: reconoce que el conflicto ha tenido un impacto desigual en diferentes territorios y comunidades del país, y la necesidad de abordar «las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales, en especial de las comunidades [de Colombia] (…), y garantizar la sostenibilidad socioambiental».

Como parte de los enfoques diferencial y territorial, el Acuerdo incorpora un capítulo étnico que garantiza los derechos de las comunidades étnicas de Colombia y que busca restablecer los derechos que han sido violados o que se han perdido a raíz del conflicto. El capítulo está en consonancia con la Constitución de Colombia de 1991, que reconoce la diversidad étnica y cultural del país y otorga a los «grupos étnicos», incluyendo a los pueblos indígenas y afrodescendientes, derechos territoriales y el derecho a la participación política por los que el Estado debe velar. La Constitución también reconoce a los territorios indígenas (conocidos como resguardos), que abarcan casi un tercio del territorio nacional y constituyen el hogar del 57,2 % de su población indígena, como entidades autónomas gobernadas por autoridades propias dentro del marco constitucional.

La implementación del Acuerdo, sin embargo, ha enfrentado una multitud de dificultades, y la implementación del capítulo étnico y de las disposiciones de género han experimentado retrasos significativos. Sumado a ello, la violencia en muchos territorios indígenas se ha mantenido, e incluso se ha intensificado, como consecuencia de la firma; cientos de líderes indígenas y sociales han sido asesinados, lo que se ha vinculado a una diversidad de intereses económicos y actores poderosos que buscan explotar la tierra y extraer recursos naturales. Un estudio realizado por el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, cuyo análisis abarca el período comprendido entre agosto de 2016 y diciembre de 2019, muestra que el número de líderes indígenas asesinados ha aumentado a 83 en el año 2019, de 68 casos registrados en 2018 y 38 casos en 2017. Esta situación no ha mejorado en el año 2020, y 136 líderes sociales y defensores de los derechos humanos ¾muchos de ellos, líderes indígenas¾ han sido asesinados a la fecha del 14 de junio. La pandemia no solo ha puesto de relieve la violencia que enfrentan los líderes sociales en general, sino también los tipos específicos de violencia de género que enfrentan las mujeres activistas y líderes sociales.

De hecho, la pandemia actual pone en evidencia las contradicciones y procesos subyacentes que hacen de la paz en el sentido descrito anteriormente, e incluso en los sentidos diferencial y territorial que se describen en el Acuerdo, una realidad cada vez más distante. Como mínimo, la piedra angular de ambas concepciones es la confianza implícita en que el Gobierno y sus instituciones han de respetar y proteger las vidas y los derechos de los individuos y las comunidades, en concordancia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz y sus obligaciones con la comunidad internacional. Sin embargo, en el contexto de una relación históricamente problemática con el Estado, y en particular con el Gobierno actual (a pesar del reciente aumento de la aprobación a la gestión del presidente Duque entre la población general), la confianza de los pueblos indígenas en el Gobierno ha ido en franco deterioro debido al (mal) manejo de la pandemia, especialmente en lo que atañe a los pueblos y territorios indígenas, en cuatro aspectos específicos.

En primer lugar, desde el inicio del confinamiento en el país el 25 de marzo, los asesinatos de líderes sociales e indígenas han aumentado. Dado que el confinamiento en sus hogares hace que resulte fácil encontrarlos, a menudo en ausencia de los testigos que normalmente habría en espacios públicos, se han reportado 50 asesinatos de líderes sociales en los primeros 82 días de la reclusión. Muchos ellos han sido líderes indígenas. Pese a los numerosos llamados que se han realizado, tanto antes como durante la cuarentena, a poner fin a la militarización de sus territorios, el Gobierno Nacional prácticamente ha hecho caso omiso de estas solicitudes o de la violencia misma.

En segundo lugar, a pesar de las medidas adoptadas a nivel nacional para contener la pandemia, las corporaciones multinacionales han reanudado sus actividades mineras y extractivistas, muchas de las cuales tienen lugar en territorios indígenas. El confinamiento no solo impide que los actores que se han opuesto a estos proyectos se organicen, sino que también los expone a más riesgos, como ya se ha mencionado. Más aún, el movimiento generado por estas actividades agrava el riesgo para los pueblos indígenas, no solo porque favorece la propagación del virus, sino también porque implica la presencia de mercurio, lo que ha provocado muertes, complicaciones gestacionales y el nacimiento de niños con malformaciones. El Plan de Desarrollo Nacional de Colombia para el 2018-2022 está centrado en proyectos mineros y energéticos como componentes económicos clave, lo que socava de diversas maneras la iniciativas de paz inclusivas y el objetivo central del enfoque territorial. Asimismo, la concesión de licencias que autorizan estas irrupciones en los territorios incluso durante la pandemia reafirma la percepción de que el Gobierno actual está priorizando los intereses económicos por sobre las formas de vida indígenas y, más ampliamente, las rurales.

Pese a los numerosos llamados a poner fin a la militarización de sus territorios que se han realizado incluso antes de la cuarentena, por no mencionar durante ella, el Gobierno Nacional prácticamente ha hecho caso omiso a estas solicitudes o a la violencia misma

En tercer lugar y relacionado con lo anterior, la Reforma Constitucional de 1991 y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen que los grupos étnicos tienen derecho a participar en un proceso de consulta previa, libre e informada pertinente a los temas que les atañen, lo que les permite unificar y articular acciones dirigidas a proteger sus formas de vida y sus tierras o territorios. El derecho a la consulta previa también ha sido incorporado en el Acuerdo de Paz, como parte de los enfoques diferencial y territorial y como la principal salvaguarda para los derechos de las comunidades indígenas durante su implementación. Esto comprende también la celebración de consultas relativas al otorgamiento de acceso a sus territorios para realizar proyectos extractivistas a gran escala. Sin embargo, como parte de las medidas adoptadas en relación al COVID-19, el Gobierno de Duque ha propuesto flexibilizar el proceso de consulta previa, especialmente en lo que concierne a proyectos mineros e hidroeléctricos a gran escala, con el pretexto de fomentar el desarrollo y evitar una crisis económica. Esta flexibilización incluye la realización de consultas virtuales en reemplazo de las consultas presenciales. Dado que gran parte de los pueblos indígenas vive en territorios rurales que carecen de la tecnología e infraestructuras necesarias, la implementación de consultas virtuales no solo se convierte en una forma adicional de marginalizar las voces de las comunidades indígenas remotas, sino que también vulnera sus derechos constitucionales.

Por último, la pandemia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades e inequidades que se encuentran profundamente arraigadas en el sistema, particularmente, el acceso desigual a la salud e infraestructura básica del que adolecen los pueblos indígenas en estos territorios, producto de décadas de violencia y subdesarrollo. Con escaso o nulo acceso a servicios médicos en las cercanías, a agua potable y a infraestructura sanitaria, las comunidades indígenas están legítimamente preocupadas por las consecuencias que tendría la propagación del virus para ellas y temen por su supervivencia. Sumado a esto, el confinamiento precariza aún más los medios de subsistencia de muchos pueblos indígenas, cuyos miembros trabajan en la economía informal. Algunas comunidades, como los Wayuu en La Guajira, se encuentran en una situación incluso más vulnerable debido a su localización, y se ven enfrentadas a la escasez alimentaria y la desnutrición. Diferentes organismos indígenas locales han solicitado apoyo humanitario y asistencia médica, los que se les han prometido pero no han sido entregados. Mientras, abandonados por el Estado, se han volcado a la medicina tradicional, curanderos espirituales, y el cierre de sus territorios para impedir la circulación y evitar el virus siga propagándose. En algunos lugares, como Cauca, esto ha provocado el aumento de los enfrentamientos violentos con grupos armados tanto legales como ilegales.

La pandemia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades e inequidades que se encuentran profundamente arraigadas en el sistema, especialmente aquellas relacionadas con un acceso desigual a la salud e infraestructura básica de la que adolecen los pueblos indígenas en estos territorios, producto de décadas de violencia y subdesarrollo.

La combinación de estos problemas pone de relieve la amenaza que reviste la situación actual para la supervivencia de muchas comunidades indígenas, como también el impacto que tendrá la respuesta del Gobierno a la pandemia en el proceso de paz. La inobservancia de ciertos derechos constitucionales y la priorización de intereses económicos a gran escala por sobre las vidas de los pueblos indígenas pueden socavar los avances logrados con el Acuerdo de Paz, erosionar aún más la confianza en el Gobierno, y hacer de la paz diferencial, con perspectiva de género y territorial —más aún de la paz como «buen vivir»— una meta incluso más incierta.

*Esta publicación tiene por objeto ser la primera de una serie de publicaciones acerca del proceso de paz en Colombia y las maneras en las que ha afectado y se ha visto afectado por las comunidades indígenas, y por sus mujeres en particular.


Las perspectivas, ideas y opiniones en esta publicación son de los autores y no reflejan la postura de la LSE ni del LSE Centre for Women, Peace and Security.

This blog is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (Grant agreement No. 786494).

Credito de imagen: dawn paley (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

About the author

Elena B. Stavrevska

Elena B. Stavrevska is a Research Officer at the LSE Centre for Women, Peace and Security, working on the ‘Gendered Peace’ project. Her research has explored issues of gender, intersectionality, transitional justice, and political economy in post-war societies, with a particular focus on Bosnia and Herzegovina and Colombia. Elena tweets at @EBStavrevska

Posted In: Gendered Peace | Gendering COVID 19